A partir del 2004 y tras la publicación por parte de la OIT del A fair globalization. The role of the ILO. Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization (Report 92), la desigualdad pasó a ocupar una posición más central entre las preocupaciones de distintos organismos internacionales. Pero ha sido tras la publicación del libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty que el debate sobre este concepto se ha convertido en tema obligatorio casi en cualquier tertulia, económica o no. Y es que el proceso globalizador, en la forma en que se ha desarrollado, no ha estado exento de disfunciones y entre ellas, el crecimiento de la desigualdad.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, ha pasado a ser un elemento de debate encendido entre partidarios y detractores. Sus partidarios resaltan los efectos positivos sobre la economía y el empleo. Un estudio independiente ‘Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment‘, del Centre for Economic Policy Research de Londres establecía que las mejoras económicas que notaría una familia de cuatro personas rondarían los 545€ al año en ingreso disponible. Las exportaciones europeas crecerían un 6%, teniendo en cuenta que hoy por hoy, diez millones de empleos ya dependen de las exportaciones europeas a EE.UU., se generaría más empleo y mejor remunerado. Al incrementarse la competencia, la teoría económica nos dice que los precios tenderán a bajar, aspecto beneficioso para los consumidores, junto al incremento en las posibilidades de elección. Se estima que la economía crezca entre un 0.2 y 0.5% extra anualmente. Y es que este acuerdo pretende relajar, más si cabe, las restricciones comerciales que existen entre los EE.UU. y la UE, llegando a plantear un proceso de homogeneización de legislaciones actuales y futuras. Aunque no sólo esto, sino que también espera que se produzca un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) a ambos lados del Atlántico. Para ello, establece la creación del conocido, y polémico, ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o tribunal (privado) de resolución de conflictos entre la parte inversora y los estados que reciben la inversión. Por tanto, es necesario preguntarse si este acuerdo, basado en la institucionalización del proceso globalizador, va a tener efectos sobre la desigualdad económica en nuestras sociedades.

A pesar de que el mensaje más repetido (tienen mucho poder los TINA’s) es el que afirma que el comercio mundial y demás componentes de la globalización han reducido la desigualdad, un repaso de la literatura sobre el efecto que tiene la liberalización del comercio y de la IED sobre la desigualdad nos habla de efectos contradictorios. Todo ello consecuencia de las diferencias en cómo se mide la desigualdad, de si se dispone de datos suficientes en cantidad y/o en calidad, así como se realice la estimación, ponderando el peso poblacional y de la forma en que se homogeneizan los datos a una moneda común.

¿Puede incrementar la desigualdad económica la apertura total al comercio?

Antes de responder a la cuestión me gustaría puntualizar que quizás el efecto de esta apertura, en cuanto al TTIP, sea limitado. En este sentido ya existe mucha interconexión entre ambos mercados, aunque en determinados sectores sí que puede ser importante.

Lo que sucede cuando dos mercados entran en contacto es que tienden a especializarse en aquellas producciones en las que tienen ventajas competitivas. Como consecuencia de estas especializaciones se van a producir cierres de ciertas empresas con el consiguiente aumento del paro. Los TINA’s suelen argumentar que este paro es friccional y que tenderá a desaparecer en el medio plazo, pues será absorbido por aquellas industrias con ventajas competitivas. Todo este razonamiento me genera una duda y es, si ese medio plazo no será demasiado largo para una sociedad con un 20% de paro. Seguidamente me planteo si este paro friccional va a recibir una ayuda social (digna) mientras no encuentran trabajo. La duda es mayor pensando en las tendencias actuales en política de empleo mucho más favorable a medidas activas que a pasivas.

En cuanto a la relación entre IED y crecimiento económico es claramente positiva y además, es un factor muy importante en la reducción de la pobreza. Pero, deja muy desprotegidas a las sociedades, pues exigen desregulaciones en aquellos sectores a los que se dirijan, lo que también provoca una mayor exposición a las crisis. Si se quiere captar inversión se va a tener que renunciar al Estado de Bienestar como se conoce hasta ahora. Los inversores van a exigir mayor control de las políticas públicas.

Si entendemos que mucha de la inversión se produce para obtener ventajas en costes, entonces, si queremos obtener un mayor flujo de dinero en nuestro país vamos a tener que hacer lo mismo que en el resto pero más barato. No planteo en ningún momento las ventajas en tecnología pues estamos hablando de dos zonas desarrolladas. En cambio, los capitalistas (los grandes) podrán mover sus inversiones buscando un mayor rendimiento. En conjunto, provocará un aumento de las desigualdades entre capitalistas y asalariados, pero también entre grandes capitalistas y pequeños. En un especial del Equal Times sobre el TTIP se explica el caso de México y los efectos que el NAFTA-TLCAN supuso para los agricultores mexicanos y las maquiladoras. El Gobierno mexicano vio un incentivo para aumentar las inversiones americanas en frontera mantener los salarios bajos. Salarios bajos que no han permitido disminuir, más bien se ha incrementado, la desigualdad en esa zona. Felipe Calderón, ex presidente mexicano arremetió contra los derechos laborales con varias reformas y continuos ataques a los sindicatos y sindicalistas que se opusieron a las reformas.

Es lógico pensar que de la forma en la que se está construyendo el TTIP, los países europeos, con mayor probabilidad los que sufrimos un mayor desempleo, entremos en una competición a la baja en cuanto a derechos e impuestos. Ante lo cual, que el crecimiento económico que pueda provocar este acuerdo, sea redistribuido de manera socialmente justa es francamente improbable. Se pretende sólo proteger a los grandes inversores (con el ISDS), pero ¿dónde quedamos los demás grupos de la sociedad?

A pesar de asegurar desde fuentes políticas que no se permitirá esta competición entre estados no se han establecido mecanismos, al menos no se conocen, para evitarla. Es más, en relación a los sindicatos, protectores de los derechos laborales (constitucionalmente en algunos Estados), se les otorga un papel residual en todo el acuerdo, relegándolos a una especie de ONG. Pero, ¡cuidado! Quitar poder al sindicalismo conlleva rebajas en sueldos (muchas personas única fuente de renta) y, por supuesto, menos derechos.

La inversión provocará una fuerte competencia entre países de la UE, pero no nos olvidemos que dentro de los propios países se van a acentuar las desigualdades entre territorios. La IED no se localiza de forma homogénea en todo el territorio. En España, son La Comunidad de Madrid y Catalunya las principales receptoras. Esta desigualdad entre territorios si se intenta subsanar con una mayor solidaridad interterritorial puede alimentar, más si cabe, los sentimientos nacionalistas de determinadas zonas del Estado.

Todos estos procesos, así como sus consecuencias, no son casualidades divinas sino que proceden de decisiones de quienes nos gobiernan, y por tanto, reversibles. Si deseamos un mundo más igual es posible, con voluntad. La colaboración, y no la competición, entre países es la solución. Establecer medidas fiscales, salarios mínimos iguales junto a demás políticas de empleo para toda la UE, podría frenar la hipotética, pero probable, competición hacia una mayor desigualdad. ¿Se está negociando? Parece que no.

Ya es ampliamente reconocido que el actual modelo de desarrollo capitalista no funciona, que está provocando un aumento sin precedentes de las desigualdades, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático. Estas tres cumbres mundiales deberían aportar firmes resoluciones que permitieran revertir las actuales tendencias y encaminar el desarrollo hacia un modelo equitativo y sostenible, basado en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la sostenibilidad medioambiental. Un enorme reto para la tan necesaria gobernanza global.

De estas reuniones al más alto nivel político surgirá la agenda internacional de desarrollo que marcará las prioridades colectivas para los próximos años, comprometiendo a todos los países. Asimismo, deberá definirse de qué manera se financiarán los objetivos de esta agenda, pero también es necesario alcanzar acuerdos sobre «cuestiones sistémicas» con gran impacto en los países en desarrollo, y desarrollados, como son la arquitectura financiera internacional, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad internacional, el comercio y la inversión directa extranjera.

El primero de estos eventos, en el que se tratarán estas cuestiones sistémicas, será la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En estos días, del 15 al 19 de junio, tienen lugar en la sede de Naciones Unidas la tercera y definitiva sesión preparatoria de la conferencia, en la que se negocia a nivel intergubernamental el documento final que se aprobará en Adís Abeba.

Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil han vendo participando en el proceso preparatorio de la conferencia, con el objetivo de influir en las negociaciones y garantizar que se abren nuevos caminos en una serie de cuestiones, como la lucha contra los flujos financieros ilícitos y la cooperación fiscal global. En este sentido, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, integrada por redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, ha puesto en marcha la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio 2015, coincidiendo con esta ronda final de negociaciones en Naciones Unidas, con el objetivo de presionar a favor de un sistema fiscal internacional más justo. Para ello, la sociedad civil propone la creación de un nuevo órgano fiscal intergubernamental dentro de las Naciones Unidas en el que participen, en igualdad de condiciones, todos los Gobiernos y no solo sean los más ricos –como sucede en la actualidad– los que definan las normas fiscales internacionales. Este nuevo órgano fiscal debería tener un mandato amplio que incluyera las siguientes cuestiones: la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios por parte de empresas transnacionales; los tratados de inversión y acuerdos fiscales; los incentivos fiscales; la tributación de las industrias extractivas; la transparencia sobre los beneficiarios finales; los informes financieros desglosados país por país; y el intercambio automático de información tributaria.

Otras demandas fundamentales de las organizaciones de la sociedad civil para esta Conferencia, según el documento Las negociaciones sobre financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, respaldado por 137 organizaciones, son los siguientes:

En relación con la inversión extranjera directa y otras corrientes internacionales de capitales privados, dado que la regulación de la cuenta de capital es una herramienta política fundamental para todos los países, se propone la eliminación en todos los tratados de comercio e inversión de cualquier obstáculo a estas políticas de regulación. Asimismo, se pide el reconocimiento de los inconvenientes de utilizar instituciones y recursos públicos para apalancar financiación privada para el desarrollo.

En el ámbito del comercio internacional, se demanda una revisión profunda de todos los acuerdos comerciales y tratados de inversión, con el fin de identificar áreas que pudieran limitar la capacidad de los países en desarrollo para evitar y gestionar las crisis, regular los flujos de capital, proteger el derecho al sustento y al trabajo digno, aplicar una tributación justa, brindar servicios públicos esenciales y garantizar el desarrollo sostenible. Por otra parte, se precisa una revisión de los regímenes de derechos de propiedad intelectual que han sido introducidos en los países en desarrollo mediante los tratados de libre comercio, para identificar cualquier impacto adverso sobre la salud pública, el medioambiente y el desarrollo tecnológico, entre otras áreas.

Con respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y otros apoyos públicos internacionales al desarrollo, se propone establecer calendarios vinculantes para cumplir los compromisos de entregar 0,7% del INB en AOD; garantizar que la AOD sea una transferencia genuina, poniendo fin a la ayuda ligada, eliminando los costes asumidos dentro de los países donantes y el alivio de la deuda, entregando la mayor parte en forma de donaciones y reformando los préstamos concesionales (blandos) para que reflejen sus costes reales para los países socios. También se propone implementar un impuesto a las transacciones financieras internacionales y utilizar los ingresos para financiar el desarrollo sostenible.

Por lo que se refiere a la deuda externa, se reafirma la necesidad de acordar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana en un foro neutral y garantizar que dicho marco sea amplio, se base en un enfoque de necesidades humanas, obligue a acreedores y deudores a rendir cuentas por conductas irresponsables y otorgue a todas las partes el derecho a ser escuchadas. Asimismo, se propone la realización de auditorías de la deuda independientes para examinar las deudas existentes de acuerdo a normas financieras responsables, incluso examinando la legitimidad de la deuda, con compromisos de cancelación de aquellas que se consideren ilegítimas.

En cuanto a temas sistémicos como la reforma de la gobernanza global y del sistema monetario mundial, se propone el establecimiento de un Consejo Mundial de Coordinación Económica en Naciones Unidas que ejerza el liderazgo en temas económicos, y la emisión de 250 mil millones de dólares anualmente en Derechos Especiales de Giro (DEG), cuya mayor parte vaya a los países en desarrollo.

Otros temas importantes que se ponen de relieve en el citado documento son: la necesidad de contemplar otros enfoques para medir el progreso más allá de los indicadores económicos de corto plazo, como el Producto Interior Bruto (PIB), para incluir mediciones del bienestar social y medioambiental; el desarrollo de una iniciativa sobre normas de financiación responsable; la incorporación de las amenazas y oportunidades específicas para los derechos de las mujeres de los distintos mecanismos de financiación del desarrollo; y el impulso en la reforma de la regulación financiera y del sector financiero internacional tal y como se formuló en la olvidada Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2009.