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Resistencias, regulaciones y alternativas a las empresas transnacionales

OMAL — Wed, 18 Nov 2015 10:26:32 +0000

Por Pedro Ramiro (OMAL).- Con la expansión del capitalismo global y el aumento del poder de las grandes corporaciones, se han multiplicado por todo el planeta las luchas sociales que ponen en cuestión la centralidad de las empresas transnacionales en el modelo de «desarrollo». En las últimas décadas, confrontando la visión hegemónica que sitúa al crecimiento económico y al sector privado como pilares del «progreso» para toda la sociedad, han surgido múltiples procesos de resistencia que se enfrentan a la creciente mercantilización y privatización de cada vez más esferas de nuestra vida.

Junto con todas estas experiencias, impulsadas en buena medida por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales emancipadores, han cristalizado también distintos paradigmas y marcos de referencia alternativos a la modernidad capitalista.Con el objetivo de construir propuestas de transición que sirvan para avanzar hacia economías y sociedades post-capitalistas, estos nuevos discursos e iniciativas contrahegemónicas van caminando con una triple perspectiva.

Primero, con una dinámica de resistencia: investigando y denunciando la expansión del capital transnacional para tratar de frenar sus impactos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Segundo, en base a una lógica de regulación: formulando mecanismos de control y propuestas de redistribución que, en el marco del actual modelo socioeconómico, sirvan para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que esa lex mercatoria que protege con fuerza los negocios de las grandes empresas. Y tercero, con la idea de apostar por la construcción de alternativas: impulsando y poniendo en práctica propuestas concretas que, teniendo como horizonte la necesidad de construir modelos de desarrollo y de sociedad diferentes al dominante, vayan arañando, aquí y ahora, parcelas de autonomía y soberanía económica a las empresas transnacionales.

Estas dinámicas de resistencia, regulación y alternativa están avanzando a un mismo tiempo, en paralelo y de forma dialéctica; todo ello, en el marco de una lógica de proceso y con una perspectiva de transición. Puede decirse que, en este contexto, las tres perspectivas son complementarias y todas ellas, a la vez, interpelan a gobiernos, empresas y organizaciones sociales a establecer otros sistemas socioeconómicos que no tengan como pilar fundamental lo que Polanyi denominó –refiriéndose a los orígenes del capitalismo y constatando cómo «en el espacio de una generación toda la tierra habitada se vio sometida a su corrosiva influencia»– «el móvil de la ganancia».

Impactos, luchas y resistencias

Las dinámicas de resistencia y de contestación social para enfrentar el dominio del capital sobre la vida en el planeta vienen produciéndose, en realidad, desde que las grandes corporaciones –al principio, estadounidenses y, más tarde, también europeas y asiáticas– se dedicaron a expandir sus operaciones a otros países para profundizar con su lógica de crecimiento y acumulación.

Puede decirse, entonces, que hay una especie de hilo rojo que conecta las luchas del movimiento obrero a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con sus reclamaciones de mejoras en las condiciones laborales y en el reparto de los beneficios empresariales, con las que hoy tienen como protagonistas, por ejemplo, a las comunidades locales y pueblos indígenas que se oponen a la presencia de mineras y petroleras en sus territorios, pasando por las campañas de resistencia que a lo largo del siglo pasado se realizaron contra empresas como United Fruit Company –hoy Chiquita Brands–, Nestlé, Shell, Nike o McDonald’s, y que hoy tienen lugar frente a transnacionales como Telefónica, Coca-Cola, Chevron-Texaco y Repsol.

En el caso concreto de América Latina, además, estos procesos de resistencia popular frente al capital transnacional resultaron decisivos a la hora de contribuir a la conformación de las mayorías sociales que, conforme fue avanzando la primera década de este siglo, desalojaron de los gobiernos a los gestores del Consenso de Washington y certificaron el fin de «la larga noche neoliberal». Eso sí, estos gobiernos de cambio, amortiguada la etapa de resistencia, se debaten ahora entre una dualidad que, al fin y al cabo, es similar a la que aquí pueden tener ahora los nuevos partidos y agrupaciones ciudadanas que han apostado por el «asalto institucional» y han de ejercer responsabilidades de gobierno: ¿optar por una asociación táctica con las corporaciones transnacionales, que suponga un avance en términos de regulación, o por una apuesta estratégica por un modelo de desarrollo –construyendo una propuesta alternativa– basado en paradigmas como el decrecimiento, el buen vivir o el ecofeminismo?

Mecanismos de control

Moviéndose en esa tensión constante entre regulación y alternativa, entre la posibilidad de instaurar mecanismos de control para limitar el poder de «los mercados» y la urgencia de construir propuestas para avanzar en una transición post-capitalista, es justamente donde se están moviendo la mayoría de las iniciativas que le están disputando la centralidad del modelo socioeconómico a las grandes empresas. Y como apenas existen espacios que no hayan sido colonizados por la lógica de la propiedad privada y el crecimiento económico –dicho de otro modo, en el capitalismo global no hay «afueras»–, buena parte de estas experiencias funcionan mediante una combinación de esa doble perspectiva de regulación y alternativa.

Como parte de una misma propuesta de transición, se trata de combinar las exigencias tanto de mejorar la legislación existente como de crear nuevas normativas a nivel nacional e internacional –en términos de transparencia y rendición de cuentas, de evaluación y seguimiento de las prácticas de las grandes compañías, de una fiscalidad justa que subordine los beneficios empresariales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos, etc.–, que estén dirigidas a los gobiernos e instituciones multilaterales, con la puesta en práctica de proyectos alternativos que, partiendo de renovados paradigmas que no tengan como principio fundamental «el móvil de la ganancia», sean impulsados por las organizaciones de la sociedad civil para ir caminando hacia nuevos horizontes emancipatorios que pongan en el centro la diversidad, la colectividad, la democracia y la sostenibilidad de la vida.

Ambas vías se relacionan de forma dialéctica, teniendo presente que, como afirma Miren Etxezarreta, «no es lo mismo una propuesta, un medio, un instrumento alternativo para resolver un problema específico, que una sociedad alternativa que tiene por objetivo subvertir la existente». Y, además, se construyen dentro de una lógica de proceso, sabiendo que –en palabras de esta misma autora– «la alternativa es el propio proceso de lucha y transformación, un proceso que se tiene que ir construyendo en la vida cotidiana, en la lucha por una sociedad diferente».

Consolidadas y futuras experiencias de cambio

Empresas recuperadas, monedas sociales, finanzas solidarias, comercio justo, cooperativas de consumo agroecológico, proyectos de vivienda comunitaria en derecho de uso, circuitos cortos de comercialización… Hay muchos ejemplos, cada uno en distinto grado y con diversa potencialidad, de cómo es viable organizar las actividades humanas de otra manera, al margen de la lógica de la acumulación capitalista.

Mientras algunos de ellos ya están contribuyendo a disputarle parcelas de poder a las multinacionales, otros están en una fase más incipiente y se constituyen como «laboratorios de experiencias» que, a menor escala, sirven para ensayar prácticas social y ambientalmente responsables, basándose en los principios de la economía solidaria, feminista y ecológica. Como escriben Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, autores de En la espiral de la energía, «de tener éxito, estas pequeñas experiencias crearán los nodos de agregación y copia para la siguiente fase”; serán “los faros imprescindibles, los bancos de prueba».

Pedro Ramiro (@pramiro_), del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Artículo publicado originalmente en Diagonal, nº 254, septiembre de 2015.

Contra la ‘lex mercatoria’

OMAL — Wed, 07 Oct 2015 08:52:00 +0000

Por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (OMAL).- En la lex mercatoria, los derechos de las empresas transnacionales se protegen a través de un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones –los contratos firmados por las grandes corporaciones; las normas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales arbitrales– cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Y, mientras tanto, sus obligaciones se reenvían a las legislaciones nacionales, sometidas a las políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de la capacidad de intervención del Estado –en lo que se refiere a las políticas públicas, no así en el fortalecimiento de los aparatos militares y de control social–; es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las multinacionales.

A la vez que sus negocios por todo el planeta se protegen mediante toda esa “arquitectura jurídica de la impunidad” compuesta por los miles de acuerdos y tratados que conforman el Derecho Corporativo Global, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta una manifiesta debilidad a la hora de proteger los derechos de las mayorías sociales y controlar a las corporaciones transnacionales. Frente a la fortaleza de las normas de comercio e inversiones, la responsabilidad social corporativa (RSC) y los códigos de conducta son fórmulas de Derecho blando (soft law) –normas voluntarias, unilaterales y sin exigibilidad jurídica– para contener el poder de las transnacionales, que remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la “ética empresarial”.

Casos como el de Chevron-Texaco, que ha demandado al Estado ecuatoriano ante tribunales internacionales de arbitraje después de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificase el fallo que lo condenaba a pagar una indemnización a los afectados por la contaminación de la petrolera estadounidense en la Amazonia, o el de la actual negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), con el que tratan de blindarse los derechos de las grandes corporaciones en tiempos de crisis y ante posibles cambios de gobierno, ilustran la asimetría que existe entre el poder de la lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De ahí la necesidad de nuevas normas y propuestas alternativas para controlar a las empresas transnacionales que, justo en sentido contrario, sirvan para poner los derechos de las personas y de los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes compañías.

Hacia normas vinculantes en la ONU

En junio del año pasado, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas adoptó una decisión importante: “Establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Un año después, este grupo ha echado a andar en Ginebra con el objetivo de crear una normativa internacional que obligue a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos.

El proceso de elaboración de una norma vinculante para empresas transnacionales en términos de derechos humanos, eso sí, va a ser largo y costoso.

Frente a la rapidez con que la UE y EEUU negocian los acuerdos comerciales y de inversión –además del TTIP, que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, no hay más que ver todos los acuerdos comerciales que la Unión ha firmado en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica, en breve Canadá)–, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones. Como pudo verse en las primeras sesiones que tuvieron lugar en julio en Ginebra, las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir esta iniciativa, bloqueando la discusión, deslegitimando el debate y eternizando el avance del proceso.

Alternativas al tratado de libre comercio

“Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales.”

Ésta es la premisa central del nuevo mandato de comercio alternativo, un documento elaborado el pasado año por diferentes organizaciones sociales europeas en el que se apuesta “por una nueva perspectiva frente al comercio”. En él se incluyen propuestas alternativas de regulación que tienen en cuenta, entre otros factores, que:

La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.
Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.
Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.
Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.
Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Mecanismos de control y regulación

Ante la negociación del TTIP y otros tratados comerciales y de inversión, es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. No parece que, en los tratados de “libre comercio”, sirva de mucho incluir cláusulas a favor del “desarrollo sostenible” y la “responsabilidad social”, sino que en su lugar habría que incorporar menciones efectivas a favor de los derechos humanos. Como, por ejemplo:

Cambio de paradigma: un comercio de complementariedad, con respeto a los pueblos y a la naturaleza, frente a un comercio basado en la competitividad, la guerra y la destrucción.
Jerarquía normativa: debe haber una primacía de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversiones.
Consultas: que tengan en cuenta a las empresas, por supuesto, pero también a las administraciones públicas, organizaciones sindicales y de consumidores, movimientos sociales, personas y pueblos…
Transparencia: en todo el proceso de tramitación, al menos, como en todo lo que tiene que ver con la tramitación parlamentaria.
Bienes comunes: dejar el agua, la salud, la educación y los servicios públicos fuera de las normas de comercio y situarlos bajo tutela pública y colectiva.
Soberanía judicial: poner fin a los tribunales privados de arbitraje, apostando por establecer instancias y órganos para el control público y ciudadano de las empresas transnacionales.

Obligaciones extraterritoriales

El Estado no debería plantear medidas de asesoramiento e incentivo a las empresas para hacer respetar los derechos humanos en sus actividades, sino de control y sanción; su labor habría de ser la de exigir el cumplimiento de las normas que regulan los mismos. Porque las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley a escala nacional e internacional y, en su caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales y/o administrativas correspondientes.

En esta línea, el Estado español debería aprobar y reformar distintas normas jurídicas en esta dirección y no, como se indica en la reciente Estrategia Española de RSE 2014-2020 y en el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos –aún no aprobado–, implantar un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una normativa de obligado cumplimiento.

Es necesario reafirmar la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos contra las violaciones cometidas por las empresas transnacionales, detallando medidas específicas que los Estados han de asumir al respecto. Para empezar, estas deberían incluir el establecimiento de mecanismos efectivos a nivel nacional para posibilitar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas y las comunidades afectadas. Igualmente, los Estados deben garantizar las obligaciones extraterritoriales de las grandes corporaciones; esto es, que las empresas que tienen su sede principal en su territorio respeten todos los derechos humanos cuando operen en el exterior.

Por un tratado internacional de los Pueblos

Con el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales han elaborado conjuntamente el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales: “Una propuesta alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”.

La idea es que el trabajo colectivo que ha dado lugar a este tratado recoja la experiencia acumulada en la última década, a partir de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales y las instituciones estatales e internacionales que las apoyan. Como se dice en la propuesta del Tratado de los Pueblos, se trata de “construir y analizar el Derecho Internacional ‘desde abajo’, desde los movimientos sociales y desde las resistencias de hombres y mujeres, y no desde las élites económicas y políticas”.

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (@pramiro_), del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Artículo publicado en Diagonal, nº 254, septiembre de 2015.

Más TTIP, más desigualdad

Economistas sin Fronteras — Thu, 17 Sep 2015 07:45:18 +0000

Por Paco Cervera (Economistas sin Fronteras)

A partir del 2004 y tras la publicación por parte de la OIT del A fair globalization. The role of the ILO. Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization (Report 92), la desigualdad pasó a ocupar una posición más central entre las preocupaciones de distintos organismos internacionales. Pero ha sido tras la publicación del libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty que el debate sobre este concepto se ha convertido en tema obligatorio casi en cualquier tertulia, económica o no. Y es que el proceso globalizador, en la forma en que se ha desarrollado, no ha estado exento de disfunciones y entre ellas, el crecimiento de la desigualdad.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, ha pasado a ser un elemento de debate encendido entre partidarios y detractores. Sus partidarios resaltan los efectos positivos sobre la economía y el empleo. Un estudio independiente ‘Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment‘, del Centre for Economic Policy Research de Londres establecía que las mejoras económicas que notaría una familia de cuatro personas rondarían los 545€ al año en ingreso disponible. Las exportaciones europeas crecerían un 6%, teniendo en cuenta que hoy por hoy, diez millones de empleos ya dependen de las exportaciones europeas a EE.UU., se generaría más empleo y mejor remunerado. Al incrementarse la competencia, la teoría económica nos dice que los precios tenderán a bajar, aspecto beneficioso para los consumidores, junto al incremento en las posibilidades de elección. Se estima que la economía crezca entre un 0.2 y 0.5% extra anualmente. Y es que este acuerdo pretende relajar, más si cabe, las restricciones comerciales que existen entre los EE.UU. y la UE, llegando a plantear un proceso de homogeneización de legislaciones actuales y futuras. Aunque no sólo esto, sino que también espera que se produzca un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) a ambos lados del Atlántico. Para ello, establece la creación del conocido, y polémico, ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o tribunal (privado) de resolución de conflictos entre la parte inversora y los estados que reciben la inversión. Por tanto, es necesario preguntarse si este acuerdo, basado en la institucionalización del proceso globalizador, va a tener efectos sobre la desigualdad económica en nuestras sociedades.

A pesar de que el mensaje más repetido (tienen mucho poder los TINA’s) es el que afirma que el comercio mundial y demás componentes de la globalización han reducido la desigualdad, un repaso de la literatura sobre el efecto que tiene la liberalización del comercio y de la IED sobre la desigualdad nos habla de efectos contradictorios. Todo ello consecuencia de las diferencias en cómo se mide la desigualdad, de si se dispone de datos suficientes en cantidad y/o en calidad, así como se realice la estimación, ponderando el peso poblacional y de la forma en que se homogeneizan los datos a una moneda común.

¿Puede incrementar la desigualdad económica la apertura total al comercio?

Antes de responder a la cuestión me gustaría puntualizar que quizás el efecto de esta apertura, en cuanto al TTIP, sea limitado. En este sentido ya existe mucha interconexión entre ambos mercados, aunque en determinados sectores sí que puede ser importante.

Lo que sucede cuando dos mercados entran en contacto es que tienden a especializarse en aquellas producciones en las que tienen ventajas competitivas. Como consecuencia de estas especializaciones se van a producir cierres de ciertas empresas con el consiguiente aumento del paro. Los TINA’s suelen argumentar que este paro es friccional y que tenderá a desaparecer en el medio plazo, pues será absorbido por aquellas industrias con ventajas competitivas. Todo este razonamiento me genera una duda y es, si ese medio plazo no será demasiado largo para una sociedad con un 20% de paro. Seguidamente me planteo si este paro friccional va a recibir una ayuda social (digna) mientras no encuentran trabajo. La duda es mayor pensando en las tendencias actuales en política de empleo mucho más favorable a medidas activas que a pasivas.

En cuanto a la relación entre IED y crecimiento económico es claramente positiva y además, es un factor muy importante en la reducción de la pobreza. Pero, deja muy desprotegidas a las sociedades, pues exigen desregulaciones en aquellos sectores a los que se dirijan, lo que también provoca una mayor exposición a las crisis. Si se quiere captar inversión se va a tener que renunciar al Estado de Bienestar como se conoce hasta ahora. Los inversores van a exigir mayor control de las políticas públicas.

Si entendemos que mucha de la inversión se produce para obtener ventajas en costes, entonces, si queremos obtener un mayor flujo de dinero en nuestro país vamos a tener que hacer lo mismo que en el resto pero más barato. No planteo en ningún momento las ventajas en tecnología pues estamos hablando de dos zonas desarrolladas. En cambio, los capitalistas (los grandes) podrán mover sus inversiones buscando un mayor rendimiento. En conjunto, provocará un aumento de las desigualdades entre capitalistas y asalariados, pero también entre grandes capitalistas y pequeños. En un especial del Equal Times sobre el TTIP se explica el caso de México y los efectos que el NAFTA-TLCAN supuso para los agricultores mexicanos y las maquiladoras. El Gobierno mexicano vio un incentivo para aumentar las inversiones americanas en frontera mantener los salarios bajos. Salarios bajos que no han permitido disminuir, más bien se ha incrementado, la desigualdad en esa zona. Felipe Calderón, ex presidente mexicano arremetió contra los derechos laborales con varias reformas y continuos ataques a los sindicatos y sindicalistas que se opusieron a las reformas.

Es lógico pensar que de la forma en la que se está construyendo el TTIP, los países europeos, con mayor probabilidad los que sufrimos un mayor desempleo, entremos en una competición a la baja en cuanto a derechos e impuestos. Ante lo cual, que el crecimiento económico que pueda provocar este acuerdo, sea redistribuido de manera socialmente justa es francamente improbable. Se pretende sólo proteger a los grandes inversores (con el ISDS), pero ¿dónde quedamos los demás grupos de la sociedad?

A pesar de asegurar desde fuentes políticas que no se permitirá esta competición entre estados no se han establecido mecanismos, al menos no se conocen, para evitarla. Es más, en relación a los sindicatos, protectores de los derechos laborales (constitucionalmente en algunos Estados), se les otorga un papel residual en todo el acuerdo, relegándolos a una especie de ONG. Pero, ¡cuidado! Quitar poder al sindicalismo conlleva rebajas en sueldos (muchas personas única fuente de renta) y, por supuesto, menos derechos.

La inversión provocará una fuerte competencia entre países de la UE, pero no nos olvidemos que dentro de los propios países se van a acentuar las desigualdades entre territorios. La IED no se localiza de forma homogénea en todo el territorio. En España, son La Comunidad de Madrid y Catalunya las principales receptoras. Esta desigualdad entre territorios si se intenta subsanar con una mayor solidaridad interterritorial puede alimentar, más si cabe, los sentimientos nacionalistas de determinadas zonas del Estado.

Todos estos procesos, así como sus consecuencias, no son casualidades divinas sino que proceden de decisiones de quienes nos gobiernan, y por tanto, reversibles. Si deseamos un mundo más igual es posible, con voluntad. La colaboración, y no la competición, entre países es la solución. Establecer medidas fiscales, salarios mínimos iguales junto a demás políticas de empleo para toda la UE, podría frenar la hipotética, pero probable, competición hacia una mayor desigualdad. ¿Se está negociando? Parece que no.

Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales

OMAL — Thu, 10 Sep 2015 14:13:51 +0000

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL). Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XX, no dejarían de mostrar su asombro ante el poder acumulado hoy en día por las empresas transnacionales. Es más, podríamos llegar a afirmar que el mismísimo Karl Marx (que no fue ni mucho menos ajeno a las dinámicas de centralización y concentración del capital) se quedaría perplejo si pudiera visualizar la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han alcanzado en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que vivimos en este mundo globalizado.

Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington (desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.

De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).

Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.

Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.

Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.

Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.

El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.

En el centro del conflicto capital-vida

La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. Sistema y trasnacionales son por tanto hermanas siamesas imposibles de separar: éstas no sobrevivirían sin un modelo de sociedad que no primara los valores civilizatorios del lucro, ganancia, competencia y acumulación; mientras que el sistema no se podría trascender sin enfrentar explícitamente a las transnacionales. Su devenir camina entonces por la misma senda.

Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.

Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.

Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.

Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.

Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?

Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.

Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.

Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.

No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.

Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.

Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:

asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
redistribución igualitaria de los recursos;
democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
reconocimiento de economías diversas;
fomento de economías no capitalistas;
apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación.

Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Euskaraz: “Transnazionalei boterea, izaera eta jakintza kentzeko alternatibak” >>

Este artículo ha sido publicado originalmente en Pueblos, nº 66, tercer trimestre de 2015.

NOTAS:

[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).

[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).

[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.

[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.

La enseñanza de la economía

Economistas sin Fronteras — Sun, 19 Jul 2015 16:52:53 +0000

Por Juan A. Gimeno (Economistas sin Fronteras)

Hace unos días, tuve la suerte de participar en un debate en el Colegio Vasco de Economistas, con motivo de la presentación del dossier de Economistas sin Fronteras dedicado a “La enseñanza de la economía”. Fue muy interesante intercambiar pareceres con docentes de economía y de empresa, de universidad y de enseñanza secundaria, con teóricos y con profesionales en ejercicio, con profesores y estudiantes. Se han emplazado para seguir debatiendo a la vuelta del verano.

El tema es relevante porque cómo se enseñe la economía moldea y condiciona la mentalidad de las próximas generaciones. El movimiento estudiantil “International Student Initiative for Pluralist Economics” viene denunciando el empobrecimiento progresivo del plan de estudios y exige que el mundo real vuelva a entrar en las aulas y vuelvan el debate y el pluralismo de teorías y métodos.

La ciencia económica, que nació de los filósofos sociales, ha ido evolucionando hacia la matemática, en un intento de ser tan exactos como físicos y químicos. Pero nuestro prestigio científico ha caído por los suelos ante los reiterados fracasos en las predicciones, la ausencia de auténtico debate científico y la notoria carga ideológica dominante. ¿Puede considerarse ciencia una disciplina en la que la falsabilidad de las teorías resulta inútil y conviven visiones encontradas e incompatibles? ¿Qué rigor científico es defendible cuando pueden recibir el premio Nobel, incluso simultáneamente, teóricos que defienden ideas opuestas?

En el campo teórico, la ortodoxia la define la escuela neoclásica, incluyendo a parte de los economistas neokeynesianos. La corriente crítica opuesta más numerosa la componen los postkeynesianos y neoricardianos. Y con importancia numérica mucho menor encontramos a su “izquierda” a los economistas marxistas y a su “derecha”, a los economistas de la escuela austríaca.

Sin embargo, los programas docentes en Economía se restringen, habitualmente, sólo y exclusivamente a la exposición del paradigma neoclásico dominante, haciéndolo además de una manera simplificada. La investigación está mediatizada y limitada desde la ortodoxia.

En esta ortodoxia, las limitaciones matemáticas y econométricas empobrecen el análisis dejando fuera variables decisivas, la ausencia de problemas sociales invalida de raíz la mayor parte de las investigaciones, el irrealismo de los supuestos no impide dogmatizar sobre las consecuencias extraídas a partir de ellos, la famosa cláusula del caeteris paribus justifica las desviaciones que después se observan en la realidad, la endogamia y la prepotencia científicas impiden enriquecerse con las aportaciones de otros enfoques y de otras ciencias sociales, la ausencia de autocrítica esconde una ideología evidente que actúa en defensa del status quo y huye de preocupaciones relacionadas con la desigualdad.

Además, buena parte de los análisis de la realidad económica no se han adaptado al cambio sustancial experimentado por la actividad económica. Hemos pasado de una economía real a una economía financiera, en la que las variables reales se desvanecen, en las que el poder de la información y la comunicación se convierten en variables decisivas. Los equilibrios conocidos resultan inútiles cuando el control de los acreedores sobre los deudores se convierte en el factor decisivo de las relaciones sociales y económicas y la riqueza mundial está concentrada cada vez en menos manos.

Es obligada una revisión que vaya superando modelos basados en equilibrios y en ausencia de aspectos sociales por otros que reconozcan que, al final, solo podemos entender y explicar la economía como un escenario de lucha permanente.

Los mercados reales no responden a la competencia perfecta sino a una competencia imperfecta caracterizada por la lucha por el poder monopolístico. La distribución de la renta es el resultado de una lucha de grupos y clases. El mayor o menor intervencionismo público es una lucha política con un peso esencial de los grupos de interés. Las finanzas responden al enfrentamiento entre acreedores y deudores con un grupo dominante que posee el patrimonio global. El comercio internacional es una lucha en la que se enfrentan unos países entre sí, y donde las grandes empresas y conglomerados financieros imponen sus puntos de vista. El crecimiento del norte se ha realizado siempre a costa del subdesarrollo y la explotación de los recursos del Sur. Es difícil encontrar un problema económico que pueda explicarse sin poner la lucha de intereses en la base del análisis.

Necesitamos, pues, una revisión profunda de qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Debemos incorporar un cambio radical de enfoque que ponga el acento en los desequilibrios más que en el equilibrio, en los aspectos sociales más que en los matemáticos. Es imprescindible romper con el monolitismo y aceptar la existente pluralidad de enfoques, desde el reconocimiento de que todos tienen algo que aportar al mejor conocimiento de la realidad.

Como ciencia social, es preciso que la economía se abra sin miedo a la colaboración con otras ciencias afines, convirtiendo la interdisciplinariedad en la norma. Precisamente porque en el análisis económico la asepsia es prácticamente imposible, es imprescindible la transparencia ideológica, el reconocimiento previo de nuestro punto de partida. La humildad, la consciencia de lo parcial de cualquier perspectiva aislada, nos ayudarán a completar el puzle del conocimiento de la compleja realidad social.

Es necesaria una revisión de incentivos a los docentes e investigadores de forma que se prime el debate, la pluralidad y el espíritu crítico, frente a la actual penalización de la discrepancia. Los economistas puros deben olvidar su actitud despreciativa a los centrados en el ámbito empresarial.

Y debe incorporarse la ética. Un componente esencial de cualquier profesional pero que ha estado ausente en la formación de nuestros economistas. Necesitamos que se conozca y se asuma profundamente un código deontológico como el que algunos Colegios de Economistas han incorporado ya formalmente.

Los economistas no han de formarse como tiburones sin escrúpulos. Porque nuestra ciencia, por definición, es la que pretende estudiar cómo garantizar la satisfacción de las necesidades humanas. Aristóteles distinguía la Economía como ciencia de la recta administración y la Crematística, como conjunto de ardides y estrategias de adquisición de riquezas. Quizás hemos formado, especialmente en las “escuelas de negocios”, más “crematísticos” que “economistas”.

En esa línea, José Luis Sampedro nos decía que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Creo que solo los segundos merecen ser llamados economistas. Es nuestra responsabilidad formarlos adecuadamente.

La insostenibilidad de la deuda griega

Economistas sin Fronteras — Mon, 06 Jul 2015 17:05:48 +0000

Por Silvana Vega (Economistas sin Fronteras)

La presentación de las Conclusiones del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha tenido un invitado inesperado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha colado por la ventana para dar un total respaldo a los resultados presentados por el grupo de expertos internacionales convocado hace tres meses por la presidenta del Parlamento heleno, Zoe Konstantopoulou.

Horas antes de iniciada la Mesa Redonda, todos los medios de comunicación daban a conocer un informe preliminar del FMI en el que se confirmaba la insostenibilidad de la deuda griega, así como la urgencia de una quita. Además, el Fondo había calculado en más de 50 mil millones de euros las necesidades financieras para sacar adelante el país.

Lo que no había conseguido el Comité de la Verdad, que inició la difusión de los resultados de la auditoría a la deuda griega hace más de 15 días, lo logró el FMI en menos de unas horas: todos los medios de comunicación a nivel mundial se hacían eco de la necesidad de una reestructuración de la deuda helena.

Según Daniel Munevar, asesor del exministro de Economía Yanis Varoufakis y miembro del Comité de Verdad, el Eurogrupo no basa sus criterios de exigencia del pago de la deuda en un enfoque técnico sino político, ya que desde hace años la opinión técnica de los negociadores coincide en que la actual situación de insolvencia es producto del programa de rescate basado en la austeridad.

“Existen divisiones internas dentro de las instituciones y, lamentablemente, Grecia está siendo utilizada como un peón en el ajedrez político europeo, desestimando las necesidades y sacrificios del pueblo griego desde que se iniciaron las políticas de austeridad”, ha dicho Munevar.

Junto a Munevar, en la Mesa Redonda, han participado Diego Borja, exministro de Finanzas y director del Banco Central de Ecuador cuando este país no pagó la deuda; Daniel Albarracín, participante de la Comisión de Auditoría Griega y miembro de Podemos; así como Guiomar Morales, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).

Diego Borja ha señalado que los líderes europeos quieren hacer escarmentar a Grecia para impedir que surja una integración europea no neoliberal. En un claro apoyo a Grecia en la salida del euro, Borja ha puesto el impago de la deuda ecuatoriana como ejemplo de éxito. “En mi país nos criticaron, nos metieron miedo y, al final, conseguimos no pagar la deuda y prosperar. Ahora el Wall Street Journal nos da la razón», ha agregado.

Ciñéndose a las recomendaciones de la auditoría, Daniel Albarracín ha dicho que es necesario el impago selectivo de la deuda, así como aplicar medidas monetarias alternativas que permitan hacer frente el pago de funcionarios y pensionistas. Además, ha dicho que Grecia debe empezar a establecer relaciones internacionales con otros países dentro y fuera de la Unión Europea, y crear un nuevo Banco Central y una nueva moneda.

En la Mesa Redonda, organizada por la PACD, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), la Confederación General del Trabajo (CGT), Economistas sin Fronteras y Ecologistas en Acción, Morales ha considerado oportuno tener en cuenta la experiencia del Comité de la Verdad y ha propuesto realizar una auditoría a la deuda española.

La banca y sus sombras

Antonio Sanabria — Sun, 14 Jun 2015 16:32:07 +0000

Este artículo fue publicado en la versión impresa del periódico Diagonal.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía de los riesgos de la “banca en la sombra”, o shadow banking en inglés. Las alarmas sobre este sector no son nuevas y, de hecho, el propio término ha ganado protagonismo sólo tras el comienzo de la actual crisis económica en 2007. Entre otras cosas porque una parte importante de la crisis financiera iniciada en Estados Unidos se gestó precisamente en esa banca en la sombra.

¿Qué es la “banca en la sombra”?

No existe consenso ni siquiera a la hora de demarcar con precisión este concepto, lo que da una primera idea de su complejidad. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), institución creada tras la crisis para coordinar la supervisión y estabilidad financiera internacional –con la fe de conseguirlo algún día–, define el sistema de banca en la sombra como toda intermediación crediticia conformada por entidades y actividades fuera del sistema bancario tradicional. Dicho de otro modo, sería cualquier entidad que realice actividades de crédito pero sin ser un banco. Cabe advertir que, pese a lo tenebroso del nombre, no se trata de actividades necesariamente ilícitas, sino que quedan fuera de la regulación bancaria.
Esta definición del FSB es un tanto vaporosa, puesto que incluye una cantidad enormemente amplia de actividades de intermediación. Asimismo, hemos de considerar que, en realidad, la separación entre sector tradicional e intermediación no bancaria es muy difusa, dada la imbricación entre ambos, ya que la banca tradicional también participa de este tipo de actividades en la sombra. Esto, unido a la constante innovación del sector con una ilimitada variedad de operaciones de crédito, complica mucho su definición.

¿Qué importancia tiene la banca en la sombra en el conjunto del sistema financiero?

Como es difícil definir bien qué es exactamente banca en la sombra, las cifras sobre su peso relativo en el conjunto de las finanzas tampoco son muy precisas. El FSB, en su último informe anual, estima que el sector de intermediación financiera no bancaria alcanzó en 2013 un volumen de activos superior a los 75,2 billones de dólares (unos 67 billones de euros). Esto representa cerca del 25% de activos financieros totales.
Se trata de un sector, además, en continua expansión pese a la crisis, o quizá precisamente por ella, con tasas de incremento superiores al 7% anual en 2012 y en 2013. Aunque menor en cuanto a peso relativo, destaca el crecimiento de la banca en la sombra de China, que registra un crecimiento exponencial, con tasas del 40% en 2013.

¿Por qué puede ser un problema serio?

La grave amenaza que supone la banca en la sombra es la conjunción entre riesgo crediticio y su falta de regulación. El riesgo de crédito, relacionado con posibles impagos, supone un peligro potencial por su posibilidad de contagio generalizado. Es por ello que la actividad bancaria está muy regulada y supervisada. Los bancos, por ejemplo, son obligados a respaldar algunos créditos con unas determinadas garantías, su capacidad de financiación está limitada según su volumen de activos, se les exige mantener “colchones” de capital para tener recursos con los que responder a posibles impagos… Todo ello no evita, como sabemos, que los bancos ocasionen nuevas crisis debido a sus prácticas abusivas, excesiva cercanía con el regulador (baste recordar que el actual presidente de la patronal bancaria es un antiguo supervisor del Banco de España), etc. Pero si todas estas malas artes pueden pasar en un sector altamente supervisado, qué no podrá suceder en otro dedicado a lo mismo pero fuera de control. Tal escasa o nula regulación ofrece mayor capacidad de endeudamiento y con ello mayores beneficios potenciales. Pero ese mayor riesgo de crédito y las interrelaciones con el conjunto del sistema financiero hacen que pueda convertirse en un riesgo sistémico.

Entonces, ¿por qué sigue existiendo y creciendo?

En momentos de mayores exigencias sobre las entidades financieras estándar como en la actualidad, la banca en la sombra se convierte en alternativa para obtener crédito. Ése es un motivo de que crezca pese al contexto de crisis. Y eliminarla, por tanto, podría acentuar la recesión. Pero más allá de esas cuestiones, la banca en la sombra es una consecuencia estructural del propio patrón económico vigente. La dinámica del capitalismo moderno está propulsada por el crédito. Escapar a la regulación que lo limita forma parte misma de la esencia del sistema. El sector bancario tradicional se muestra crítico y advierte de que el shadow banking será origen de la próxima crisis. Es normal su preocupación, en la medida en que ese sector le hace competencia, además de que los riesgos en que incurre la banca en la sombra pueden acabar por contagiarlo. Pero la propia banca tradicional participa activamente en ese sector, pues le permite mantener pasivos fuera de su balance contable o derivar en otros su riesgo de crédito. Es lo que pasó, conviene recordar, con las hipotecas subprime en Estados Unidos. Y es lo que hace la banca europea, mucho más implicada todavía en la banca en la sombra que la estadounidense. En realidad, con esas críticas se pide también al regulador que relaje sus controles.
El problema de la banca en la sombra es finalmente el problema mismo de una dinámica económica guiada por el endeudamiento privado en un contexto de liberalización de los mercados internacionales de capitales y economía financiarizada.

Publicado en el periódico Diagonal (25/05/15).

Un semestre decisivo para el desarrollo

Economistas sin Fronteras — Sun, 14 Jun 2015 11:15:03 +0000

Por María Eugenia Callejón (Economistas sin Fronteras). En los próximos seis meses van a tener lugar tres eventos mundiales, promovidos por Naciones Unidas, cuyos resultados serán decisivos para nuestro futuro común y el del planeta. El primero de ellos, la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio. El segundo, del 25 al 27 de septiembre, la Cumbre de Naciones Unidas para la Adopción de una Agenda Post-2015 de Desarrollo. Finalmente, del 30 de noviembre al 11 de diciembre tendrá lugar en París la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como Cumbre del Clima o COP21.

Ya es ampliamente reconocido que el actual modelo de desarrollo capitalista no funciona, que está provocando un aumento sin precedentes de las desigualdades, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático. Estas tres cumbres mundiales deberían aportar firmes resoluciones que permitieran revertir las actuales tendencias y encaminar el desarrollo hacia un modelo equitativo y sostenible, basado en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la sostenibilidad medioambiental. Un enorme reto para la tan necesaria gobernanza global.

De estas reuniones al más alto nivel político surgirá la agenda internacional de desarrollo que marcará las prioridades colectivas para los próximos años, comprometiendo a todos los países. Asimismo, deberá definirse de qué manera se financiarán los objetivos de esta agenda, pero también es necesario alcanzar acuerdos sobre «cuestiones sistémicas» con gran impacto en los países en desarrollo, y desarrollados, como son la arquitectura financiera internacional, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad internacional, el comercio y la inversión directa extranjera.

El primero de estos eventos, en el que se tratarán estas cuestiones sistémicas, será la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En estos días, del 15 al 19 de junio, tienen lugar en la sede de Naciones Unidas la tercera y definitiva sesión preparatoria de la conferencia, en la que se negocia a nivel intergubernamental el documento final que se aprobará en Adís Abeba.

Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil han vendo participando en el proceso preparatorio de la conferencia, con el objetivo de influir en las negociaciones y garantizar que se abren nuevos caminos en una serie de cuestiones, como la lucha contra los flujos financieros ilícitos y la cooperación fiscal global. En este sentido, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, integrada por redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, ha puesto en marcha la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio 2015, coincidiendo con esta ronda final de negociaciones en Naciones Unidas, con el objetivo de presionar a favor de un sistema fiscal internacional más justo. Para ello, la sociedad civil propone la creación de un nuevo órgano fiscal intergubernamental dentro de las Naciones Unidas en el que participen, en igualdad de condiciones, todos los Gobiernos y no solo sean los más ricos –como sucede en la actualidad– los que definan las normas fiscales internacionales. Este nuevo órgano fiscal debería tener un mandato amplio que incluyera las siguientes cuestiones: la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios por parte de empresas transnacionales; los tratados de inversión y acuerdos fiscales; los incentivos fiscales; la tributación de las industrias extractivas; la transparencia sobre los beneficiarios finales; los informes financieros desglosados país por país; y el intercambio automático de información tributaria.

Otras demandas fundamentales de las organizaciones de la sociedad civil para esta Conferencia, según el documento Las negociaciones sobre financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, respaldado por 137 organizaciones, son los siguientes:

En relación con la inversión extranjera directa y otras corrientes internacionales de capitales privados, dado que la regulación de la cuenta de capital es una herramienta política fundamental para todos los países, se propone la eliminación en todos los tratados de comercio e inversión de cualquier obstáculo a estas políticas de regulación. Asimismo, se pide el reconocimiento de los inconvenientes de utilizar instituciones y recursos públicos para apalancar financiación privada para el desarrollo.

En el ámbito del comercio internacional, se demanda una revisión profunda de todos los acuerdos comerciales y tratados de inversión, con el fin de identificar áreas que pudieran limitar la capacidad de los países en desarrollo para evitar y gestionar las crisis, regular los flujos de capital, proteger el derecho al sustento y al trabajo digno, aplicar una tributación justa, brindar servicios públicos esenciales y garantizar el desarrollo sostenible. Por otra parte, se precisa una revisión de los regímenes de derechos de propiedad intelectual que han sido introducidos en los países en desarrollo mediante los tratados de libre comercio, para identificar cualquier impacto adverso sobre la salud pública, el medioambiente y el desarrollo tecnológico, entre otras áreas.

Con respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y otros apoyos públicos internacionales al desarrollo, se propone establecer calendarios vinculantes para cumplir los compromisos de entregar 0,7% del INB en AOD; garantizar que la AOD sea una transferencia genuina, poniendo fin a la ayuda ligada, eliminando los costes asumidos dentro de los países donantes y el alivio de la deuda, entregando la mayor parte en forma de donaciones y reformando los préstamos concesionales (blandos) para que reflejen sus costes reales para los países socios. También se propone implementar un impuesto a las transacciones financieras internacionales y utilizar los ingresos para financiar el desarrollo sostenible.

Por lo que se refiere a la deuda externa, se reafirma la necesidad de acordar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana en un foro neutral y garantizar que dicho marco sea amplio, se base en un enfoque de necesidades humanas, obligue a acreedores y deudores a rendir cuentas por conductas irresponsables y otorgue a todas las partes el derecho a ser escuchadas. Asimismo, se propone la realización de auditorías de la deuda independientes para examinar las deudas existentes de acuerdo a normas financieras responsables, incluso examinando la legitimidad de la deuda, con compromisos de cancelación de aquellas que se consideren ilegítimas.

En cuanto a temas sistémicos como la reforma de la gobernanza global y del sistema monetario mundial, se propone el establecimiento de un Consejo Mundial de Coordinación Económica en Naciones Unidas que ejerza el liderazgo en temas económicos, y la emisión de 250 mil millones de dólares anualmente en Derechos Especiales de Giro (DEG), cuya mayor parte vaya a los países en desarrollo.

Otros temas importantes que se ponen de relieve en el citado documento son: la necesidad de contemplar otros enfoques para medir el progreso más allá de los indicadores económicos de corto plazo, como el Producto Interior Bruto (PIB), para incluir mediciones del bienestar social y medioambiental; el desarrollo de una iniciativa sobre normas de financiación responsable; la incorporación de las amenazas y oportunidades específicas para los derechos de las mujeres de los distintos mecanismos de financiación del desarrollo; y el impulso en la reforma de la regulación financiera y del sector financiero internacional tal y como se formuló en la olvidada Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2009.