Sin embargo, el drama que viven las personas refugiadas se encontraba ahí mucho antes de que lo viéramos en las pantallas: conflictos olvidados y realidades silenciadas han empujado (y siguen haciéndolo) a personas de muy diferentes procedencias en el mundo a buscar la protección a la que tienen derecho en terceros países.

Los medios de comunicación, muchas veces orientados a describir la crisis humanitaria en términos de avalancha, otras veces enfocados a describir casos individuales de “víctimas” o “héroes”, muchas veces fallan en ayudarnos a entender la diversidad dentro las personas percibidas y transmitidas como “masa”, y de las diferentes realidades de las personas que huyen de amenazas también cada vez más diversas. Por eso hoy me gustaría abordar la realidad de las personas LGTB demandantes de asilo.

La persecución a las personas LGTB en el mundo y su derecho a la protección internacional

En muchas partes del mundo hay personas que son víctimas de la persecución y la violencia simplemente por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género: según el informe de CEAR El camino hacia una vida digna, al menos 76 países mantienen leyes de criminalización y hostigamiento contra personas con motivo de su orientación sexual e identidad de género, incluidas las que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos.

Esta violencia hacia la comunidad LGTB no sólo se produce en contextos de violencia generalizada o conflicto armado: en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de 594 asesinatos de personas LGTB entre enero de 2013 y marzo 2014 motivados por prejuicios en los 25 estados miembros de la Organización de Estados Americanos. De acuerdo con el Observatorio sobre el Asesinato de Personas Trans, que está coordinado por el grupo de derechos LGTB Transgender Europe, más de 1.700 personas transexuales han sido asesinadas en 62 países entre 2008 y 2014, lo que es equivalente a un asesinato cada dos días

En teoría, las personas que huyen de sus países de origen por estas causas deben siempre tener acceso a protección internacional como refugiadas, o ser consideradas como beneficiarias de otras formas de protección complementaria en los países de asilo. El Articulo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre estipula que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Aunque no existe en este artículo una mención explicita a la orientación sexual o identidad de género, la posterior legislación internacional en materia de protección sí se ha hecho eco en diversos textos legales de la necesidad de contemplar soluciones concretas a amenazas específicas a la seguridad e integridad de las personas LGTB. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de la creciente sensibilidad en esta materia por parte de ciertos países que conceden asilo y del creciente número de medidas internacionales y nacionales contra la discriminación de las personas LGTB solicitantes de asilo, existen aún graves deficiencias y disparidades que vulneran su derecho la protección internacional.

ACNUR estima en 42 el número de Estados que han concedido asilo a personas con temores fundados de ser perseguidos por su identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en 2015 considera que “los Estados de acogida no siempre cumplen las leyes internacionales” en cuanto a la protección de las personas LGTB. En muchas ocasiones, la política de concesión de asilo se basa casi en exclusiva en el papel desempeñado por funcionarios encargados de la valoración de casos, que pueden realizar su labor de forma arbitraria o desigual. Esta situación muchas veces perjudica a las personas LGTB solicitantes de asilo, tal y como sostiene el informe Fleeing homofobia, publicado por la organización holandesa COC. La investigación concluye que las personas LGTB que buscan protección internacional se ven afectadas negativamente por el Acuerdo de Dublín, según el cual solo un estado revisa las solicitudes de asilo: entre los países europeos existe una gran diferencia en cuanto a la legislación sobre los derechos de las personas LGTB. Existe además una gran variedad en los procedimientos aplicados para examinar las solicitudes de asilo, y muchas veces las autoridades encargadas de realizar esta labor desarrollan su cometido en base a estereotipos y prejuicios a la hora de examinar las solicitudes de personas LGTB. La organización concluye que, en muchas ocasiones, el carácter fundamental de los más esenciales derechos humanos de las personas LGTB es a menudo anulado.

Una de las argumentaciones más habituales empleadas a la hora de denegar solicitudes de asilo a personas LGTB es la idea de que pueden volver a sus países de origen “porque pueden evitar la persecución escondiendo su identidad” o mudándose a otra región donde nadie conozca su identidad sexual. Otras prácticas disuasorias empleadas para evitar la concesión de protección internacional a personas LGTB es la realización de interrogatorios intrusivos y pruebas médicas supuestamente diseñadas para revelar la orientación sexual del solicitante. Uno de los casos mediáticos más relevantes en este sentido fue el protagonizado por Aderonke Apata, una activista lesbiana de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que huyó de su país, Nigeria, para solicitar asilo en Reino Unido. Al igual que le sucede a muchas personas LGTB, Aderonke vio cuestionada su orientación sexual con argumentos tan peregrinos como que “no podía ser lesbiana porque había tenido hijos”. Afortunadamente, una resolución del 2 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a los Estados que abandonaran estas prácticas intrusivas.

Las personas LGTB que finalmente acceden a protección internacional en países de acogida, muchas veces están lejos de dejar de sufrir la persecución y la violencia. En ocasiones, siguen siendo víctimas de la discriminación en los centros de detención, albergues, o en reasentamientos en comunidades que no les ofrecen la seguridad que buscaban cuando huyeron de sus países, debido a que sufren el acoso de la comunidad receptora, y también de la de pertenencia. Otras veces, son las administraciones públicas las que no previenen la discriminación por motivos de orientación o género en las alternativas habitacionales que ofrecen a refugiadas/os. Casos como los acaecidos en Holanda y el Reino Unido demuestran que el acoso y el abuso que sufren las personas LGTB solicitantes de asilo en centros de detención, albergues y otras medidas de alojamiento es una realidad que hay que considerar a la hora de garantizar la protección que estas personas necesitan.

Afortunadamente, existe una creciente preocupación por parte de la sociedad civil y las administraciones públicas por hacer frente a la necesidad de personas que son doblemente perseguidas. Existen cada vez más recursos específicos para las personas LGTB solicitantes de asilo, entre los que cabe destacar los siguientes:

• Guía para refugiad@s queer de la organización alemana LSVD: esta web contiene información legal en cuanto al proceso de solicitud de asilo, adaptada a las necesidades y casos que sufren las personas LGTB que buscan refugio en Alemania.
• Stronger together: una guía práctica destinada a solicitantes de asilo LGTB en Estados Unidos.

Aparte de estas publicaciones, me gustaría acabar este artículo destacando que la adopción de medidas de protección internacional sensibles a la diversidad es posible y tiene un impacto real en la vida de personas que son víctimas de la persecución y la violencia en múltiples dimensiones: la apertura de un albergue destinado a refugiados/as LGTB en Berlín constituye el perfecto ejemplo de que es posible adaptar los estándares de protección que podemos ofrecer a las necesidades de seguridad que cada solicitante de asilo pueda necesitar.

Leo la definición que acabo de teclear (una persona que puede sentirse atraída por otra persona sin importar su sexo), y no me parece estar escribiendo nada extraño, incomprensible o alejado del entendimiento humano. Sin embargo, la realidad nos lleva a constatar que las personas bisexuales son objeto de una gran incompresión, y de un tipo de discriminación muy específica, proveniente tanto de la comunidad LGTB como de la sociedad en general. “Es sólo una fase”, “está confundida”, “está indeciso”, son expresiones muy habituales con las que se suele “absolver” a las personas bisexuales cuando nuestra visión monolítica o binaria del sexo no nos permite encajar unas preferencias sexuales que no encajan en las (pocas) casillas mentales con las que contamos a la hora de clasificar algo tan vasto e “inetiquetable” como es la afectividad y la sexualidad. En este caso, al menos la incomprensión no incluye una intencionalidad perversa por parte de la persona bisexual, una característica que sí caracteriza otros tipos de discriminación: lo ejemplifican perfectamente frase del tipo “lo que pasa es que son más viciosos”, “son personas más crueles”, o mi favorita de todos los tiempos, “en algún momento te será infiel porque siempre va a haber algo que no le vas a poder dar”. Ésta última es maravillosa, porque como es de tod@s sabido, en las relaciones hetero y homosexuales nunca se producen infidelidades ni se acaba el amor, y absolutamente todo lo que te gusta, atrae y necesitas lo puedes encontrar en la otra persona.

A pesar de los avances que se han producido en el avance de derechos de la comunidad LGTB, sigue existiendo esta incomprensión, fruto en gran parte de la invisibilidad: a pesar de que según ciertas estadísticas, al menos la mitad de la población gay y lesbiana de los Estados Unidos se autodefine como bisexual, lo cierto es que su visibilidad queda muchas veces oculta por la incomprensión, o simplemente, la visión reduccionista sobre la sexualidad en la que la mayoría de nosotr@s hemos sido educad@s. La prueba es que si vemos una pareja por la calle de dos chicas o dos chicos, o chicos o chicas, pensaremos que son “una pareja homosexual” en los dos primeros casos, o “una pareja heterosexual” en el segundo, satisfaciendo cerebralmente la necesidad de “clasificar” la realidad que nos rodea. Este ejemplo, si bien muy simple seguramente, sirve para ilustrar por qué la bisexualidad no se nos presenta como una posibilidad para percibir a una determinada persona en primer lugar. La falta de visibilidad de las personas bisexuales, a diferencia de lo que sucede con gays, lesbianas y transexuales, es el principal motivo para que aún no se hayan roto los estereotipos que les estigmatizan.

Esta situación, lógicamente implica que muchas personas bisexuales se sientan incomprendidas y aisladas tanto de su entorno heterosexual como en su interacción con gays y lesbianas. Y es que para much@s la bisexualidad no está considerada por muchas personas como una orientación “legítima” o “real”. Este hecho conlleva un aislamiento que deriva, muchas veces, en vectores de discriminación y exclusión que les afectan específicamente, o bien aumentan cuando se combinan con otros factores, como el sexo, la edad o la etnia.

La relación entre bisexualidad y exclusión, en datos

Para poder ejemplificar algunas de estas vertientes de exclusión, y también para aportar mi granito de arena en la visibilidad bi, he recurrido a algunos estudios y encuestas. Reflejo aquí algunos datos que me han parecido interesantes:

• Las mueres bisexuales están más expuestas a la violencia sexual debido a los estereotipos asignados a su identidad sexual: en Estados Unidos, el 46% de las mujeres bisexuales participantes en un estudio sobre sexualidad y agresiones sexuales revelaron haber sufrido violencia, acoso o violación por parte de su pareja, frente al 17% de las mujeres heterosexuales y el 13% de las lesbianas.
• Un estudio realizado en Reino Unido reveló que tan sólo el 33% de las personas bisexuales que en él participaron se sentían cómodas dando a conocer a su médico su orientación sexual, y casi la mitad de ellas habían sufrido bifobia en servicios públicos. Esto hace que el porcentaje de mujeres y hombres bisexuales que ocultan su orientación sexual a su médico sea superior a la de mujeres y hombres homosexuales. Esta podría ser la principal razón por la que la población bisexual presenta peores estándares de salud que la población heterosexual, y en algunos casos, que la población homosexual.
• Según otro estudio realizado por Human Rights Campaign, los y las bisexuales más jóvenes afirmaban en menor medida que lesbianas y gays de su misma edad contar con un referente adulto de apoyo a la que dirigirse cuando se sienten tristes. Sólo el 5% de la juventud bisexual afirmaba sentirse “muy feliz”, en comparación con el 8% de jóvenes gays y lesbianas y el 21% de jóvenes heterosexuales.
• Las mujeres bisexuales afrontan un menor apoyo social y una peor calidad de vida que las mujeres heterosexuales y lesbianas, así como menores niveles de bienestar emocional, lo que puede tener consecuencias trágicas: los adultos bisexuales refieren haber tenido pensamientos suicidas en una proporción tres veces superior a los adultos heterosexuales.

Estos datos son sólo algunos ejemplos de los recogidos en los estudios mencionados, que invito a consultar. Pero son ilustrativos a la hora de mostrar cómo diferentes factores de exclusión pueden confluir, y que la invisibilización e incomprensión de esta realidad puede tener consecuencias dramáticas.

La comunidad LGTB no debería dar por sentado que es diversa en sí misma, y el cuestionamiento de la diversidad hacia el exterior debería realizarse también hacia el interior. No podemos permitirnos escribir algunas siglas en minúscula y otras en mayúscula al escribir LGTB.

También es el signo de este Tiempo Muerto en el que, como en los partidos de baloncesto, nos fijamos en el marcador y, en función de cuál sea el resultado, el tiempo restante para finalizar el partido se puede tornar en angustia o en esperanza. El Tiempo Muerto impide, aunque sea por unos minutos, que la cuenta atrás siga su inexorable marcha, contra el deseo de los que ganan y para alivio de los que pierden. Por eso en el Tiempo Muerto no hay tiempo que perder: sentarse, hidratarse, respirar, tomar distancia, analizar lo que está sucediendo y proyectar lo que podríamos hacer que suceda cuando la cuenta atrás se reanude.

Es difícil saber cuándo se acaban algunas cosas. Como es difícil saber cuándo hay que dar un partido por terminado. A veces, darlo por concluido puede suponer un desprecio de las capacidades del propio equipo o de los rivales, por menosprecio o por sobrestimación. Siempre existe el riesgo de pensar que con el final de un partido se acaban las posibilidades, despreciando las que esa derrota abrió. Hay cosas que se acaban y es mejor que así sea. Esas no suelen volver. Sin embargo, las fuerzas que dieron lugar a esas cosas no se acaban por más que algunos las den por acabadas, éstas suelen regresar de alguna forma. Aprendidas y mejoradas, con más posibilidades.

Hay cosas que se acaban. Como los partidos o las competiciones. Pero hay cosas que no se acaban con los partidos. Como la rivalidad, los análisis y las explicaciones, las posibilidades de cambiar el resultado en la próxima ocasión. En definitiva el aliento del que se hacen las competiciones permanece como una fuerza inacabable. En la historia no hay partido final, por más que haya muchas finales. Sólo quienes van venciendo quieren hacer creer al resto que el tiempo se acaba. Que hemos llegado al fin de la historia.

Nos dicen: “se acabó”. Pero la historia sigue, siempre abierta.

Hay cosas que se acaban. Como las organizaciones y las instituciones, sus planes y sus proyectos. O como las legislaturas y los acuerdos. Pero en cada cosa que se acaba debe apreciarse la apertura característica de la historia.

Hay quienes tratan de convencernos de que votar contra los términos del acuerdo ofrecido por la Troika en la convocatoria del referéndum griego supone el fin de su pertenencia al euro. Y de que el Grexit supone el fin de la moneda única. Y de que éste será el fin de la Unión Europea. Pero nuestra percepción cambia si comprendemos que la convocatoria del referéndum puede servir para abrir nuevas posibilidades. Algunas ya evidentes: aparece con fuerza en el debate público la contraposición austeridad-soberanía; se incide en la debilidad de la unión monetaria concebida sin políticas fiscales comunes; se evidencia la intromisión del FMI y el carácter antidemocrático de la Troika. En definitiva, la dialéctica contra las políticas de austeridad y el desplome del gasto público de los estados avanza, al mismo tiempo que se debilita la autoridad con que tecnócratas y representantes de los intereses acreedores gobiernan nuestros destinos. Se remonta el partido, la convocatoria del referéndum es como un triple imposible en el momento más imprevisto y desesperado. Con el tiempo, tal vez, no será más que un lance de la historia que ayudó a cambiar el curso de la realidad europea. O tal vez no, al contrario, sea recordado sólo como una excentricidad de quienes se negaban a aceptar la realidad.

Una victoria del “no” en el referéndum supondría que además, la remontada continúa abriéndose camino, como un par de robos de balón y contraataques fulgurantes. Aún quedaría mucho para culminar, mucho sufrimiento y mucho sacrificio, pero ahora con más claridad de quién es el rival, dónde está y qué debilidades tiene. Una derrota del “no” tampoco concluiría el partido. Ni siquiera suponiendo un final anticipado de la legislatura. Las posibilidades estarían ya abiertas, aunque siempre habrá quien pretenda darlas por cerradas, el partido por concluido. Pero ya sabemos que hay cosas que no se acaban aún y cuando se acaban los partidos. Las fuerzas del rival avanzan en varias canchas de juego traicionando todas las normas de transparencia, diálogo o democracia, imponiendo normas favorables a sus privilegios con apariencia de acuerdos negociados y nombres rimbombantes, como el Acuerdo del Comercio en Servicios. Suerte que tenemos la brecha al secretismo que nos ofrece Wikileaks. ¿No convendría exigir un referéndum sobre el mismo? ¿También nos dirían que sería el acabose del progreso, de la libertad y del mundo?

Lo importante es que las fuerzas que abren brechas, posibilidades y alternativas no se acaben. Las que luchan contra los agoreros del “se acabó”, los que pretenden imponer una realidad terminada sin alternativa posible, una realidad que niega su carácter histórico porque este partido les puso en situación privilegio. Siempre es posible otra realidad, otra realidad europea, otra política económica u otro mundo. ¿Remontamos?

“Un jubilado al borde del desahucio por una deuda de 30.000 euros por protestar frente al Congreso la bajada de las pensiones”. “Condenada a un año de prisión por convocar a través de las redes sociales una concentración espontánea contra la subida del IVA”.

Estos titulares, que parecen extraídos de otras latitudes, podrían ser realidad en España muy pronto. Lo dice la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como Ley mordaza y la reforma del Código Penal, incluida la modificación antiterrorista, aprobadas por el Congreso con los votos del Partido Popular (PP) en el gobierno y el rechazo de toda la oposición.

A partir del 1 de julio de 2015, fecha en la que estas medidas entran en vigor, expresarnos nos puede salir muy caro, puede incluso condenarnos a prisión.

Hasta 600.000 euros celebrar “espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad por razones de seguridad ciudadana”. ¿Las concentraciones del 15-M en la Puerta del Sol entrarían en este supuesto?

Hasta 30.000 euros podría llegar a pagar una persona, incluido un periodista, por el uso “no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando éstas –y no un juez- consideren que ponen en peligro el éxito de la operación. La policía, de hecho, podría solicitar a quien realiza la fotografía la entrega del equipo y el borrado de material. ¿Es así como las autoridades velan por una prensa libre? Vale la pena recordar que la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) emitió un comunicado el año pasado en el que calificó de “inaceptables” los ataques por parte de la policía a periodistas que cubren manifestaciones y solicitó al Gobierno español “que proteja adecuadamente a los periodistas que informan sobre manifestaciones”.

Hasta 30.000 euros le puede costar a alguien protestar frente al Congreso. También, intentar evitar un desahucio o, por ejemplo, entrar en las oficinas de un banco para denunciar el fraude de las preferentes o encerrarse en un hospital para oponerse a la privatización de la sanidad. Es más, hacer algunas de estas cosas, puede ser penado hasta con seis meses de prisión.

Hasta doce meses de prisión le pueden caer a alguien por difundir mensajes en las redes sociales “que inciten” a la participación en un acto de protesta no autorizado.

¿No debería el Gobierno garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión y de reunión? Se entiende que puede haber ciertas restricciones al ejercicio de estos derechos (de las que hablaré otro día), pero ¿no les parecen desproporcionadas estas medidas que, se supone, garantizan nuestro bienestar?

El periódico New York Times, que pocas veces pone su foco en España, le dedicó un editorial a “la ominosa ley mordaza española”. Afirmaba que sólo encontraban un propósito posible: “apoyar al partido en el Gobierno a mantener el poder, desalentando la celebración de protestas públicas” antes de las elecciones generales del mes de noviembre. Para Carlos Almeida, asesor legal de la recién creada Plataforma por la Defensa para la Libertad de Expresión (PDLI) y director del bufet Almeida, la finalidad podría ser otra: facilitar situaciones conflictivas durante protestas pacíficas para promover un voto que busque el restablecimiento del orden.

Ambas suposiciones parecen verosímiles. Lo que cuesta creer es que en una democracia se aprueben medidas legislativas, condenadas por la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales, la población en su conjunto y hasta Naciones Unidas. A pesar de la avalancha de críticas, el ministro español del Interior, Jorge Fernández, retó a quienes se oponen a esta ley a que le expliquen “qué derecho o qué libertad se ve restringida”.

Bien, lo voy a intentar resumir.

Empiezo por Naciones Unidas (NU), nada sospechosa de estar detrás de alguna conspiración contra el Gobierno español. Cinco relatores especiales de NU, reconocidos expertos independientes que asesoran al organismo internacional en materia derechos humanos, pidieron la retirada de estas medidas “por amenazar los derechos y libertades individuales” y “por criminalizar las protestas pacíficas”.

Todos los partidos políticos, excepto el PP, se opusieron a la aprobación de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal. Es más, casi todos se unieron para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque consideran que esta ley “vulnera una docena de artículos de la Carta Magna”. El Tribunal, de hecho, lo ha admitido a trámite.

A este recurso se le suma un informe presentado por cerca de 30.000 organizaciones sociales a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga también un recurso de inconstitucionalidad, ya que las leyes no permiten a la ciudadanía hacerlo directamente. Entre las miles de organizaciones se encuentran No Somos Delito, Greenpeace, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Colectivos de juristas como Jueces para la Democracia o la Asociación Libre de Abogados han denunciado que esta ley convierte “legitimo  en  ilegal”. Hasta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) está preocupado porque la ambigüedad de la ley pone en juego su aplicación “con garantías” y reconoce que «no cuenta con el consenso social que debería tener«.

Y para terminar, una encuesta realizada por Demoscopia para avaaz.org señala que el 82% de la población se opone o quiere una modificación de la ley de seguridad ciudadana. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está.

Autor: No Somos Delito

Creo que no hay imagen que mejor resuma todo esto que la manifestación en forma de hologramas, celebrada frente al Congreso español por la organización No Somos Delito. Como decía el New York Times, “por el momento las protestas en forma de hologramas no son ilegales en España; aunque increíblemente casi todas las demás protestas pacíficas lo serán a partir del 1 de julio”. “Fue la primera de la historia y confiemos en que sea la última”, dijeron los organizadores.

En principio, una ley “de seguridad ciudadana” debería ser algo bueno, debería hacernos sentir libremente seguros, pero ¿y si en su lugar sentimos miedo? Miedo a hablar, miedo a protestar, miedo a tuitear, miedo a fotografiar. Después, miedo al miedo. Y al final, se hace el silencio.