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Uno de los conceptos analíticos más interesantes para comprender las dinámicas sociales contemporáneas que ha aportado la teoría de las relaciones internacionales en los últimos años es el concepto de securitización. En síntesis, la securitización sería el proceso mediante el cual un determinado problema social comienza a considerarse un problema de seguridad, es decir, un problema de vida o muerte que pone en riesgo a un determinado grupo (un país, una nación, una clase social).

Para los primeros autores que construyeron esta teoría (Barry Buzan, Ole Waever) la securitización es siempre un acto discursivo. Básicamente, alguien con capacidad para construir discursivamente los problemas sociales (normalmente un gobierno) empieza a hablar de él como un problema de seguridad, es decir, algo que amenaza con poner en riesgo nuestra estabilidad, el orden legal, el sistema económico o cualquier otro absoluto mitológico que mantiene nuestra vida como colectivo.

En esta respuesta el movimiento securitizador consiste en construir un marco para hablar de los refugiados que lo convierte en un problema cuasi criminal, es decir, de seguridad. No se trata de que mezclen dos asuntos, sino de que el Gobierno español decide mezclar dos asuntos «absolutamente distintos». Para la vicepresidenta, los refugiados ponen en riesgo nuestro sistema legal. No lo dice explicítamente sino que es lo que hay detrás del problema del tráfico de personas.

¿Y cuál es el problema de que se traten problemas sociales desde una perspectiva de seguridad? Fundamentalmente que, cuando hablamos de vida o muerte, la política desaparece y deja su paso a la policía. Cuando hablamos de tráfico ilegal de personas hablamos de crimen y por lo tanto la respuesta no es política, sino policial. Una respuesta policial está cerrada a la discusión democrática porque, claro, lo que pone en riesgo es nuestra seguridad y frente a eso no puede haber medias tintas.

La securitización es problemática para hablar de los refugiados porque impide que haya una respuesta política: por un lado, impide que la respuesta se base en principios políticos (o incluso morales) como la solidaridad o la simple humanidad y por el otro, cierra la discusión en torno a las «opciones» políticas para tratar con los refugiados. Sólo queda una opción: la guerra, o sea, la policía. Y cierra también otros diagnósticos más complejos que tienen en cuenta el papel de los países occidentales en las crisis recurrentes que provocan refugiados recurrentemente. O para afinar un poco más todavía: el diagnóstico sobre dónde lavan el dinero los que tráficon con personas en el Mediterráneo.

Como todo proceso político, el movimiento securitizador se enfrenta a resistencias por parte de otros actores sociales. En la mencionada entrevista hemos visto clara la opción del Gobierno. Su manera de afrontar la crisis de refugiados es un problema de seguridad y por lo tanto, la respuesta ha de ser policial. La solidaridad, la humanidad, el estado de guerra global permanente o cualquier otro factor queda fuera del diagnóstico porque Sáenz de Santamaría ha optado por elegir el problema del tráfico de personas como el que se junta a la llegada de refugiados. La batalla está, también, en el terreno de la desecuritización: resistir a esta lectura del problema y construir otras alternativas es clave no sólo para resolver el problema (porque ningún problema es solo policial) sino para hacerlo con algo de dignidad.

Tras él, muchos autores de distintas escuelas de ciencias sociales han utilizado sus premisas para construir lo que se ha denominado “Estudios de gubernamentalidad”. Estos estudios pretender estudiar de manera aplicada las lógicas que están implícitas en las formas de gobierno y la política contemporánea. Así, y pegados a Foucault, una de la lógicas fundamentales del gobierno de nuestras sociedades en el mundo contemporáneo es la lógica de gobierno neoliberal (es importante no confundir esto con la ideología económica neoliberal que, si bien relacionada, hace referencia a otros cosas de las que aquí no hablamos).

Por lógica de gobierno neoliberal me refiero a las formas en que, a partir de los años 60-70, comienzan a gobernarse nuestras sociedades (con los correspondientes cambios en los estados). En la lógica neoliberal la represión directa vía polícia (el disciplinamiento) disminuye siendo esta mucho más difusa y correspondiendo a los propios individuos que se autogobiernan. El mecanismo de autogobierno pasa por la diferenciación, es decir, por la explotación por parte del poder de las diferencias entre individuos y colectivos con el objetivo de categorizar a distintas poblaciones. Así, frente a una lógica de la igualación que por ejemplo aporta el enfoque de derechos (que iguala a todas las personas en cuanto titulares de los mismos) el enfoque neoliberal, a partir de esta lógica de la diferenciación, categoriza a los individuos y aplica políticas distintas a partir de estas categorías.

En la negociación y resultado de los nuevos ODS (aquí el último borrador) hay un claro reflejo de ello. El hincapié que se ha puesto en el principio de “no dejar a nadie atrás” es un buen ejemplo. Para hacer efectivo este principio se ha comenzado definiendo quiénes están atrás. Así, «los pobres y los vulnerables» están en el corazón del problema del desarrollo en los nuevos ODS. A los pobres y los vulnerables es a los que no hay que dejar atrás de los que “no son pobres y vulnerables”. La lógica de la diferenciación trabajando a todo trapo.

El objetivo 1 de la lista es la aplicación práctica de esta lógica. En todas las metas se habla de atender “particularmente a los pobres y vulnerables”. Lo que en la aplicación concreta pasa por “crear marcos de políticas basados en estrategias de desarrollo “pro-pobres” (meta 1.b). Categorizar como pobre o como vulnerable (y construir todo el aparato técnico-burocrático que hace estas categorías políticas operativas) supone aplicar esta lógica de la diferenciación. Y, en la medida en que se pretenda perfeccionar la estrategia «pro-pobre», la aumenta haciéndola más sofisticada.

Frente a la obligación de los estados de realizar los derechos de los que todos los ciudadanos en tanto que ciudadanos son titulares (un enfoque de derechos), la política pública neoliberal se desentiende de esta obligación atendiendo de una manera distinta a distintos grupos que previamente ha categorizado como vulnerables o pobres o con alguna necesidad especial. Ésta es la gubernamentalidad (racionalidad de gobierno) que está implícita en toda la declaración de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El problema no es la bondad o maldad del planteamiento “no dejar a nadie atrás”. El problema es que responde a una lógica que genera ciudadanos de primera (no vulnerables) y de segunda (vulnerable y ante los que el estado actúa de otra manera). Y las intenciones del principio son buenas, pero precisamente ésta es una de las herencias fundamentales de Foucault: la ambigüedad de nuestras intenciones cuando son atravesadas por el poder.

Imagen sociomemes. (http://sociomemes.tumblr.com/)

El cambio global, para Cox, se producirá cuando algunos de los problemas nuevos de una estructura dada no pueden resolverse en el marco de esa estructura, sino que es necesario situarse “fuera” de la misma para resolverlo. Fuera, aquí, significa a partir de otras estructuras de ideas y otros intereses ya que, para Cox, toda teoría se hace para alguien y para algún fin. Fuera, no obstante, no significa empezar de cero, sino que es fundamental partir de las potencialidades de esa estructura dada para salirse de ella misma y reinterpretar esos problemas, produciendo nuevos órdenes del mundo.

Pongamos un ejemplo: la sostenibilidad ecológica del desarrollo.

El post2015 hará que la nueva agenda global de desarrollo deje de ser una agenda para luchar contra la pobreza y pase a ser una agenda para el desarrollo “sostenible” (también se supone que será universal pero de eso hablaremos, y largo, otros días). La sostenibilidad, por tanto, es un problema “nuevo”.

Desde nuestras premisas la pregunta es: ¿podemos afrontar este nuevo problema desde la estructura existente, es decir, únicamente con un conocimiento orientado a resolver problemas para reproducir la misma? O, por el contrario, ¿necesitamos un conocimiento que se sitúe fuera de la estructura, es decir, fuera de la defensa de los intereses, los presupuestos ideológicos y trabajando hacia otras instituciones distintas?

La respuesta para mí es clara, necesitamos una teoría crítica que tenga capacidad de plantear alternativas a la estructura actualmente existente si queremos resolver problemas como la insostenibilidad del desarrollo. De lo que se trata, en cualquier caso, es de entender que, antes de empezar a dar respuestas, conviene que nos hagamos la pregunta sobre para quién y para qué sirven los presupuestos teóricos de los que partimos.