Te preguntas cómo te vas a enterar de quién ganó el debate electoral. Por no hablar del reportaje de investigación que anunciaron sobre la corrupción del gobierno municipal. Esto sí que te da rabia, ahora que por fin los habían pillado. Además, querías leer el análisis sobre la cumbre del cambio climático para entender qué es lo que está en juego. Y te vas a perder la entrevista que le hacían hoy a tu escritora favorita. Claro, y la tertulia de la tres. Por cierto ¿quién habrá ganado el partido de ayer?

Te despiertas a la mañana siguiente. No hay radio, ni tele, ni periódicos ni internet.

Y entonces te planteas si deberías salir a la calle a protestar, ahora que ya no lo puedes hacer por las redes sociales. Te preguntas si tendrías que haber dicho algo cuando empezaron a censurar contenidos en internet porque atentaban contra la “seguridad nacional”. Tal vez tendríamos que habernos manifestado cuando aprobaron aquella ley que llamaron “mordaza”. O cuando convirtieron en propaganda la información de la televisión pública. Te acuerdas de que no fuiste a la concentración de apoyo a la radio comunitaria de tu barrio. La cerraron.

Te despiertas. Silencio.

Recuerdas, entonces, una conversación que tuviste entre un grupo de amigos sobre la importancia de la información en nuestras vidas. Acababan de publicar una encuesta en la que los periodistas no salían muy bien parados. Y nos hizo gracia la pregunta de “¿qué profesión recomendaría a su hijo/a en primer lugar?”.  Y “periodista” aparecía la penúltima de la lista (CIS, 2013). Ya no nos hace tanta gracia. Nos hemos quedado sin periodistas y sin información.Ahora es cuando te empiezas acordar del rollo ese de que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en nuestras sociedades. Y de que la libertad de expresión y el acceso a la información son un preciado derecho humano.

Te despiertas. Todo era un sueño. ¿O una pesadilla?

(Este texto fue publicado en la web de Premios Enfoque de periodismo).

Como en la mayoría de los casos, Flor era una periodista local cubriendo noticias de su ciudad y no una corresponsal de guerra. Y es que la gran mayoría de estos crímenes se producen en contextos donde informar sobre corrupción, crimen organizado, derechos humanos o medio ambiente, entre otros temas, te puede costar la vida.

En el asesinato de Flor Alba Núñez Vargas ya está detenido el presunto autor, así que con un poco de suerte su asesinato formará parte de la escueta lista de casos que sí se resuelven, a pesar de que Colombia está entre los diez países que aparecen cada año en el Índice de impunidad que elabora el Comité para la protección de periodistas. Lo acompañan Afganistán, Filipinas, India, Irak, México, Pakistán, Rusia, Somalia y Sri Lanka.

Lo cierto es que más del 90 por ciento de los asesinatos quedan impunes, una cifra que aumenta si se considera que no siempre se da con el autor intelectual, sólo con el material. La impunidad se convierte así en uno de los mayores retos para acabar con la violencia hacia quienes ejercen el periodismo. Pero no es el único. También lo es la falta de voluntad política (a veces, la falta de recursos y capacidades), que ha quedado reflejada en los informes bienales sobre La seguridad de los periodistas y el riesgo de la impunidad que realiza la UNESCO desde el año 2006. Para su elaboración, solicita a los gobiernos información sobre el estado de las investigaciones judiciales de crímenes contra periodistas. Los resultados son desoladores. Hasta la fecha, de los 593 casos sobre los que ha pedido información, sólo ha recibido datos de 211 y de ellos, sólo 39 se han resuelto.

Ante esta realidad y tras años de campaña por parte de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las que integran la red IFEX, la Asamblea General de Naciones Unidas (NU) aprobó en diciembre de 2013 la Resolución 68/163, la primera de su historia sobre este tema. En ella declaró el 2 de noviembre como el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Pero esta resolución dice mucho más. Pide a los Estados que promuevan un entorno seguro para ejercer un periodismo independiente y que prevengan la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Y lo que es importante, pide al Secretario General que informe sobre su aplicación. Pero aquí no acaba todo. En el año 2014, la Asamblea General volvió a aprobar otra resolución similar (A/RES/69/185), en la que también pide a Ban Ki-moon que informe sobre su implementación. De nuevo, los resultados son desoladores. Cuando se pidió a los Gobiernos que enviaran información para elaborar los informes del Secretario General, en ambos casos no respondieron ni 25 de los 193 Estados que conforman NU.

La cosa no queda aquí. También el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre el tema en 2012 y lo volvió a hacer en 2014 (A/HRC/27/5), detallando una propuesta de medidas que los gobiernos pueden poner en marcha para acabar con la violencia contra periodistas y comunicadores. Incluso publicó un informe de buenas prácticas, pero de nuevo no contribuyeron más de 25 países.

Aún hay más. El Consejo de Seguridad acaba de aprobar la Resolución 2222 que pide a los Estados que investiguen los casos en los que los periodistas han sido blanco deliberado de ataque, incumpliendo lo que establece la ley internacional humanitaria. También, una vez más, se le pide al Secretario General que informe regularmente sobre ello.

Y para terminar. Desde el año 2012 la UNESCO coordina la implementación de la primera y única estrategia de NU para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, a cuya ejecución, por cierto, se pueden unir medios de comunicación, organizaciones profesionales, ONGs, etc.

Así que volviendo al principio: ¿Por qué nos debe importar el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas?

Porque es un buen día para para empezar a supervisar lo que hacen (o no hacen) los gobiernos con estas resoluciones y si cumplen (o no) con sus compromisos. Si no informamos, si nos puede el escepticismo, un día será demasiado tarde. No estaremos aquí para contarlo.

La comunicación como instrumento y no como derecho

No es nuevo en el ámbito del desarrollo que la comunicación se presente desde una perspectiva instrumental, ligada al acceso a las TIC como medio para alcanzar otros fines. Por desgracia, lo novedoso hubiese sido incluir en los ODS la comunicación como un derecho humano. Además, al margen de la innegable importancia de las TIC en nuestra sociedad, su inclusión en los ODS no deja de ser muy limitada. El compromiso de fortalecer el acceso y uso de las TIC se orienta hacia los llamados países menos desarrollados. Y sólo es objetivo de ámbito global en el caso de la promoción del empoderamiento de las mujeres.

Estoy segura de que a cualquier persona le parecería obvio que la comunicación ocupe un lugar relevante en una lista de buenas intenciones para construir una mejor sociedad para el siglo XXI, pero parece que no lo es cuando los debates implican compromisos y garantías por parte de los gobiernos. En este contexto, el reconocimiento del derecho a la libertad de opinión, o de expresión, o el derecho de acceso a la información, por ejemplo, se convierten en una amenaza, a pesar de que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humano afirma que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Luces y sombras de la comunicación en el proceso de los ODS

Cuando comenzó el proceso de elaboración de los ODS, más de doscientas organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en la red Global Forum for Media Development y la ONG Artículo 19 elaboraron una estrategia para promover la inclusión en los ODS de los derechos a la libertad de expresión y de acceso público a la información. En un principio, hubo cierto optimismo. Cuando en junio de 2014 el grupo de treinta países encargado de elaborar una propuesta de ODS, el llamado Grupo de Trabajo Abierto (OWG, en sus siglas en ingles), presentó un primer borrador reconocieron la necesidad de promover estos derechos. La meta 16.14 se comprometía a “mejorar el acceso público a la información y a datos gubernamentales” y la meta 16.17 reconocía “la promoción de la libertad de expresión”. Ambas se insertaban en el marco del objetivo 16 sobre la consecución de “sociedades pacíficas e inclusivas, el estado de derecho e instituciones capaces y efectivas”.

Poco tiempo después, en diciembre de 2014, el secretario general de NU Ban Ki-moon presentó su propia propuesta sintetizando las aportaciones de dos años de debate. Su informe “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta” reconocía que la libertad de expresión y el acceso a la información “son elementos facilitadores del desarrollo sostenible”. Fue otro signo para el optimismo.

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no sobrevivió. El acceso a la información, sí. Y no es baladí. La inclusión de estas siete palabras: “garantizar el acceso público a la información” son el resultado de días, semanas y meses de trabajo y de sensibilización por parte de la sociedad civil, en buena parte del GFMD y Artículo 19. Finalmente, en la versión definitiva de los ODS aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea General de NU, la meta 16.10 dice lo siguiente: “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. Cabe preguntarse, no obstante, ¿a qué libertades fundamentales se refiere? o ¿cómo se define el acceso público a la información? Y es aquí donde aún queda trabajo por hacer.

¿Aún hay tiempo para unos mejores ODS?

Naciones Unidas debate ahora los indicadores que medirán los ODS. Y estos indicadores definirán su verdadera esencia. La segunda reunión del comité de especialistas en estadística de los Estados Miembro conocido como “Grupo Interinstitucional y de Expertos” (IAEG, en sus siglas en inglés) es a finales de octubre y presentarán una propuesta de indicadores en febrero. Decidirán cómo se mide el grado de acceso público a la información. Y no será lo mismo, por ejemplo, medirlo en base a la existencia de una ley de acceso, que en base no sólo a su existencia sino a su aplicación efectiva. ¿Y cómo se medirá la protección de las libertades fundamentales? Estos indicadores serán, en definitiva, los que definan a qué libertades fundamentales se refieren los ODS.

Existen al menos dos propuestas sobre la mesa para responder a estas preguntas. El GFMD, por ejemplo, sugiere medir el acceso a la información mediante “la adopción y aplicación de mecanismos y garantías jurídicas que garanticen el acceso público a la información, incluyendo, aunque no sólo, la información relativa  a todos y cada uno de los ODS». Por otra parte, existe una propuesta relativa a la meta sobre libertades fundamentales que dice así: «número de casos verificados de homicidios (‘killings’ en inglés), secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de derechos humanos en los doce meses previos”. Esta segunda propuesta viene de la UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Estemos alerta, pues. Los ODS ya se han aprobado, pero la definición de sus indicadores pueden hacer de ellos unos objetivos transcendentales o todo lo contrario. Después, nos tocará vigilar su cumplimiento minuciosamente. El trabajo aún no ha terminado.

Se han visto y oído tantas cosas en torno a la web “Versión original” que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, que el delirante párrafo anterior bien podría ser una de ellas.

¿Cuál es el objetivo de esta web, según el Ayuntamiento de Madrid? “Permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación encontrar la información original que dio lugar a una noticia que en su recorrido se ha modificado y contiene afirmaciones inexactas o matizables”.

¿Cuál es el objetivo de la web, según sus críticos?

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, afirmó que “responde a un intento de que haya un pensamiento único” y la propia APM solicitó en un comunicado su rectificación o retirada porque, además, contribuye a “crear un clima de animadversión hacia los medios y los periodistas”.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, afirmó que tiene un “halo de censura”. También, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) coincidió con la APM y denunció que este tipo de iniciativas no son propias de “la libertad de prensa”.

Un editorial de El Mundo manifestó que es una “herramienta de propaganda, presión y desprestigio”. Y uno de El País afirmó que el Ayuntamiento se equivoca al “apuntar a la comunicación existente como un problema”.

Por su parte, son varios los partidos políticos y miembros del Gobierno que han criticado la web. El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, consideró que tiene “tufo a regímenes totalitarios”. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el consistorio madrileño, Esperanza Aguirre, afirmó que esta web “está fuera de lugar en democracia”. Y para el Partido socialista, en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, el consistorio “no debe estar para rectificar a periodistas”.

Las críticas a “Versión original” han sido duras y, de hecho, han ido un paso más allá. El PSOE solicitó, al menos en un primer momento, el cierre de la web. El diario El País pidió su “reorientación” o “retirada”. Y el PP anunció una moción de urgencia para exigir su eliminación. También, la APM pidió que se “retire”.

¿Y qué dicen quienes la defienden?

A pesar de las críticas, también hay quienes han salido en su defensa o han defendido su derecho a existir. Antes incluso de que emitieran un comunicado oficial, el secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Manu Mediavilla, me respondió que el Ayuntamiento “tiene tanto derecho como el que más a la libertad de información y a crear un medio informativo”. En un comunicado, matizaron que “es una herramienta de comunicación que encuadra en la Ley de Transparencia”.

La Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) me confirmó que la web “no vulnera ni el derecho de información de los ciudadanos ni la libertad de información”. Es más, su presidenta, la periodista Virginia Alonso, manifestó en un comunicado que “es una herramienta en pro de la transparencia y que facilita el acceso a la información de la ciudadanía” porque “a mayor abundancia informativa, mayor garantía de pluralidad informativa”.

Asimismo, Jueces por la Democracia explicó que la web “entra dentro de la libertad de opinión y expresión” y no plantea ningún problema dentro del ámbito jurídico. Al igual que la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria que manifestó que se trata de “un ejercicio de transparencia”.

A estos comentarios, se han sumado a través de twitter numerosos periodistas como Rosa María Artal, Fernando Berlín, Rosa Montero, Marta Nebot, Ana Pastor y Juan Luis Sánchez, entre otros.

Para bien y para mal, “Versión original” no es tan original.

Para el análisis, es importante tener en cuenta que la Comisión Europea (CE) tuvo hasta octubre de 2014 una página titulada “Setting the facts straight (Aclarando los hechos)”. El objetivo, dice la web, era “presentar datos claros” en respuesta a “artículos que, de vez en cuando, son inexactos, engañosos, tendenciosos o totalmente maliciosos”. Según me contaron fuentes de la CE involucradas directamente en esta web, uno de los objetivos de su creación fue exponer datos sobre informaciones que aparecían distorsionadas, en ocasiones con el único fin de sustentar una opinión. Al parecer, según estas fuentes, esta web nunca recibió críticas de ningún gobierno o medio de comunicación.

Asimismo, la oficina de la Comisión Europea en Gran Bretaña, tiene desde 1992 una web titulada “Euromyths (Euromitos)” con el fin de refutar las inexactitudes publicadas por los medios británicos sobre la CE, según me explicó un portavoz de la CE en Gran Bretaña. En ese país, de hecho, existen otros ejemplos de páginas similares en entidades del gobierno estatal y local, asociaciones profesionales y ONG.

En Estados Unidos, Obama también utilizó una estrategia similar durante su campaña para refutar datos falsos que ofrecían algunos medios de comunicación relativos, por ejemplo, a su país de nacimiento, nacionalidad o religión. Incluso el Partido Popular utilizó una fórmula parecida para contar “la verdad de las reformas” frente a lo que consideraban las “mentiras”, en esta caso, vertidas por el PSOE.

De estas páginas, eso sí, extraigo algunas sugerencias para “Versión original”: adjuntar siempre que sea posible los documentos originales o las minutas de las reuniones en su totalidad, y no sólo los extractos que consideran relevantes; publicar rectificaciones de sí mismos, si también incurren en alguna inexactitud al informar; y reconsiderar la apertura de los comentarios (aunque aquello acabe como el rosario de la aurora). Y ya de paso, me atrevería a recomendar al Ayuntamiento de Madrid que mejore su estrategia de comunicación para prevenir, mejor que curar.

Eso sí, si se analiza “Versión original” desde una perspectiva legal, periodística o ética, no se encontrarán argumentos de peso, y mucho menos legales, para justificar su cierre, guste o no la iniciativa. Así que sólo se me ocurre un argumento de peso a tanta petición de cierre: silenciar al adversario.

P.D. Creo que esta noche saldré a darme un paseo por las inmediaciones del Ayuntamiento de Madrid.

“Un jubilado al borde del desahucio por una deuda de 30.000 euros por protestar frente al Congreso la bajada de las pensiones”. “Condenada a un año de prisión por convocar a través de las redes sociales una concentración espontánea contra la subida del IVA”.

Estos titulares, que parecen extraídos de otras latitudes, podrían ser realidad en España muy pronto. Lo dice la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como Ley mordaza y la reforma del Código Penal, incluida la modificación antiterrorista, aprobadas por el Congreso con los votos del Partido Popular (PP) en el gobierno y el rechazo de toda la oposición.

A partir del 1 de julio de 2015, fecha en la que estas medidas entran en vigor, expresarnos nos puede salir muy caro, puede incluso condenarnos a prisión.

Hasta 600.000 euros celebrar “espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad por razones de seguridad ciudadana”. ¿Las concentraciones del 15-M en la Puerta del Sol entrarían en este supuesto?

Hasta 30.000 euros podría llegar a pagar una persona, incluido un periodista, por el uso “no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando éstas –y no un juez- consideren que ponen en peligro el éxito de la operación. La policía, de hecho, podría solicitar a quien realiza la fotografía la entrega del equipo y el borrado de material. ¿Es así como las autoridades velan por una prensa libre? Vale la pena recordar que la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) emitió un comunicado el año pasado en el que calificó de “inaceptables” los ataques por parte de la policía a periodistas que cubren manifestaciones y solicitó al Gobierno español “que proteja adecuadamente a los periodistas que informan sobre manifestaciones”.

Hasta 30.000 euros le puede costar a alguien protestar frente al Congreso. También, intentar evitar un desahucio o, por ejemplo, entrar en las oficinas de un banco para denunciar el fraude de las preferentes o encerrarse en un hospital para oponerse a la privatización de la sanidad. Es más, hacer algunas de estas cosas, puede ser penado hasta con seis meses de prisión.

Hasta doce meses de prisión le pueden caer a alguien por difundir mensajes en las redes sociales “que inciten” a la participación en un acto de protesta no autorizado.

¿No debería el Gobierno garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión y de reunión? Se entiende que puede haber ciertas restricciones al ejercicio de estos derechos (de las que hablaré otro día), pero ¿no les parecen desproporcionadas estas medidas que, se supone, garantizan nuestro bienestar?

El periódico New York Times, que pocas veces pone su foco en España, le dedicó un editorial a “la ominosa ley mordaza española”. Afirmaba que sólo encontraban un propósito posible: “apoyar al partido en el Gobierno a mantener el poder, desalentando la celebración de protestas públicas” antes de las elecciones generales del mes de noviembre. Para Carlos Almeida, asesor legal de la recién creada Plataforma por la Defensa para la Libertad de Expresión (PDLI) y director del bufet Almeida, la finalidad podría ser otra: facilitar situaciones conflictivas durante protestas pacíficas para promover un voto que busque el restablecimiento del orden.

Ambas suposiciones parecen verosímiles. Lo que cuesta creer es que en una democracia se aprueben medidas legislativas, condenadas por la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales, la población en su conjunto y hasta Naciones Unidas. A pesar de la avalancha de críticas, el ministro español del Interior, Jorge Fernández, retó a quienes se oponen a esta ley a que le expliquen “qué derecho o qué libertad se ve restringida”.

Bien, lo voy a intentar resumir.

Empiezo por Naciones Unidas (NU), nada sospechosa de estar detrás de alguna conspiración contra el Gobierno español. Cinco relatores especiales de NU, reconocidos expertos independientes que asesoran al organismo internacional en materia derechos humanos, pidieron la retirada de estas medidas “por amenazar los derechos y libertades individuales” y “por criminalizar las protestas pacíficas”.

Todos los partidos políticos, excepto el PP, se opusieron a la aprobación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal. Es más, casi todos se unieron para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque consideran que esta ley “vulnera una docena de artículos de la Carta Magna”. El Tribunal, de hecho, lo ha admitido a trámite.

A este recurso se le suma un informe presentado por cerca de 30.000 organizaciones sociales a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga también un recurso de inconstitucionalidad, ya que las leyes no permiten a la ciudadanía hacerlo directamente. Entre las miles de organizaciones se encuentran No Somos Delito, Greenpeace, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Colectivos de juristas como Jueces para la Democracia o la Asociación Libre de Abogados han denunciado que esta ley convierte “legitimo  en  ilegal”. Hasta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) está preocupado porque la ambigüedad de la ley pone en juego su aplicación “con garantías” y reconoce que «no cuenta con el consenso social que debería tener«.

Y para terminar, una encuesta realizada por Demoscopia para avaaz.org señala que el 82% de la población se opone o quiere una modificación de la ley de seguridad ciudadana. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está.

Autor: No Somos Delito

Creo que no hay imagen que mejor resuma todo esto que la manifestación en forma de hologramas, celebrada frente al Congreso español por la organización No Somos Delito. Como decía el New York Times, “por el momento las protestas en forma de hologramas no son ilegales en España; aunque increíblemente casi todas las demás protestas pacíficas lo serán a partir del 1 de julio”. “Fue la primera de la historia y confiemos en que sea la última”, dijeron los organizadores.

En principio, una ley “de seguridad ciudadana” debería ser algo bueno, debería hacernos sentir libremente seguros, pero ¿y si en su lugar sentimos miedo? Miedo a hablar, miedo a protestar, miedo a tuitear, miedo a fotografiar. Después, miedo al miedo. Y al final, se hace el silencio.