La comunicación como instrumento y no como derecho

No es nuevo en el ámbito del desarrollo que la comunicación se presente desde una perspectiva instrumental, ligada al acceso a las TIC como medio para alcanzar otros fines. Por desgracia, lo novedoso hubiese sido incluir en los ODS la comunicación como un derecho humano. Además, al margen de la innegable importancia de las TIC en nuestra sociedad, su inclusión en los ODS no deja de ser muy limitada. El compromiso de fortalecer el acceso y uso de las TIC se orienta hacia los llamados países menos desarrollados. Y sólo es objetivo de ámbito global en el caso de la promoción del empoderamiento de las mujeres.

Estoy segura de que a cualquier persona le parecería obvio que la comunicación ocupe un lugar relevante en una lista de buenas intenciones para construir una mejor sociedad para el siglo XXI, pero parece que no lo es cuando los debates implican compromisos y garantías por parte de los gobiernos. En este contexto, el reconocimiento del derecho a la libertad de opinión, o de expresión, o el derecho de acceso a la información, por ejemplo, se convierten en una amenaza, a pesar de que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humano afirma que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Luces y sombras de la comunicación en el proceso de los ODS

Cuando comenzó el proceso de elaboración de los ODS, más de doscientas organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en la red Global Forum for Media Development y la ONG Artículo 19 elaboraron una estrategia para promover la inclusión en los ODS de los derechos a la libertad de expresión y de acceso público a la información. En un principio, hubo cierto optimismo. Cuando en junio de 2014 el grupo de treinta países encargado de elaborar una propuesta de ODS, el llamado Grupo de Trabajo Abierto (OWG, en sus siglas en ingles), presentó un primer borrador reconocieron la necesidad de promover estos derechos. La meta 16.14 se comprometía a “mejorar el acceso público a la información y a datos gubernamentales” y la meta 16.17 reconocía “la promoción de la libertad de expresión”. Ambas se insertaban en el marco del objetivo 16 sobre la consecución de “sociedades pacíficas e inclusivas, el estado de derecho e instituciones capaces y efectivas”.

Poco tiempo después, en diciembre de 2014, el secretario general de NU Ban Ki-moon presentó su propia propuesta sintetizando las aportaciones de dos años de debate. Su informe “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta” reconocía que la libertad de expresión y el acceso a la información “son elementos facilitadores del desarrollo sostenible”. Fue otro signo para el optimismo.

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no sobrevivió. El acceso a la información, sí. Y no es baladí. La inclusión de estas siete palabras: “garantizar el acceso público a la información” son el resultado de días, semanas y meses de trabajo y de sensibilización por parte de la sociedad civil, en buena parte del GFMD y Artículo 19. Finalmente, en la versión definitiva de los ODS aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea General de NU, la meta 16.10 dice lo siguiente: “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. Cabe preguntarse, no obstante, ¿a qué libertades fundamentales se refiere? o ¿cómo se define el acceso público a la información? Y es aquí donde aún queda trabajo por hacer.

¿Aún hay tiempo para unos mejores ODS?

Naciones Unidas debate ahora los indicadores que medirán los ODS. Y estos indicadores definirán su verdadera esencia. La segunda reunión del comité de especialistas en estadística de los Estados Miembro conocido como “Grupo Interinstitucional y de Expertos” (IAEG, en sus siglas en inglés) es a finales de octubre y presentarán una propuesta de indicadores en febrero. Decidirán cómo se mide el grado de acceso público a la información. Y no será lo mismo, por ejemplo, medirlo en base a la existencia de una ley de acceso, que en base no sólo a su existencia sino a su aplicación efectiva. ¿Y cómo se medirá la protección de las libertades fundamentales? Estos indicadores serán, en definitiva, los que definan a qué libertades fundamentales se refieren los ODS.

Existen al menos dos propuestas sobre la mesa para responder a estas preguntas. El GFMD, por ejemplo, sugiere medir el acceso a la información mediante “la adopción y aplicación de mecanismos y garantías jurídicas que garanticen el acceso público a la información, incluyendo, aunque no sólo, la información relativa  a todos y cada uno de los ODS». Por otra parte, existe una propuesta relativa a la meta sobre libertades fundamentales que dice así: «número de casos verificados de homicidios (‘killings’ en inglés), secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura de periodistas, personal asociado de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de derechos humanos en los doce meses previos”. Esta segunda propuesta viene de la UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Estemos alerta, pues. Los ODS ya se han aprobado, pero la definición de sus indicadores pueden hacer de ellos unos objetivos transcendentales o todo lo contrario. Después, nos tocará vigilar su cumplimiento minuciosamente. El trabajo aún no ha terminado.

Fui a ver la nueva película de Fernando León de Aranoa. Su filmografía es suficiente credencial para decidir verla, pero además, en esta ocasión se trataba de una aproximación al mundo de la cooperación, o para ser más precisos, al mundo de la ayuda humanitaria en situación de (post) conflicto bélico. En realidad las precisiones dan igual: sabiendo de la capacidad del realizador de reproducir los principales mecanismos que reproducen las relaciones entre grupos de personas o situaciones, a base de desvelar y mostrar con crudeza lo que, a fuerza de ser cotidiano, suele pasar desapercibido o darse por sentado en nuestros análisis sobre la familia, el barrio o, como en este caso en los equipos de expatriados humanitarios y entre éstos y las personas que les ven llegar a sus poblaciones.

Lo importante sería disfrutar de cómo había logrado reproducir un sistema de relaciones tan complejo como cualquier otro, pero que en cierto modo tiene de particular que suele presentarse social y públicamente como un mundo más bien idealizado y bastante ingenuo. El “mundo” de la cooperación se ha esforzado, y se esfuerza, en proporcionar una imagen de sí mismo esencialmente despolitizada, en la que los conflictos “están ahí fuera” a donde vamos a ayudar a resolverlos. No suele explicarse públicamente que esa “intromisión” desde fuera del conflicto supone a su vez numerosos conflictos de carácter cultural y político. Tanto porque el marco cultural en el que se asienta y reproduce el mundo de la cooperación es esencialmente occidental y responde a una visión del desarrollo excesivamente vinculada a la transferencia (de ideas, de tecnología, de recursos, de soluciones, etc.,… da igual) de un lugar que ha tenido éxito a otro que no lo ha tenido.

Y la propuesta me gustó. Y no sólo por lo que muchos considerarán un acierto, a saber, la humanización de los personajes en situaciones límite. Una humanización cargada de contradicciones contra las que rebelarse, puesto que muestra caracteres y prácticas machistas, irrespetuosas con la autoridad, el dolor y las diferencias que representan los otros, lejos de cualquier idealización que desgraciadamente es tan habitual en la representación de los cooperantes y su trabajo. También es apreciable la algo soterrada crítica al primer mundo, que envía a profesionales devastados por sus biografías, bastante lejos de otras representaciones, también ideales, de profesionales competentes, serviciales y compasivos (aunque de este tipo de respuestas podríamos decir que hay un abuso impropio).

Lo que más me ha gustado es que la película constituye una crítica radical, demoledora, a la acciones de cooperación en general, de la que podríamos aprender mucho. El hilo argumental (¡ojo! Que a partir de aquí ya incurro en spoiler, y recomiendo en cualquier caso ir a ver la película) de la misma no es más que una sucesión de decisiones ineficaces, innecesarias e injustificadas. Desde el propósito que da base al argumento: extraer con la mayor de las urgencias un cadáver de un pozo, para solucionar un problema de la comunidad cuando ésta aparece nada más que mirando, sin compartir la urgencia ni la solución propuesta, sin impedirlo (¿no se comportan así la totalidad de nuestras comunidades beneficiarias?), a sabiendas de que no tardará en llover y eso resolverá todo el enorme y urgente problema, como sucede al final de la película. Al final de ese Día perfecto, título cargado de ironía, en el que los protagonistas persiguen con ahínco y cierto riesgo lo que sus manuales (los de los protocolos oficiales y los del individualismo heroico y descreído) les dicen, anteponiendo a todas las dificultades aquellas normas, aquellos significados que consideran indiscutibles y fundamento de todo su ser y su hacer: ayudar a los inútiles, que sólo tienen una consideración de víctimas incapacitadas y equivocadas en su imaginario. Tan fuerte es esta predisposición, esta vocación, esta aventura vital, que se muestra completamente incapaz de reflexionar sobre su inutilidad, de considerar ni por un momento que son personajes de más en una historia de la que sin embargo se sienten protagonistas. La amenaza de la evaluación que pondrá fin a su misión salvadora es rechazada como posible, sólo consentida con resignación por falta de recursos económicos para continuar. Así, su misión en el mundo no corre peligro, en todo caso será sólo desplazada de lugar y de conflicto.

Aunque esta lectura de la película me pareció nítida, está sin embargo cargada de sutileza. Una compañera me dice que en entrevistas promocionales el director no mostró ninguna intención crítica con este mundo, más bien todo lo contrario, alabando y celebrando la existencia de estas acciones tan necesarias por tantos lugares del mundo necesitados de nuestra ayuda. Al salir de la película, le pregunté a mi hijo de 12 años, quien me había hecho la propuesta de verla juntos: ¿Qué te parece el trabajo que hacen los protagonistas? ¿tiene sentido? Y me respondió sin dudarlo: “Son unos héroes, sólo que no les dejan hacer”. En efecto, si Fernando León quiso mostrar algo de lo que yo interpreté (cada día lo dudo más), lo hizo de forma demasiado sutil para ser un día perfecto.

A partir del 2004 y tras la publicación por parte de la OIT del A fair globalization. The role of the ILO. Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization (Report 92), la desigualdad pasó a ocupar una posición más central entre las preocupaciones de distintos organismos internacionales. Pero ha sido tras la publicación del libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty que el debate sobre este concepto se ha convertido en tema obligatorio casi en cualquier tertulia, económica o no. Y es que el proceso globalizador, en la forma en que se ha desarrollado, no ha estado exento de disfunciones y entre ellas, el crecimiento de la desigualdad.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, ha pasado a ser un elemento de debate encendido entre partidarios y detractores. Sus partidarios resaltan los efectos positivos sobre la economía y el empleo. Un estudio independiente ‘Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment‘, del Centre for Economic Policy Research de Londres establecía que las mejoras económicas que notaría una familia de cuatro personas rondarían los 545€ al año en ingreso disponible. Las exportaciones europeas crecerían un 6%, teniendo en cuenta que hoy por hoy, diez millones de empleos ya dependen de las exportaciones europeas a EE.UU., se generaría más empleo y mejor remunerado. Al incrementarse la competencia, la teoría económica nos dice que los precios tenderán a bajar, aspecto beneficioso para los consumidores, junto al incremento en las posibilidades de elección. Se estima que la economía crezca entre un 0.2 y 0.5% extra anualmente. Y es que este acuerdo pretende relajar, más si cabe, las restricciones comerciales que existen entre los EE.UU. y la UE, llegando a plantear un proceso de homogeneización de legislaciones actuales y futuras. Aunque no sólo esto, sino que también espera que se produzca un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) a ambos lados del Atlántico. Para ello, establece la creación del conocido, y polémico, ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o tribunal (privado) de resolución de conflictos entre la parte inversora y los estados que reciben la inversión. Por tanto, es necesario preguntarse si este acuerdo, basado en la institucionalización del proceso globalizador, va a tener efectos sobre la desigualdad económica en nuestras sociedades.

A pesar de que el mensaje más repetido (tienen mucho poder los TINA’s) es el que afirma que el comercio mundial y demás componentes de la globalización han reducido la desigualdad, un repaso de la literatura sobre el efecto que tiene la liberalización del comercio y de la IED sobre la desigualdad nos habla de efectos contradictorios. Todo ello consecuencia de las diferencias en cómo se mide la desigualdad, de si se dispone de datos suficientes en cantidad y/o en calidad, así como se realice la estimación, ponderando el peso poblacional y de la forma en que se homogeneizan los datos a una moneda común.

¿Puede incrementar la desigualdad económica la apertura total al comercio?

Antes de responder a la cuestión me gustaría puntualizar que quizás el efecto de esta apertura, en cuanto al TTIP, sea limitado. En este sentido ya existe mucha interconexión entre ambos mercados, aunque en determinados sectores sí que puede ser importante.

Lo que sucede cuando dos mercados entran en contacto es que tienden a especializarse en aquellas producciones en las que tienen ventajas competitivas. Como consecuencia de estas especializaciones se van a producir cierres de ciertas empresas con el consiguiente aumento del paro. Los TINA’s suelen argumentar que este paro es friccional y que tenderá a desaparecer en el medio plazo, pues será absorbido por aquellas industrias con ventajas competitivas. Todo este razonamiento me genera una duda y es, si ese medio plazo no será demasiado largo para una sociedad con un 20% de paro. Seguidamente me planteo si este paro friccional va a recibir una ayuda social (digna) mientras no encuentran trabajo. La duda es mayor pensando en las tendencias actuales en política de empleo mucho más favorable a medidas activas que a pasivas.

En cuanto a la relación entre IED y crecimiento económico es claramente positiva y además, es un factor muy importante en la reducción de la pobreza. Pero, deja muy desprotegidas a las sociedades, pues exigen desregulaciones en aquellos sectores a los que se dirijan, lo que también provoca una mayor exposición a las crisis. Si se quiere captar inversión se va a tener que renunciar al Estado de Bienestar como se conoce hasta ahora. Los inversores van a exigir mayor control de las políticas públicas.

Si entendemos que mucha de la inversión se produce para obtener ventajas en costes, entonces, si queremos obtener un mayor flujo de dinero en nuestro país vamos a tener que hacer lo mismo que en el resto pero más barato. No planteo en ningún momento las ventajas en tecnología pues estamos hablando de dos zonas desarrolladas. En cambio, los capitalistas (los grandes) podrán mover sus inversiones buscando un mayor rendimiento. En conjunto, provocará un aumento de las desigualdades entre capitalistas y asalariados, pero también entre grandes capitalistas y pequeños. En un especial del Equal Times sobre el TTIP se explica el caso de México y los efectos que el NAFTA-TLCAN supuso para los agricultores mexicanos y las maquiladoras. El Gobierno mexicano vio un incentivo para aumentar las inversiones americanas en frontera mantener los salarios bajos. Salarios bajos que no han permitido disminuir, más bien se ha incrementado, la desigualdad en esa zona. Felipe Calderón, ex presidente mexicano arremetió contra los derechos laborales con varias reformas y continuos ataques a los sindicatos y sindicalistas que se opusieron a las reformas.

Es lógico pensar que de la forma en la que se está construyendo el TTIP, los países europeos, con mayor probabilidad los que sufrimos un mayor desempleo, entremos en una competición a la baja en cuanto a derechos e impuestos. Ante lo cual, que el crecimiento económico que pueda provocar este acuerdo, sea redistribuido de manera socialmente justa es francamente improbable. Se pretende sólo proteger a los grandes inversores (con el ISDS), pero ¿dónde quedamos los demás grupos de la sociedad?

A pesar de asegurar desde fuentes políticas que no se permitirá esta competición entre estados no se han establecido mecanismos, al menos no se conocen, para evitarla. Es más, en relación a los sindicatos, protectores de los derechos laborales (constitucionalmente en algunos Estados), se les otorga un papel residual en todo el acuerdo, relegándolos a una especie de ONG. Pero, ¡cuidado! Quitar poder al sindicalismo conlleva rebajas en sueldos (muchas personas única fuente de renta) y, por supuesto, menos derechos.

La inversión provocará una fuerte competencia entre países de la UE, pero no nos olvidemos que dentro de los propios países se van a acentuar las desigualdades entre territorios. La IED no se localiza de forma homogénea en todo el territorio. En España, son La Comunidad de Madrid y Catalunya las principales receptoras. Esta desigualdad entre territorios si se intenta subsanar con una mayor solidaridad interterritorial puede alimentar, más si cabe, los sentimientos nacionalistas de determinadas zonas del Estado.

Todos estos procesos, así como sus consecuencias, no son casualidades divinas sino que proceden de decisiones de quienes nos gobiernan, y por tanto, reversibles. Si deseamos un mundo más igual es posible, con voluntad. La colaboración, y no la competición, entre países es la solución. Establecer medidas fiscales, salarios mínimos iguales junto a demás políticas de empleo para toda la UE, podría frenar la hipotética, pero probable, competición hacia una mayor desigualdad. ¿Se está negociando? Parece que no.

Tras él, muchos autores de distintas escuelas de ciencias sociales han utilizado sus premisas para construir lo que se ha denominado “Estudios de gubernamentalidad”. Estos estudios pretender estudiar de manera aplicada las lógicas que están implícitas en las formas de gobierno y la política contemporánea. Así, y pegados a Foucault, una de la lógicas fundamentales del gobierno de nuestras sociedades en el mundo contemporáneo es la lógica de gobierno neoliberal (es importante no confundir esto con la ideología económica neoliberal que, si bien relacionada, hace referencia a otros cosas de las que aquí no hablamos).

Por lógica de gobierno neoliberal me refiero a las formas en que, a partir de los años 60-70, comienzan a gobernarse nuestras sociedades (con los correspondientes cambios en los estados). En la lógica neoliberal la represión directa vía polícia (el disciplinamiento) disminuye siendo esta mucho más difusa y correspondiendo a los propios individuos que se autogobiernan. El mecanismo de autogobierno pasa por la diferenciación, es decir, por la explotación por parte del poder de las diferencias entre individuos y colectivos con el objetivo de categorizar a distintas poblaciones. Así, frente a una lógica de la igualación que por ejemplo aporta el enfoque de derechos (que iguala a todas las personas en cuanto titulares de los mismos) el enfoque neoliberal, a partir de esta lógica de la diferenciación, categoriza a los individuos y aplica políticas distintas a partir de estas categorías.

En la negociación y resultado de los nuevos ODS (aquí el último borrador) hay un claro reflejo de ello. El hincapié que se ha puesto en el principio de “no dejar a nadie atrás” es un buen ejemplo. Para hacer efectivo este principio se ha comenzado definiendo quiénes están atrás. Así, «los pobres y los vulnerables» están en el corazón del problema del desarrollo en los nuevos ODS. A los pobres y los vulnerables es a los que no hay que dejar atrás de los que “no son pobres y vulnerables”. La lógica de la diferenciación trabajando a todo trapo.

El objetivo 1 de la lista es la aplicación práctica de esta lógica. En todas las metas se habla de atender “particularmente a los pobres y vulnerables”. Lo que en la aplicación concreta pasa por “crear marcos de políticas basados en estrategias de desarrollo “pro-pobres” (meta 1.b). Categorizar como pobre o como vulnerable (y construir todo el aparato técnico-burocrático que hace estas categorías políticas operativas) supone aplicar esta lógica de la diferenciación. Y, en la medida en que se pretenda perfeccionar la estrategia «pro-pobre», la aumenta haciéndola más sofisticada.

Frente a la obligación de los estados de realizar los derechos de los que todos los ciudadanos en tanto que ciudadanos son titulares (un enfoque de derechos), la política pública neoliberal se desentiende de esta obligación atendiendo de una manera distinta a distintos grupos que previamente ha categorizado como vulnerables o pobres o con alguna necesidad especial. Ésta es la gubernamentalidad (racionalidad de gobierno) que está implícita en toda la declaración de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El problema no es la bondad o maldad del planteamiento “no dejar a nadie atrás”. El problema es que responde a una lógica que genera ciudadanos de primera (no vulnerables) y de segunda (vulnerable y ante los que el estado actúa de otra manera). Y las intenciones del principio son buenas, pero precisamente ésta es una de las herencias fundamentales de Foucault: la ambigüedad de nuestras intenciones cuando son atravesadas por el poder.

Imagen sociomemes. (http://sociomemes.tumblr.com/)

El tono más común de la tertulia es bastante inquietante para una espectadora media como yo; relatos excesivamente simplificadores de la realidad, interrupciones constantes, explicaciones parciales y, en ocasiones, claramente sesgadas, subidas de tono y, de manera cada vez más frecuente, gritos, insultos y ofensas entre los “contertulios” y “opinadores” de turno. Tan es así que en ocasiones son las parodias de este tipo de programas las que describen mejor la realidad que se desarrollo en estos programas.

Cuantos más conflictos, más audiencias…

Este estilo se ha generalizado en la mayor parte de tertulias políticas dado que parece partirse de la idea de que cuanto más ruido y conflicto mediático más audiencia; una especie de programa de TV estilo Sálvame pero adaptado a la política: cuantos más insultos, gritos y faltas de respeto, mejor aún.

Pero además, los propios programas de entrevistas han asumido esta dinámica pretendiendo buscar titulares y relatos simples sin dejar al entrevistado explicar la problemática y la complejidad de los temas que está tratando (que mayormente refieren a los derechos y libertades de la ciudadanía). Una de las cosas más llamativas fue ver en los últimos tiempos a una buena periodista pidiendo respuestas de SÍ o NO para tratar temas como la auditoria de la deuda o la sostenibilidad de las pensiones.

Yo creo que este tipo de dinámica no ayuda en nada a la pedagogía política que se necesita en la sociedad para que la ciudadanía pueda entender los procesos públicos de toma de decisiones. Los medios de comunicación han sido y son fundamentales para la denuncia, la supervisión y la rendición de cuentas de nuestros políticos; pero sería muy positivo si incorporarán un poco de complejidad a los análisis que nos permitiera entender que se trata de procesos extremadamente arduos y con una alta diversidad de actores, intereses y objetivos. Aunque parezca tentador para los medios, hay que intentar huir de los eslóganes y simplificaciones si se quiere comprehender cabalmente la realidad de la que se debate.

No existen soluciones  (ni explicaciones) simples, para problemas complejos…

Desde la academia, hay un principio bastante repetido en las ciencias sociales: “no existen soluciones simples para problemas complejas” y la política pública es por definición compleja. Por ello, para entender las problemáticas a los que nos enfrentamos deberíamos intentar explicar los actores, objetivos, agenda, grupos de poder, intereses y contexto al que responden estas políticas. Se trata de un ejercicio que requiere cierto nivel de pausa y explicación que nos permita entender las complejidades de los temas que estamos tratando, las luces y sombras de las decisiones que se toman en el ámbito público, las (muy legítimas) posibilidades de rectificar y aprender de los errores.

Una ciudadanía crítica, comprometida y consiente es el elemento básico para el desarrollo y el progreso de las sociedades; y para ello, necesitamos entender que la política no es partido de fútbol donde hay bandos, cánticos y banderas, sino que es un espacio de reflexión, donde es importante el diálogo, los matices y las complejidades. Y para ello, los medios deberían asumir una mayor responsabilidad en la pedagogía política con respecto a su ciudadanía.

En el mundo del desarrollo y la cooperación varios hitos anuncian el fin de ciclo: por un lado, el paso de la agenda de los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; por otro lado, el fin de una legislatura que, aunque lo estemos deseando, no deberíamos olvidar. Al menos no antes de haber sacado las necesarias lecciones. Para ello sería bueno recordar algunos análisis de lo que ha significado este ciclo político para la cooperación española, para las políticas de solidaridad y el compromiso con la justicia social y ambiental internacional.

Varias han sido las interpretaciones, pero todas (quizá no la oficial) apuntan a una misma conclusión: la cooperación española ha sido desmantelada en los últimos cuatro años. Buena parte de los análisis realizados sobre la cooperación en estos años han puesto el acento en la caída de los recursos. Es de sobra conocido que hemos vivido el peor periodo de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). La AOD española ha caído como no lo ha hecho la AOD en ningún otro país a lo largo de la historia, y ha retrocedido a los niveles en los que se encontraba hace aproximadamente dos décadas, cuando el país se iniciaba en esto de la cooperación al desarrollo, y empezaba a ser considerado un “donante”. Podría afirmarse, que si no fuera por las contribuciones obligatorias, que no dependen de la voluntad, la cooperación española estaría prácticamente extinguida.

Evolución (o involución) de la ayuda oficial al desarrollo de España (2008-2014)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CAD/OCDE (datos de 2014 provisionales).

Sobre las cifras contamos cada vez con información más accesible, por ejemplo con el interesante análisis de Oxfam Intermón en La realidad de la ayuda o con el portal oficial del la cooperación española. Tampoco está de más analizar los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE para comparar el comportamiento de España con el de otros países. A diferencia del caso español, la norma no ha sido disminuir el ya exiguo compromiso con la ayuda al desarrollo.

Hubo un tiempo de la legislatura en el que el discurso oficial que trataba de justificar los recortes ante la dramática situación existente en España lograba algún grado de comprensión. Sin embargo, la dimensión de estos recortes, muy por encima de los registrados en cualquier otra política, hacía difícilmente justificable este discurso. Además, en el último año y medio, la convivencia del mensaje sobre la recuperación económica con la profundización del desmantelamiento de la cooperación nos deja pocas conclusiones posibles: o no era cierto aquello que nos decían al inicio de la legislatura y tras los primeros recortes, “cuando la economía mejore, aumentarán nuevamente los recursos de cooperación”; o no es cierto lo que nos dicen ahora y no hay una mejora real de la economía. Ah, se me olvidada una tercera posibilidad, que ninguna de las dos cosas sea cierta.

Pero el desmantelamiento de la cooperación no puede explicarse solo por la abrupta caída de los recursos. Se explica también por el debilitamiento de los otros tres pilares básicos en los que se asentaba la cooperación española: un giro discursivo que rompe con la consolidación del marco doctrinal que se había producido en los últimos años; la devaluación del rango político de la cooperación y el debilitamiento de su estructura; y la ruptura de una de las principales señas de identidad de esta política: el consenso social y político sobre los que se construyó. No hace mucho que analizábamos algunas de estas claves en un artículo titulado “Ruptura del consenso y desmantelamiento: un análisis de la cooperación española”.

La pretensión de este post no es, sin embargo, insistir nuevamente en el relato del desmantelamiento de la cooperación española, ni hacer un balance de lo ocurrido en estos últimos cuatro años. La intención es bastante más sencilla: tratar de señalar (ni siquiera explicar o justificar) el marco en el que este desmantelamiento ha sido posible. Para ello, lejos de recurrir al análisis de las principales decisiones políticas, es suficiente con recuperar dos declaraciones de los máximos responsables políticos (José Manuel García-Margallo y Mariano Rajoy) que bien pueden simbolizar toda una legislatura. Se trata de declaraciones que, sin ser solemnes ni reflejo de ningún documento o posicionamiento oficial, encierran un elevado significado: por el momento en el que se expresan (principio y final de la legislatura) y porque simbolizan nítidamente el pensamiento político y la mirada sobre el desarrollo y la justicia global de quienes nos han gobernando en estos últimos cuatro años.

La primera declaración corresponde al ministro de Exteriores y Cooperación, quien pocos meses después de asumir el cargo afirmaba en sede parlamentaria que ”recortar la ayuda es doloroso, pero lo es más aun hacerlo en las pensiones o cerrar ambulatorios”. Fue una frase que fijaba el marco para toda una legislatura: la cooperación no es importante para este Gobierno (seguramente no nos podíamos hacer a la idea de hasta qué punto).

Tras el estupor inicial ante esta declaración de principios, ¿qué hicimos desde las organizaciones sociales y los actores de la cooperación? Lo cierto es que hubo numerosas y muy distintas respuestas y reacciones, pero fueron pocas las voces que desde el inicio se dedicaron a denunciar y a alertar del riesgo que sufría la política de cooperación. Frente al “alarmismo”, se impuso una suerte de pragmatismo que, a día de hoy, se observa lamentablemente equivocado. Es el denominado “egoísmo inteligente” (basado en una lógica win-win o del mutuo interés), que apostó por el tacticismo: si a nuestros responsables políticos no les interesa la cooperación, hagámosles ver que la cooperación también puede servir para representar y defender los propios intereses del país donante.

Hay que reconocer que, en un mundo cada vez más interdependiente, con más intereses comunes en clave de seguridad humana, equidad social y sostenibilidad ambiental, el argumento puede ser sugerente, y válido, para convencer de la necesidad de políticas a favor de la justicia global y ambiental a sectores poco amigos de la cooperación. Sin embargo, lo que quizá no se valoró suficientemente es que, al otro lado del mensaje, se situaba un Gobierno que seguía concibiendo el interés desde una lógica de política exterior construida en clave realista. El mismo Gobierno que apostó por desempolvar el viejo proyecto de la “Marca España”, que trataba de consagrar la política exterior al objetivo de la recuperación económica. Ignorar este hecho en la estrategia basada en el egoísmo inteligente supuso un error de cálculo, una renuncia y una estrategia equivocada:

• Significaba la renuncia a un discurso transformador inspirado por el cosmopolitismo post-nacional y basado en la idea de interés público global. No es necesario negar la existencia del interés mutuo para plantear la cooperación desde el marco interpretativo de la acción colectiva para la superación de los problemas comunes. Ahora bien, esgrimirlo como principal argumento supone alejarse del marco de la acción colectiva.

• Un error de cálculo, porque ignoraba el hecho de que la búsqueda de intereses puede ser mutuamente beneficiosa cuando esta se produce entre iguales. Pero la cooperación nunca estuvo en estos años en pie de igualdad con ninguna de esas otras políticas con las que debía encontrar intereses comunes. Esto, en realidad, suponía plantear el clásico escenario de instrumentalización de la cooperación por parte de intereses ajenos al desarrollo. Dicho en otras palabras, poner una política “blanda” al servicio de la agenda “dura”. En el caso de FONPRODE tenemos un buen ejemplo práctico.

• Por último, suponía evitar la lógica del conflicto ideológico en la concepción de la política de cooperación en un mundo interdependiente, cada vez más asimétrico, desigual e insostenible. Frente a la lógica del conflicto, se priorizó la lógica del consenso cuando había poco, muy poco, que consensuar, porque este ya se había resquebrajado.

En definitiva, todo esto condujo, por pragmatismo, a asumir un marco interpretativo en el que lo importante era mantener lo más intacta posible la política de cooperación cuando el desmantelamiento había sido ya decidido. La apuesta por construir otro marco exigía conflicto, y este no era el momento. Esa batalla se perdió, quizá por autocensura. También se perdió la de la defensa de la cooperación a partir de la búsqueda de intereses comunes (recordemos, el desmantelamiento).

La segunda declaración fue la que, seguramente, terminó de convencernos de que el egoísmo inteligente no fue una estrategia acertada. Hace solo unos días, y esta vez en relación a la búsqueda de una salida posible al sufrimiento del pueblo griego, el presidente del Gobierno nos lo dejó claro con una perla de su pensamiento político (recuperada aquí en forma de tuit):

El ciclo, con el otoño, acabará. Está por ver lo que vendrá tras él, si un nuevo ciclo reconstruido desde las ruinas (es decir, una recuperación de la política de cooperación), o el desarrollo de un nuevo marco acorde a los problemas que afrontamos colectivamente (objetivo para el cual la recuperación de la cooperación no sería suficiente). Esperemos que la inteligencia, esta vez guiada por la acción colectiva, nos acompañe en el próximo ciclo.

Que el olor a tierra húmeda nos inspire…

Quisiera fundamentar esta preocupación apelando a un par de breve ejemplos, donde la mirada desde América Latina, desde esa “esquina en el sur”, ofrece algunas ventajas. Y a la vez dejar expresada una intencionalidad para futuros aportes: esta crisis es tan pero tan compleja, entrelazada y persistente, que requiere de nuevas miradas, romper con viejos esquemas y buscar alternativas atrevidas para abordarla.

¿Cuán global es una crisis global?

En los últimos años, y en especial después del derrumbe que se inició con el colapso de los esquemas financiarizados en Estados Unidos, en 2007, se ha escrito y hablado sobre una “crisis global”. Está muy presente en países como España, ya que fue arrastrada por aquella debacle, junto a otras naciones, como Irlanda o Grecia.

Pero habría que preguntarse por qué una crisis en algunos países industrializados debe ser calificada como “global”. A los ojos de muchos en el Sur, no había nada de “global” en ella. Es que varios países en otras regiones no fueron muy afectados, y por el contrario, disfrutaron de altos precios en las materias primas, logrando un fuerte crecimiento económico (como ocurrió en buena parte de América Latina).

No puede olvidarse que las crisis pasadas que afectaron al sur siempre tuvieron nombres regionales, como el “efecto Tequila” iniciada en México en 1994 o la crisis del “sudeste asiático” de 1997 que se difundió desde Tailandia, pero como no afectaban a los países industrializados no se las rotulaba como “globales”. Eran, por el contrario, problema de mexicanos o asiáticos.

En cambio, cuando hay una crisis estadounidense o europea está pasa a ser calificada como “global”. La situación en el resto del planeta parece quedar en segundo plano, y darle ese toque planetario. Y sin duda sirve como fuente de legitimación para medidas políticas y económicas que en otras condiciones serían cuestionables, como la imposición de esquemas de austeridad.

Consecuentemente, una crisis será llamada “global” no tanto por los espacios afectados, sino como resultado de quienes tienen el poder para imponer ese calificativo. O sea, lo global en la crisis en buena medida sigue dependiendo de las asimetrías en el poder internacional y de los saberes expertos que son sus ecos. Este es un primer ejemplo de las limitaciones e incapacidades que padecemos para poder analizar las actuales crisis.

No dejo de reconocer que estamos ante una crisis, aunque debería ser caracterizada de un modo distinto a cómo se describe corrientemente la “crisis global”. Los problemas no se inician ni se reducen a lo que desencadenó el colapso bursátil de Estados Unidos, sino que tiene raíces profundas en cómo se entiende el desarrollo. Es así que así como hay severos problemas en Grecia o España, también se encontrarán otros en Colombia, Nigeria o Tailandia.

¿Cómo interpretamos el sur?

En el marco de la crisis en el norte se mira al sur en general, y América Latina en particular, como fuente de ejemplos, sea para evitarlos o seguirlos. Es comprensible que cuando uno está inmerso en problemas severos, busque las vías de salida más cercanas, y el sur es una cantera de muchos ejemplos.

Pero muchos de esos ejercicios vuelven a dejar en evidencia esa otra crisis en las formas de interpretar y analizar los que nos rodea. Algunas expresiones son muy burdas. Una de mis fuentes favoritas es la líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que tiñe de comunismo a cuanta cuestión sudamericana no le gusta. Es obvio que calificar de comunismo al régimen de Chávez en Venezuela es saber poco y nada de lo que pasa en ese país, cómo sobre qué es el comunismo.

Las tiendas ideológicas contrarias no están exentas de este problema, y allí las sensaciones son agridulces. Lo dulce está en valorar la relevancia que se le da a los ensayos de alternativas en nuestra América Latina, pero lo agrio radica en que no son pocas las veces en que se cae en simplismos y deformaciones, sea en un sentido o en otro.

La reciente entrevista al filósofo italiano Tony Negri, que le realizara Pablo Iglesias (en su rol periodista) tiene lo dulce, ya que Negri es una persona interesante y muchos de nosotros sin duda comulgaremos con ese espíritu de enfrentar el capitalismo o buscar otras opciones desde las clases populares. Pero en las referencias de Negri a lo que sucede (o sucedió) en América Latina hay muchos errores, simplificaciones y superficialidades. Es esto lo que deja el sabor amargo.

Negri, por ejemplo, dice que “Bolsa Familia”, el enorme programa de ayudas monetarias mensuales a los sectores más pobres, es un “fenómeno revolucionario absoluto” del gobierno Lula da Silva en Brasil. En realidad, el sistema de pagos en dinero, mes a mes, no es una invención de la gestión Lula, y tiene una historia mucho más antigua. Comenzó a usarse en México muchos años antes, y bajo el amparo del asistencialismo del Banco Mundial. Programas de ese tipo de difundieron por toda América Latina, y en Brasil lo implantó el gobierno conservador de Fernando Henrique Cardoso. La administración Lula centralizó varios programas separados y le dio un enorme alcance hasta llegar a beneficiar a 14 millones de familias en 2014.

No estoy diciendo que esa ayuda financiera a los sectores más pobres no sea importante. Pero, ¿eso es revolución? ¿Enfrentaremos la crisis con esquemas de pagos mensuales?  Preguntas como estas justifican que estos mecanismos de asistencialismo financiarizado se encuentran bajo fuertes debates en América Latina. No me refiero a las críticas de sectores conservadores, que se desentienden de cualquier instrumento de justicia social, sino que aludo a discusiones en el seno de la izquierda y el progresismo, que parecería que Negri ignora a pesar de sus visitas a nuestro continente.

Se debate, por ejemplo, que ese instrumento económico deja relegadas otras dimensiones de la justicia, como por ejemplo las referidas a vivienda, educación o empleo. La justicia social se encoge sobre una justicia económica distributiva primero, y luego, sobre un mecanismo de asistencia financiera. Eso genera situaciones raras, como ocurre en Brasil, donde si se mide la calidad de vida por la propiedad de teléfonos móviles hubieron notables mejoras, pero si se examina el acceso al agua potable o el saneamiento,  se padeció un estancamiento.

A su vez, gobiernos como el de Lula da Silva, usan esos pagos mensuales para fines muy distintos a la justicia social, como es generar adhesiones electorales en sectores populares que antes les eran esquivos, y compensar así la pérdida de votantes entre los militantes clásicos (de clase media, urbanizados).

Por todo esto, cuando Negri dice que Bolsa Familia ha sido “revolucionaria”, ese calificativo rechina en los oídos del sur. Para muchos militantes sociales brasileños, mecanismos como Bolsa Familia y otras compensaciones económicas, no sólo no son revolucionarias, sino que se han convertido en instrumentos de desmovilización ciudadana y resignada aceptación de impactos urbanos y rurales, mientras el gobierno apoyaba grandes empresas. “Te contamino, pero te pago cada mes un dinerito” – es lo que muchos de ellos viven.

Hago aquí una pausa para reconocer que exagerar la bondades del progresismo sudamericano, o incluso llamarlo revolucionario, puede ser comprensible en Europa. Enfrentados al desolador panorama de los gobiernos como el español, alemán o italiano, ejemplos como las de Lula da Silva y otros progresistas del sur, significarían un avance enorme ante tanto conservadurismo. Si a uno le obligan a escoger entre un Lula o un Rajoy, dígame, ¿con quién se quedaría?

También sabemos que las simplificaciones pueden ocurrir cuando se mira desde afuera a otro país o un continente distinto. Sin duda nos sucede a nosotros, desde América del Sur, cosas similares cuando opinamos sobre el declive del Partido Popular o la novedad que pueda encerrar Podemos.

Pero de todos modos, estos ejemplos muestran que persiste el problema de instrumentos y conceptos analíticos insuficientes o limitados en entender la crisis, en identificar opciones a seguir o evitar, y así sucesivamente. Se cae en visiones simplistas y no se las contrasta con lo que realmente ocurre en la sociedad o el ambiente.

Limitados ante el desborde

Es cierto que estamos inmersos en una crisis. Pero en ella se encuentra otra: las limitaciones, e incluso los colapsos, en las formas por las cuales reconocemos, entendemos o analizamos esas crisis. No sólo hay problemas en las políticas y economías de los países, sino que hay unas enormes dificultades en cómo los economistas, sociólogos, los políticos, los militantes y la sociedad en su conjunto, intentan aprehender todas esas problemáticas.

Es algo así como una limitación epistemológica, ya que los esquemas de análisis, comprensión y sensibilidad, parecen incapaces de asir las dinámicas sociales y económicas de situaciones que nos desbordan. Apenas nos contentamos con lidiar con sus destellos, sus vértices más agudos, incapaces de disecar los detalles o hurgar en sus esencias. Es que los mecanismos y conceptos de análisis convencionales son parte de un mundo, de una forma de entender las cosas, que se están resquebrajando.

Bajo este contexto de una doble crisis, una global que incluye además una de entendimientos, esta “Esquina Sur” intentará avanzar en los dos frentes a la vez. Por un lado, entender mejor la crisis contemporánea, buceando en las variedades, los matices y las contradicciones, y en particular aquellas que surgen de América Latina y son interesantes para los debates europeos. Por otro lado, rescatar otros modos de descubrir, interpretar y analizar todas estas crisis, las nuestras y las suyas.

El cambio global, para Cox, se producirá cuando algunos de los problemas nuevos de una estructura dada no pueden resolverse en el marco de esa estructura, sino que es necesario situarse “fuera” de la misma para resolverlo. Fuera, aquí, significa a partir de otras estructuras de ideas y otros intereses ya que, para Cox, toda teoría se hace para alguien y para algún fin. Fuera, no obstante, no significa empezar de cero, sino que es fundamental partir de las potencialidades de esa estructura dada para salirse de ella misma y reinterpretar esos problemas, produciendo nuevos órdenes del mundo.

Pongamos un ejemplo: la sostenibilidad ecológica del desarrollo.

El post2015 hará que la nueva agenda global de desarrollo deje de ser una agenda para luchar contra la pobreza y pase a ser una agenda para el desarrollo “sostenible” (también se supone que será universal pero de eso hablaremos, y largo, otros días). La sostenibilidad, por tanto, es un problema “nuevo”.

Desde nuestras premisas la pregunta es: ¿podemos afrontar este nuevo problema desde la estructura existente, es decir, únicamente con un conocimiento orientado a resolver problemas para reproducir la misma? O, por el contrario, ¿necesitamos un conocimiento que se sitúe fuera de la estructura, es decir, fuera de la defensa de los intereses, los presupuestos ideológicos y trabajando hacia otras instituciones distintas?

La respuesta para mí es clara, necesitamos una teoría crítica que tenga capacidad de plantear alternativas a la estructura actualmente existente si queremos resolver problemas como la insostenibilidad del desarrollo. De lo que se trata, en cualquier caso, es de entender que, antes de empezar a dar respuestas, conviene que nos hagamos la pregunta sobre para quién y para qué sirven los presupuestos teóricos de los que partimos.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía de los riesgos de la “banca en la sombra”, o shadow banking en inglés. Las alarmas sobre este sector no son nuevas y, de hecho, el propio término ha ganado protagonismo sólo tras el comienzo de la actual crisis económica en 2007. Entre otras cosas porque una parte importante de la crisis financiera iniciada en Estados Uni­dos se gestó precisamente en esa banca en la sombra.

¿Qué es la “banca en la sombra”?

No existe consenso ni siquiera a la hora de demarcar con precisión este concepto, lo que da una primera idea de su complejidad. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), institución creada tras la crisis para coordinar la supervisión y estabilidad financiera internacional –con la fe de conseguirlo algún día–, define el sistema de banca en la sombra como toda intermediación crediticia conformada por entidades y actividades fuera del sistema bancario tradicional. Dicho de otro modo, sería cualquier entidad que realice actividades de crédito pero sin ser un banco. Cabe advertir que, pese a lo tenebroso del nombre, no se trata de actividades necesariamente ilícitas, sino que quedan fuera de la regulación bancaria.
Esta definición del FSB es un tanto vaporosa, puesto que incluye una cantidad enormemente amplia de actividades de intermediación. Asimismo, hemos de considerar que, en realidad, la separación entre sector tradicional e intermediación no bancaria es muy difusa, dada la imbricación entre ambos, ya que la banca tradicional también participa de este tipo de actividades en la sombra. Esto, unido a la constante innovación del sector con una ilimitada variedad de operaciones de crédito, complica mucho su definición.

¿Qué importancia tiene la banca en la sombra en el conjunto del sistema financiero?

Como es difícil definir bien qué es exactamente banca en la sombra, las cifras sobre su peso relativo en el conjunto de las finanzas tampoco son muy precisas. El FSB, en su último informe anual, estima que el sector de intermediación financiera no bancaria alcanzó en 2013 un volumen de activos superior a los 75,2 billones de dólares (unos 67 billones de euros). Esto representa cerca del 25% de activos financieros totales.
Se trata de un sector, además, en continua expansión pese a la crisis, o quizá precisamente por ella, con tasas de incremento superiores al 7% anual en 2012 y en 2013. Aunque menor en cuanto a peso relativo, destaca el crecimiento de la banca en la sombra de China, que registra un crecimiento exponencial, con tasas del 40% en 2013.

¿Por qué puede ser un problema serio?

La grave amenaza que supone la banca en la sombra es la conjunción entre riesgo crediticio y su falta de regulación. El riesgo de crédito, relacionado con posibles impagos, supone un peligro potencial por su posibilidad de contagio generalizado. Es por ello que la actividad bancaria está muy regulada y supervisada. Los bancos, por ejemplo, son obligados a respaldar algunos créditos con unas determinadas garantías, su capacidad de financiación está limitada según su volumen de activos, se les exige mantener “colchones” de capital para tener recursos con los que responder a posibles impagos… Todo ello no evita, como sabemos, que los bancos ocasionen nuevas crisis debido a sus prácticas abusivas, excesiva cercanía con el regulador (baste recordar que el actual presidente de la patronal bancaria es un antiguo supervisor del Banco de España), etc. Pero si todas estas malas artes pueden pasar en un sector altamente supervisado, qué no podrá suceder en otro dedicado a lo mismo pero fuera de control. Tal escasa o nula regulación ofrece mayor capacidad de endeudamiento y con ello mayores beneficios potenciales. Pero ese mayor riesgo de crédito y las interrelaciones con el conjunto del sistema financiero hacen que pueda convertirse en un riesgo sistémico.

Entonces, ¿por qué sigue existiendo y creciendo?

En momentos de mayores exigencias sobre las entidades financieras estándar como en la actualidad, la banca en la sombra se convierte en alternativa para obtener crédito. Ése es un motivo de que crezca pese al contexto de crisis. Y eliminarla, por tanto, podría acentuar la recesión. Pero más allá de esas cuestiones, la banca en la sombra es una consecuencia estructural del propio patrón económico vigente. La dinámica del capitalismo moderno está propulsada por el crédito. Escapar a la regulación que lo limita forma parte misma de la esencia del sistema. El sector bancario tradicional se muestra crítico y advierte de que el shadow banking será origen de la próxima crisis. Es normal su preocupación, en la medida en que ese sector le hace competencia, además de que los riesgos en que incurre la banca en la sombra pueden acabar por contagiarlo. Pero la propia banca tradicional participa activamente en ese sector, pues le permite mantener pasivos fuera de su balance contable o derivar en otros su riesgo de crédito. Es lo que pasó, conviene recordar, con las hipotecas subprime en Esta­dos Unidos. Y es lo que hace la banca europea, mucho más implicada todavía en la banca en la sombra que la estadounidense. En realidad, con esas críticas se pide también al regulador que relaje sus controles.
El problema de la banca en la sombra es finalmente el problema mismo de una dinámica económica guiada por el endeudamiento privado en un contexto de liberalización de los mercados internacionales de capitales y economía financiarizada.

Publicado en el periódico Diagonal (25/05/15).

Ya es ampliamente reconocido que el actual modelo de desarrollo capitalista no funciona, que está provocando un aumento sin precedentes de las desigualdades, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático. Estas tres cumbres mundiales deberían aportar firmes resoluciones que permitieran revertir las actuales tendencias y encaminar el desarrollo hacia un modelo equitativo y sostenible, basado en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la sostenibilidad medioambiental. Un enorme reto para la tan necesaria gobernanza global.

De estas reuniones al más alto nivel político surgirá la agenda internacional de desarrollo que marcará las prioridades colectivas para los próximos años, comprometiendo a todos los países. Asimismo, deberá definirse de qué manera se financiarán los objetivos de esta agenda, pero también es necesario alcanzar acuerdos sobre «cuestiones sistémicas» con gran impacto en los países en desarrollo, y desarrollados, como son la arquitectura financiera internacional, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad internacional, el comercio y la inversión directa extranjera.

El primero de estos eventos, en el que se tratarán estas cuestiones sistémicas, será la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En estos días, del 15 al 19 de junio, tienen lugar en la sede de Naciones Unidas la tercera y definitiva sesión preparatoria de la conferencia, en la que se negocia a nivel intergubernamental el documento final que se aprobará en Adís Abeba.

Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil han vendo participando en el proceso preparatorio de la conferencia, con el objetivo de influir en las negociaciones y garantizar que se abren nuevos caminos en una serie de cuestiones, como la lucha contra los flujos financieros ilícitos y la cooperación fiscal global. En este sentido, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, integrada por redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, ha puesto en marcha la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio 2015, coincidiendo con esta ronda final de negociaciones en Naciones Unidas, con el objetivo de presionar a favor de un sistema fiscal internacional más justo. Para ello, la sociedad civil propone la creación de un nuevo órgano fiscal intergubernamental dentro de las Naciones Unidas en el que participen, en igualdad de condiciones, todos los Gobiernos y no solo sean los más ricos –como sucede en la actualidad– los que definan las normas fiscales internacionales. Este nuevo órgano fiscal debería tener un mandato amplio que incluyera las siguientes cuestiones: la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios por parte de empresas transnacionales; los tratados de inversión y acuerdos fiscales; los incentivos fiscales; la tributación de las industrias extractivas; la transparencia sobre los beneficiarios finales; los informes financieros desglosados país por país; y el intercambio automático de información tributaria.

Otras demandas fundamentales de las organizaciones de la sociedad civil para esta Conferencia, según el documento Las negociaciones sobre financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, respaldado por 137 organizaciones, son los siguientes:

En relación con la inversión extranjera directa y otras corrientes internacionales de capitales privados, dado que la regulación de la cuenta de capital es una herramienta política fundamental para todos los países, se propone la eliminación en todos los tratados de comercio e inversión de cualquier obstáculo a estas políticas de regulación. Asimismo, se pide el reconocimiento de los inconvenientes de utilizar instituciones y recursos públicos para apalancar financiación privada para el desarrollo.

En el ámbito del comercio internacional, se demanda una revisión profunda de todos los acuerdos comerciales y tratados de inversión, con el fin de identificar áreas que pudieran limitar la capacidad de los países en desarrollo para evitar y gestionar las crisis, regular los flujos de capital, proteger el derecho al sustento y al trabajo digno, aplicar una tributación justa, brindar servicios públicos esenciales y garantizar el desarrollo sostenible. Por otra parte, se precisa una revisión de los regímenes de derechos de propiedad intelectual que han sido introducidos en los países en desarrollo mediante los tratados de libre comercio, para identificar cualquier impacto adverso sobre la salud pública, el medioambiente y el desarrollo tecnológico, entre otras áreas.

Con respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y otros apoyos públicos internacionales al desarrollo, se propone establecer calendarios vinculantes para cumplir los compromisos de entregar 0,7% del INB en AOD; garantizar que la AOD sea una transferencia genuina, poniendo fin a la ayuda ligada, eliminando los costes asumidos dentro de los países donantes y el alivio de la deuda, entregando la mayor parte en forma de donaciones y reformando los préstamos concesionales (blandos) para que reflejen sus costes reales para los países socios. También se propone implementar un impuesto a las transacciones financieras internacionales y utilizar los ingresos para financiar el desarrollo sostenible.

Por lo que se refiere a la deuda externa, se reafirma la necesidad de acordar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana en un foro neutral y garantizar que dicho marco sea amplio, se base en un enfoque de necesidades humanas, obligue a acreedores y deudores a rendir cuentas por conductas irresponsables y otorgue a todas las partes el derecho a ser escuchadas. Asimismo, se propone la realización de auditorías de la deuda independientes para examinar las deudas existentes de acuerdo a normas financieras responsables, incluso examinando la legitimidad de la deuda, con compromisos de cancelación de aquellas que se consideren ilegítimas.

En cuanto a temas sistémicos como la reforma de la gobernanza global y del sistema monetario mundial, se propone el establecimiento de un Consejo Mundial de Coordinación Económica en Naciones Unidas que ejerza el liderazgo en temas económicos, y la emisión de 250 mil millones de dólares anualmente en Derechos Especiales de Giro (DEG), cuya mayor parte vaya a los países en desarrollo.

Otros temas importantes que se ponen de relieve en el citado documento son: la necesidad de contemplar otros enfoques para medir el progreso más allá de los indicadores económicos de corto plazo, como el Producto Interior Bruto (PIB), para incluir mediciones del bienestar social y medioambiental; el desarrollo de una iniciativa sobre normas de financiación responsable; la incorporación de las amenazas y oportunidades específicas para los derechos de las mujeres de los distintos mecanismos de financiación del desarrollo; y el impulso en la reforma de la regulación financiera y del sector financiero internacional tal y como se formuló en la olvidada Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2009.