¿Algo nuevo en el horizonte? Pues sí, y no. En mi opinión, la fundamentación y la propia formulación de los ODS representan una lectura más cabal de los problemas que amenazan al mundo y a sus habitantes que la que significaron los ODM (Objetivos del Milenio), centrados en una manera muy particular de entender la lucha contra la pobreza. Porque los ODM –justificados en su día como la forma más operativa de resumir y de dar a conocer la problemática diagnosticada en la Declaración del Milenio– acabaron por convertirse en realidad en una agenda reduccionista, centrada en los países pobres, alejada de los problemas estructurales y de las causas de los problemas a enfrentar, y disgregadora de asuntos íntimamente relacionados como son la desigualdad, la degradación del medio ambiente, y la pobreza.

Si atendemos a estas y otras críticas vertidas hacia los ODM, los ODS representan –qué duda cabe– una visión más integral de la problemática del desarrollo, y el reconocimiento de que la lucha contra la pobreza no puede plantearse de manera aislada, al margen de sus causas, ni desvinculada de la problemática de conjunto en la que se inserta. Además, los ODS se presentan como agenda universal, es decir, como expresión de unos objetivos cuyo cumplimiento compromete por igual a países ricos y pobres, lo que supone por vez primera el reconocimiento de problemas que son comunes y globales, con independencia de que los retos sean parcialmente distintos en unos y otros lugares.

Ahora bien, no deberíamos perder de vista que la simple formulación de los ODS no supone que los mismos vayan a encararse con los instrumentos necesarios, ni que vayan a cambiarse necesariamente las pautas de un modelo de desarrollo crecientemente depredador y excluyente. De hecho, la mayor parte de las 169 metas asociadas a los 17 objetivos planteados son aún muy genéricas y representan más que otra cosa una expresión de buena voluntad. La propia conferencia de Adis Abbeba sobre financiación del desarrollo celebrada en julio no pudo ser más decepcionante a la hora de recabar un mayor compromiso de la comunidad internacional. En realidad nada de esto es nuevo, ya que –como se ha señalado en bastantes trabajos– los modestísimos logros habidos en los ODM no parecen tener mucho que ver con la cooperación al desarrollo ni con el mencionado compromiso internacional. De hecho, los principales avances habidos en la lucha contra la pobreza extrema –proporción de personas que viven con menos de 1,25$ al día, o número de hogares con agua y saneamiento– se han producido en países como China o India, y tienen que ver sobre todo con el fuerte crecimiento experimentado en los mismos durante los últimos años

Pero ese mismo crecimiento se ha basado en un patrón fuertemente excluyente y depredador, que ha incrementado notablemente las desigualdades. Desgraciadamente, hoy el mundo es más desigual que cuando se formularon los ODM, y también se han agravado notablemente los problemas medioambientales. Además, la violencia y la violación de los DD. HH. no han hecho sino aumentar, por lo que más allá de los modestos avances logrados en algunos de los ODM, no parece que hayamos avanzado mucho hacia un patrón de desarrollo más humano y más sostenible.

En estas condiciones, la aprobación de los nuevos ODS no trae consigo muchos motivos para el optimismo. Si acaso, su formulación –más abierta y comprehensiva que la de los ODM– permitirá ensanchar los cauces del debate sobre el desarrollo y la cooperación en los próximos años, superando las limitaciones de la anterior narrativa sobre la pobreza vigente durante las últimas dos décadas. En realidad, la aprobación de los ODS –y en general la apuesta por elaborar una Agenda pos-2015– parece responder más a la inercia –o a la necesidad de asumir parte de las críticas vertidas hacia los ODM y su escasa operatividad–, que a la voluntad real de cambiar el patrón de desarrollo vigente. Sin embargo, esto último resulta imprescindible si realmente se desea avanzar en una agenda como la que representan los ODS.

Con su aprobación el pasado mes de marzo, la citada Directiva deja atrás el marco que ha regulado las autorizaciones de cultivos transgénicos en suelo comunitario durante más de una década. Con el objetivo de agilizar estos procesos, se abandona la idea de conseguir posiciones unánimes y se permite que cada país se posicione en línea o no con las autorizaciones otorgadas. A partir de ahora, aunque la UE de luz verde al cultivo de una determinada variedad transgénica, los Estados miembros podrán desmarcarse y prohibir su cultivo en todo o parte de su territorio. Es pronto para tener una imagen nítida sobre las implicaciones y procesos que puede desatar la nueva normativa, pero alguna pista ya podemos nombrar. Vamos a ello.

En primer lugar, puede resultar chocante leer que el principal aporte de la nueva Directiva sea posibilitar que un Estado miembro prohíba en su territorio el cultivo de un OGM autorizado en la UE. Se podría pensar: “Pero… ¿No se supone que Alemania, Francia, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Bulgaria ya habían prohibido el único cultivo transgénico existente en Europa, el maíz MON810?” Así es, pero tuvieron que recurrir a mecanismos excepcionales como cláusulas de salvaguardia o medidas de emergencia, que no siempre ofrecieron la mayor de las seguridades jurídicas. De hecho, sus prohibiciones no han estado exentas de polémicas judiciales. En marzo de 2009, el Consejo rechazó la solicitud de la Comisión de pedir a Hungría y a Austria que derogaran sus medidas nacionales de salvaguardia, por no contar con el suficiente fundamento científico de acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). Peor suerte corrió Francia cuya prohibición de cultivo de transgénicos de 2008 fue considerada ilegal primero por el Tribunal de Justicia Europeo y posteriormente por el Consejo de Estado francés. De hecho, probar que la prohibición país por país de un cultivo autorizado por la UE era ilegal ha sido una de las puntas de lanza de empresas como Monsanto. Con esta situación de fondo, un grupo de trece Estados miembros solicitó a la Comisión la elaboración de una propuesta para poder aplicar el principio de subsidiariedad en la prohibición de cultivos de OGM con más garantías. Con la Directiva 2015/412 se consigue un mayor aval jurídico para las restricciones estatales a los transgénicos, eso sí, a costa de profundizar la brecha entre dos Europas divididas por su posición en torno a los alimentos y cultivos de OGM.

Es precisamente ese debate enconado entre los países que recelan y los que dan la bienvenida a los transgénicos el que ha ralentizado buena parte de los procesos de autorización de transgénicos para cultivo. En el año 2010, tras 12 años sin que la Unión Europa hubiera otorgado ninguna autorización, una filial de BASF conseguía permiso para el cultivo y comercialización para uso industrial de la patata transgénica Amflora. La noticia tenía un sabor agridulce para la empresa alemana: habían pasado más de 13 años desde que inició el proceso de solicitud, toda una eternidad para una actividad íntimamente ligada a la innovación. El procedimiento descrito en el Reglamento 1829/2003 señala que los países miembros tienen que decidir por mayoría cualificada si aceptan o no la solicitud. Primero se vota en un Comité Permanente de Expertos; si no se consigue el número de votos requerido, se pasa a un Comité de Apelaciones. El hecho de que se necesite mayoría cualificada en ambas votaciones (requiere el voto favorable del 55% de los Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población de la UE) supone que los procesos se alarguen durante años, cuando no acaban obstaculizados, y termina siendo la Comisión Europea la que da la última palabra, que suele ser en forma de alfombra roja.

Desde que se ha aplicado este proceso de decisión, las votaciones tanto en el Comité Permanente como en el de Apelaciones “han consistido sistemáticamente en la ausencia de dictamen”, por lo que la pelota queda en el tejado de una Comisión a la que, según sus propias palabras, no le queda “mucho margen para tomar una decisión que no sea conceder la autorización”. Regresando al caso de la patata Amflora, tras una votación en la que una mayoría de Estados se mostró contraria a su autorización (11 votos en contra, 10 a favor y 6 abstenciones), la Comisión decidió su aprobación. Años más tarde, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos hemos enterado de que sí le quedaba margen para no aprobarla. Según la propia sentencia del Tribunal, la Comisión decidió aprobar el cultivo de la patata Amflora aunque eso supusiera pasar por alto sus propias normas. Tras la chapuza de la Comisión, a quien no le quedó margen para no anular la autorización fue al Tribunal de Justicia Europeo. A pesar de esos antecedentes, el papel de la Comisión en la nueva Directiva sigue intacto; el cambio reside en esperar que la Comisión tenga que actuar en menos ocasiones al llegar los Estados a mayorías cualificadas en el seno de los Comités con más facilidad.

Está por ver si los Estados varían su forma de votar tras la aprobación de esta nueva normativa. En su redacción, el mensaje que traslada la Directiva a los Estados miembros se podría resumir en algo así como “dejad de entorpecer las votaciones en los Comités; no os afecta que en el resto de la UE se autorice este transgénico: siempre podréis recurrir a vuestro nuevo derecho de prohibir el cultivo en vuestro territorio”. Estaremos pendientes de si, efectivamente, los Estados reaccionan a estas invitaciones. Donde sí se ha producido un verdadero cambio es en los motivos que pueden alegar los países miembros para solicitar la prohibición de un cultivo. No hace falta que aleguen motivos de protección humana, animal o ambiental, previo aval de la EFSA. Con la nueva Directiva es suficiente con que las razones estén vinculadas a objetivos de política ambiental y/o agrícola, ordenación del territorio, uso del suelo, repercusiones socioeconómicas y hasta de orden público. Ninguna de estas materias es competencia de la EFSA. El sector protransgénico no ha conseguido que para prohibir un OGM en un territorio se tenga que contar con un informe favorable de la EFSA. Por primera vez, un Estado tendrá autonomía y potestad suficiente para restringir el cultivo de un transgénico, sin que medie una evaluación de la EFSA que certifique que las razones del Estado son lo suficientemente “científicas”. Para explicar el interés del lobby protransgénico para que la EFSA actúe de guardabarrera, conviene recordar que las puertas giratorias y la consecuente falta de imparcialidad son dos críticas recurrentes a este organismo.

Sin olvidar las lagunas e imperfecciones de la normativa ya nombradas, hay un dato que ha provocado el gozo de los movimientos ecologistas. La aprobación de esta Directiva ha traído consigo la visibilización de un rechazo histórico por parte de los Estados miembros al cultivo de transgénicos en suelo europeo. Si a principios de año el número de Estados que prohibían el maíz MON810 se limitaba a 8 países, hoy ya son 17 Estados más 4 administraciones regionales los que han formalizado su restricción a que este transgénico llegue a sus cultivos. El listado de peticiones para restringir OGM no se detiene en esta variedad ya autorizada, sino que se incluyen también transgénicos que están en la sala de espera antes de su previsible aprobación por parte de la Comisión Europea. Parece que el rechazo de estos países estaba ahí, pero faltaban las condiciones para que los Estados lo pudieran expresar. La mayor seguridad jurídica y la posiblidad de argumentar motivos para la prohibición sin necesidad de pasar por la EFSA pueden estar entre las condiciones que han facilitado esta nueva situación. La alegría generada con estas restricciones contrasta con la incertidumbre sobre qué ocurrirá en los próximos procesos de autorización. La pregunta que queda en el aire es si la nueva Directiva nos divide Europa en una amplia zona libre de transgénicos, y una pequeña extensión donde el número de cultivos autorizados crece de forma exponencial. En unos meses, tendremos datos para poder responder.

Los zapatos colocados sobre el asfalto parisino querían simbolizar una protesta inaplazable, que sólo las prohibiciones impuestas por el estado de emergencia declarado en Francia habían impedido llevar a cabo. Sin embargo, bien pudieran simbolizar también el trágico destino al que parece encaminarse la humanidad, tras milenios caminando por senderos y montañas, transitando por aldeas y ciudades, recorriendo costas y acantilados, atravesando desiertos y bosques, salvando ríos y mares. Pareciera que cansados ya de tanto caminar, o quizá intuyendo un triste futuro para nuestra especie, los humanos hubiéramos decidido quitarnos ya los zapatos, reconociendo así nuestro fracaso para preservar la vida.

Durante más de dos siglos se ha querido gobernar el mundo y organizar las actividades humanas en base a un supuesto racionalismo científico que todo lo podía explicar. Sin embargo, en la actualidad, el racionalismo científico parece no servir ya para algunos. Poco importa que decenas de premios Nobel y miles de científicos de todo el mundo estén pidiendo a gritos que se acabe con determinadas prácticas y tecnologías que nos llevan al desastre. Los mismos que apelaban a la ciencia reniegan hoy de ella, para así seguir defendiendo los intereses de determinados sectores económicos y ramas industriales que son los principales responsables del cambio climático. Ahora que hay un amplio consenso de la comunidad científica, los otrora defensores del racionalismo se encomiendan a la fe para negar la evidencia.

“Avanzamos hacia territorio desconocido” clamaba hace menos de un mes la Organización Meteorológica Mundial, hablando de la emisión de gases de efecto invernadero. Efectivamente, parece que nos dirigimos inexorablemente hacia el abismo, pero lo inquietante es que todos los años se escuchan alarmas este tipo, y sin embargo todos los años se toman decisiones políticas y empresariales que contribuyen a perpetuar o a empeorar la situación; decisiones tendentes a consolidar un modelo de producción y consumo incompatible con la sostenibilidad medioambiental, pero también con la equidad y la justicia social. E incompatible a medio plazo con la propia vida.

Sin embargo, hay algo en la forma de enfocar los debates sobre estos temas que, en mi opinión, no contribuye demasiado a incrementar la conciencia ciudadana, la responsabilidad social y la capacidad de protesta e incidencia política sobre estas cuestiones. Me refiero a la manera en que se ha venido presentando el deterioro medioambiental, como si la preservación de la naturaleza fuera una cuestión de elección, algo sobre lo que podemos decidir si nos preocupamos o no. Con demasiada frecuencia aparecen encuestas que reflejan la opinión de la ciudadanía sobre estos temas, y se publican puntos de vista al respecto que señalan que, aunque la naturaleza es importante, lo primero son las personas, la actividad económica, y el empleo.

Yo creo que deberíamos dejar de hablar de una vez por todas de preservar la naturaleza, como quien plantea mantener algo por su belleza, su valor paisajístico, o su historia. No es que estos asuntos me parezcan desdeñables -al contrario-, pero creo que ya va siendo hora de que hablemos de preservar la vida. Ya va siendo hora de que la ciudadanía entienda que determinadas actividades, las fuentes de energía que utilizamos, nuestro modelo de transporte, y en general el modelo en el que estamos instalados, son incompatibles con la vida humana, al menos tal como hasta ahora la hemos conocido, y que es sólo cuestión de unas cuantas décadas el comienzo de un deterioro de dimensiones desconocidas. Me parece necesario poner en el centro del debate que no se trata de preservar la naturaleza como algo con lo que convivimos, sino como nuestra fuente de vida. Y ello debería estar mucho más presente en los mensajes que se lanzan a la opinión pública.

Es necesario subrayar que, cuando el Congreso o el Senado de EE.UU. amenazan con votar contra las medidas de lucha frente al cambio climático, están amenazando con votar contra la vida. Decía hace poco el líder de la mayoría republicana en el Senado: «No soy un científico. Sólo estoy interesado en proteger la economía de Kentucky y en tener electricidad de bajo costo». Como si la economía pudiera concebirse al margen de la base de recursos, y el precio de estos últimos pudiera seguirse calculando al margen de su coste de reposición. La ventaja de los negacionistas es que, en sus mensajes, plantean a la gente la disyuntiva de optar entre su propio bienestar por un lado, y la conservación de la naturaleza por otro. Como si ello fuera posible. En estas circunstancias, me parece importante que, frente a estos disparates que se dicen, y frente al poder inmenso de quienes desean mantener sus privilegios de corto plazo, seamos capaces de poner, de manera explícita, la defensa de la vida en el centro de nuestras protestas y nuestras demandas.

A pesar de que 3 de cada 4 personas afirme que no se cree lo que dice la publicidad, estudios de marketing confirman que entre el 70 y 80 % de las decisiones de compra que tomamos son inconscientes. La media que nuestro cerebro dedica a tomar una determinación de este tipo es de 2,5 segundos, y lo que influye en ese minitiempo es fundamentalmente la imagen que tengamos de la marca. Es decir, que lo queramos o no, elegimos en función de la publicidad rica variada existente, desde el típico anuncio de la tele, hasta el formato y etiquetado del producto, pasando por el product-placement, o los estudios pseudocientíficos convenientemente financiados por las empresas. Así, en el año 2013, solamente en anuncios televisivos, se emitieron más de 125 horas de publicidad… ¡al día!

Por tanto, nos vemos en un continuo bombardeo de imágenes y mensajes que nos hacen asociar marcas como Coca-Cola, McDonald’s o Danone, a un mundo de ilusión y de color digno de el País de las Maravillas antes de aparecer sombrereros locos y reinas corta-cabezas. Nuestras mentes se nublan y pasamos por alto los “pequeños” deslices que estas industrias comenten habitualmente.

Hace unos días me topé con un anuncio antiguo de tabaco “de acuerdo con un estudio nacional, la mayoría de doctores fuman Camel”. Nada más y nada menos. Allí en el cartel aparecía el doctor sosteniendo su humeante cigarrillo, amigable y profesional a la par. Me quedé tan ojiplática que no pude evitar seguir indagando y sí, la cosa podía ir a peor: fuma y así mantendrás tu figura; échale humo en la cara y caerá en tus brazos, galán; si es un pitillo rubio viene fenomenal para las cuerdas vocales; o, cómo no, si es Marlboro a tu bebé no le molestará el humo.

Podríamos pensar que esos anuncios se diseñaron antes de conocerse los peligros de esta droga, y por tanto, no se hacían con mala intención. Pero lo cierto es que ya a mediados de los años 50 existía pleno consenso por parte de la comunidad científica en que había una correlación directa entre el tabaco y toda una serie de problemas de salud. Sin embargo, mediante toda una propaganda organizada, la industria tabacalera eludió esta correlación hasta finales de los ochenta. Fue entonces, cuando ya no había forma de negar la realidad, en la que se cambió de estrategia. Si, el tabaco mata, y si te mueres, es tu responsabilidad ¡viva la libertad individual! No fue hasta el año 2005 que el estado español decidió que la salud pública era más importante que los intereses de esta industria y decidió prohibir la promoción, patrocinio y publicidad del tabaco.

La OMS alerta de que el 59% de las muertes en el mundo están directamente relacionadas con la mala alimentación y de hecho, existen más casos en el planeta de gente que sufre estas consecuencias por exceso que por defecto. Básicamente podemos poner el foco en los azúcares añadidos, las grasas hidrogenadas y los aditivos. Este cóctel mortal se da fundamentalmente en la comida procesada que nos vende la industria alimentaria. Por ejemplo, el 75% de los azúcares añadidos que tomamos lo hacemos indirectamente, a través de productos como los refrescos y zumos, lácteos, salsas, etc.

Lo curioso del asunto es que la salud está de moda. Las últimas encuestas así lo confirman, siendo ésta una de las principales preocupaciones a la hora de seleccionar nuestras marcas favoritas. La industria ha tomando nota y eso nos vende. Todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza descubriendo el fraude de Volkswagen. Pues bien, la industria alimentaria no se queda atrás. Un ejemplo de esto son los llamados alimentos funcionales, aquellos que podemos definir como alimentos que proporcionan un beneficio para la salud más allá del que es previsible obtener a partir de su composición nutricional original. Hasta el año 2006 no existió regulación alguna en la UE sobre cuáles podían considerarse como tal. De los 44.000 que se presentaron en ese momento a examen, sólo consiguieron aprobar 521, alrededor de un 1% del total.

El conocido Actimel, sin ir más lejos, fue uno de los suspendidos. Resulta que el L.Casei añadido no mejora nuestras defensas más de lo que puede hacerlo cualquier yogur tres veces más barato. No sólo eso, cada vez que tomamos un botecito de esos para revitalizar cuerpo y mente, nos estamos metiendo entre pecho y espalda dos sobres de azúcar. Sólo con un par de botes al día superamos la cantidad de azúcares diaria recomendada por la OMS, y el efecto se agrava teniendo en cuenta que están dirigidos al público infantil.

Esto sucede porque, aunque actualmente hay regulación que prohíbe afirmar que un producto tiene propiedades que no tiene, todavía no existe normativa sobre si ese producto tiene en su conjunto un perfil nutricional adecuado. Tampoco hay ninguna restricción a que cualquiera que añada un 15% más con respecto al original de la vitamina o mineral que toque, alardee de sus increíbles ventajas. Así, el hecho de que un ramillete de perejil contenga más hierro que un vaso de leche de Puleva Max, no quita para que se atribuyan sus méritos y los exageren hasta, no se sabe muy bien cómo, afirmar tan ricamente en su anuncio que “favorece el desarrollo intelectual de tus hijos”. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera te molestas en añadir “extras” al producto? Muy sencillo, pones a Shakira bailando el Waka-waka con una tripita sonriente estupenda de la muerte y ya tú llega a tus propias conclusiones ‘querida’ sobre si ese yogur adelgaza o no.

Hace unos meses, la organización VSF, denunció a la marca Bimbo por saltarse su código de autorregulación publicitaria (código PAOS) con el producto Kekos, unos bollitos altamente insalubres por su alto contenido en grasas, azúcares y aditivos que son anunciados como “divertidamente saludables” por estar enriquecidos con hierro y calcio. No se saltaban la norma por eso, dónde vamos a parar, esto está totalmente permitido. Se lo saltaban porque usaban dibujos animados para su promoción y por tanto, manipulaban las mentes infantiles. La empresa reconoció que sí, que incumplían sus propias normas. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Es lo que suele ocurrir cuando dejas la regulación en manos privadas. Por otra parte, el argumento de nuestras queridas instituciones públicas es el del rey Salomón, deben repartir justicia a partes iguales. En un lado del ring, la gente y su salud, en el otro, los intereses de la industria alimentaria. Difícil decantarse por una u otra.

La cuestión es que en materia de publicidad sobre alimentación insalubre, tenemos la misma protección ante el bombardeo publicitario que tenía la sociedad de los años 50 con respecto al tabaco. Si vamos en la misma línea, nos quedan sesenta añitos de espera hasta que la cosa cambie. Y ya, el pensar en una publicidad que no obvie la constante vulneración de derechos, el machismo o la destrucción medioambiental por parte de las empresas anunciadas es prácticamente un sueño inalcanzable. A no ser claro, que exista la suficiente concienciación, clamor popular más bien, como para que las administraciones tomen cartas en el asunto. A no ser que nos organicemos y conjuntamente destronemos a la reina de corazones.