Señalar y culpar, entre otros grupos de población, a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se ha convertido en uno de los medios más efectivos de prevenir a la población de que exija a su clase política combatir la pobreza, la injusticia y la corrupción. La estrategia de culpabilización de la comunidad LGTB como “chivo expiatorio” o “enemigo interior” se ha empleado en lugares tan dispares como Ucrania, Camerún, Irán, Camboya o Jamaica. Pero las raíces socioculturales del odio, si bien tienen muchas características en común, también presentan particularidades dependiendo del lugar del mundo en que se manifiesten.

Los orígenes de la homofobia en África

En el continente africano, la mayoría de los argumentos que se erigen en contra del amor entre personas del mismo sexo se construye alrededor de la idea de ser un fenómeno importado desde Occidente, cuyo objetivo principal sería corromper a las generaciones más jóvenes e imponer su depravado estilo de vida. Esta argumentación, que apela a supuestos sentimientos anticolonialistas, implica que, ya fuese yendo desde Orán hasta Ciudad del Cabo o en periplo desde Dakar a Yibuti, nunca nadie se topó con un homosexual que hubiese nacido en el continente del Sáhara. Lógicamente, la consideración de la homosexualidad como algo ‘no africano’ se basa en presupuestos erróneos. Para encontrar el origen de las leyes ‘anti-sodomía’, aún en vigor en muchos países africanos, hay que retroceder a la producción legal del siglo XIX de los colonizadores británicos y a la fe impuesta por los misioneros que les acompañaron en divina misión civilizadora. Por lo tanto, un enfoque puramente geográfico desprovisto de cualquier tinte ideológico, concluye que lo que es realmente ‘no africano’ es el odio y la homofobia. Por desgracia, los tentáculos moralizadores del Imperio llegaron a otros tantos territorios de ultramar: la sección 377 del Código Penal indio, que prohibía las relaciones carnales en contra del orden natural con hombres, mujeres o animales, es de origen británico, así como la sección 377 del Código Penal malayo y la 140 del Código Penal ugandés.

La institucionalización del odio en Rusia

Separadas por miles de kilómetros, pero muy próximos en sus planteamientos homófobos son las naciones del antiguo ámbito soviético, indecentemente alentadas y lideradas por la Federación Rusa. La historia de la homofobia en Rusia encuentra su primera manifestación institucional en la prohibición de las relaciones sexuales entre hombres – el sexo entre mujeres no se recogía en la ley -, que fue introducida por primera vez en el Código Penal de 1.835 sancionado por el Zar Nicolás I. Tal prohibición se mantuvo durante los regímenes de Stalin y Kruschev y permaneció en vigor hasta el gobierno de Boris Yeltsin, cuando en 1993 intentó acercar las leyes rusas a los estándares del Consejo de Europa. Veinte años más tarde, la aprobación de la controvertida Ley Federal número 135-FZ del 29 de junio de 2013 sobre las enmiendas al artículo 5 de la Ley que regula la protección de los niños de la información nociva para su salud o su desarrollo, pareciera ser un nuevo intento de volver a criminalizarlas. El articulado de la ley no hace mención a las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que se limita a cargar contra todo lo que sean ‘relaciones sexuales no tradicionales’. De manera paralela, la muy influyente Iglesia Ortodoxa, considerada por la mayoría de los rusos como un símbolo de orgullo y unidad nacional, se ha convertido en una de las más férreas defensoras del endurecimiento de la persecución a la comunidad homosexual y a quienes se atreven a defenderla.

Homofobia y religión

Otros de los tradicionales instigadores mundiales de la homofobia institucional han sido casi la totalidad de los países musulmanes. Recordemos que cinco de ellos aplican la pena capital para las relaciones sexuales homosexuales. En marzo de 2012, el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica en su intervención ante la 19 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, al mismo tiempo que se vanagloriaba de la modernidad de la Conferencia al haber elegido a una mujer para presidir su Comisión Permanente de Derechos Humanos y denunciaba la creciente islamofobia internacional, mostraba su más profunda preocupación por la introducción de la orientación sexual e identidad de género en la agenda de trabajo del propio Consejo. Alegaba que estas ‘controvertidas nociones’ no tenían base legal alguna y ponían en riesgo el espíritu fundacional de todo el sistema de las Naciones Unidas.

Por su parte y en pleno epicentro del mundo desarrollado, nos encontramos que prominentes líderes de la Iglesia Evangélica norteamericana han sido especialmente beligerantes actuando en contra de cualquier persona u organización que pidiera respeto e igualdad legal para las personas o uniones homosexuales. Sus giras internacionales les han llevado a lugares tan dispares como Rusia y Uganda donde sus sermones acerca de cómo odiar y atacar de manera efectiva a la comunidad homosexual, junto con las promesas de ayudas económicas, han encontrado su audiencia perfecta .

Al tiempo que una firme mayoría de países apuestan por la aplicación de los derechos humanos sin excepciones, aún persisten naciones empeñadas en discriminar social y legalmente a mujeres y hombres homosexuales y transexuales. De igual modo, en vez de fomentar la idea de comunidad y unión de todos y todas en época de inestabilidad económica, han aprovechado la mayor incertidumbre para cargar contra los colectivos más vulnerables de la sociedad, culpándoles de una situación que ellos mismos no se atreven a mejorar.

Sin duda, habrá días donde nos cubran nubes densas y violentas tormentas, pero de lo que tampoco cabe duda es que también habrá días donde brille el sol.

Fernando López del Prado García

El presente texto es un extracto de la tesina elaborada por el autor bajo el título ‘Bringing the human rights of lesbians, gays and bisexuals to the fore. Is the United Nations ready for a convention on the rights of sexual minorities?’, dentro del marco del Máster en Derechos Humanos en School of Oriental and African Studies, SOAS, de la Universidad de Londres.

Feria del Mercado Social de Madrid 2015

“El presidente del Eurogrupo ha subrayado hoy la recuperación económica de España, pero ha recordado al Gobierno que todavía falta “mucho por hacer”, puesto que si bien España ha hecho muchas reformas, todavía se puede hacer mucho en asuntos como el mercado laboral”. En medio de la actual embestida del sistema capitalista que llaman “crisis”, el discurso de los poderes políticos y económicos se ha manifestado especialmente virulento en torno a la incompatibilidad entre el estado de bienestar y un sistema de producción eficiente. Frases como “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” intentan centrar el discurso desde ese enfoque.

Los derechos laborales en sus diferentes facetas han sido blanco especialmente frecuente de toda clase de reclamos y recomendaciones técnicas desde los grandes organismos económicos europeos e internacionales.

Parece un silogismo lógico que la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios es insostenible frente a un sistema laboral organizado en torno a los derechos laborales que forman parte del estado de bienestar que había prevalecido en Europa. En términos simples, las personas, en nuestra faceta trabajadora, no nos adaptamos lo suficiente al sistema.

Llegados a este punto se hace indispensable reflexionar y replantearse estas consideraciones. Entre otros muchos motivos porque no parece una solución con amplia aceptación ciudadana como se ha demostrado en el reciente referéndum griego, ni tampoco ha traído los resultados esperados según puede apreciarse de la tasa de paro creciente y sostenida en España.

Si el resultado no es lo pretendido y ni siquiera puede calificarse de positivo, parece oportuno revisar el proceso de argumentación que existe detrás. Quizás es el camino y no el objetivo, el que requiere de un cambio.

De inicio se echa en falta un elemento importante en la discusión que es la consideración de que los derechos laborales, incluyendo aquellos relacionados con la Seguridad Social, son derechos fundamentales, reconocidos a nivel nacional e internacional. Efectivamente, el derecho al trabajo y a disfrutar de los beneficios del  sistema nacional de Seguridad Social, son derechos recogidos por la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos derechos al igual que el derecho a la educación, a la salud, a un medioambiente, o a una vivienda, pertenecen a los llamados Derechos Económicos Sociales y Culturales, en una clasificación que los distingue de los derechos clásicos, denominados civiles y políticos.

La implementación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha sido polémica, desde el momento en que fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La falta de consenso incluía la profundidad del papel del Estado en la definición y ejecución de acciones que pudieran conducir al progreso social, así como la participación del mercado, diferencia sostenida entre los países del bloque soviético y los países occidentales. Otro punto de desacuerdo fue sostenido por las naciones en vías de desarrollo en el sentido de que los países más pobres estaban obligados sólo a un cumplimiento progresivo de los DESC y que resultaría injusto que su desempeño al respecto fuera medido conforme a los estándares de los países más industrializados.  Finalmente, también fue discutida la cooperación internacional y si existía algún tipo de obligación por parte de los Estados más ricos, de apoyar a los más pobres en el cumplimiento de los DESC en sus respectivos países, especialmente en temas como educación, alimentación y vivienda.

La discusión continúa desde entonces, los Estados se resisten a aceptar la verdadera naturaleza de derechos fundamentales de los DESC, lo que implica por su parte obligaciones positivas de hacer: obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de cumplimiento. Este enfoque, enfatizado en las obligaciones de los Estados, visibiliza la noción de los DESC no como simples principios programáticos sino como derechos legalmente vinculantes, y cuya violación por tanto, era plenamente posible.  Esto es lo que se ha intentado en el caso de España, que si bien reconoce los DESC en el Título correspondiente a los derechos fundamentales, más adelante los califica como “principios rectores de la política social y económica”

Se advierte que el debate es de plena vigencia en España, donde los llamados “recortes” justamente afectan a los DESC. Efectivamente, se pretende demostrar que la reactivación del sistema productivo y la sostenibilidad del sistema, requieren desde el recorte de prestaciones laborales, hasta la instalación de un cementerio nuclear como principal fuente de trabajo en una región, pasando por la reducción del acceso a las prestaciones sanitarias y la falta de inversión en el sistema de educación.

Todas estas medidas son flagrantes violaciones de derechos fundamentales y como tal deben ser visibilizadas. Se esquiva presentar con claridad que varios de los intereses en juego son verdaderos derechos humanos.

En consecuencia la afirmación de que el estado de bienestar es incompatible con un sistema de producción eficiente, podríamos traducirla en que la observancia de los derechos fundamentales es incompatible con el sistema económico de producción que prevalece actualmente,

De esta manera, podemos deducir que el camino no está en recortar el estado de bienestar, es decir, el modelo que democráticamente se ha decidido para adaptar las políticas públicas a los estándares de derechos fundamentales que cualquier ser humano requiere y merece. Efectivamente, es el modelo neoliberal, sus medidas económicas y su marco legislativo, el que debe adaptarse a esos estándares de dignidad.

La quiebra está en un sistema económico donde el mercado y la maximización de beneficios se hacen prevalecer sobre las personas y sus necesidades. La eficiencia en la producción y la distribución es posible en un marco respetuoso del ser humano, donde se tome conciencia de que la satisfacción de sus necesidades y la conciliación con su vida privada, deben ser el centro de la economía.

Existen otras economías que pueden hacerlo posible. En el contexto de esta reflexión y desde hace ya varios años, ha aparecido la denominada Economía Social y Solidaria. La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Es una alternativa a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda del máximo beneficio. La Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua..

En consecuencia, podemos concluir que efectivamente, el actual sistema económico neoliberal ha llegado a un punto de claro enfrentamiento con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir con sus mandatos en torno a los derechos fundamentales, cuestión que hasta el momento en Europa se respondía a través del modelo del estado del bienestar.

Esta conclusión nos lleva a exigir a los poderes públicos el replanteamiento del sistema económico vigente, el verdadero punto que desequilibra esta ecuación. No será mediante la profundización en las medidas de libre mercado como se conseguirá armonizar todos los elementos en juego. El cambio deberá provenir del fortalecimiento y promoción de alternativas económicas distintas como es la Economía Social y Solidaria.

Reforma, cambio, medidas urgentes, no todo es igual.