A partir del 2004 y tras la publicación por parte de la OIT del A fair globalization. The role of the ILO. Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization (Report 92), la desigualdad pasó a ocupar una posición más central entre las preocupaciones de distintos organismos internacionales. Pero ha sido tras la publicación del libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty que el debate sobre este concepto se ha convertido en tema obligatorio casi en cualquier tertulia, económica o no. Y es que el proceso globalizador, en la forma en que se ha desarrollado, no ha estado exento de disfunciones y entre ellas, el crecimiento de la desigualdad.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, ha pasado a ser un elemento de debate encendido entre partidarios y detractores. Sus partidarios resaltan los efectos positivos sobre la economía y el empleo. Un estudio independiente ‘Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment‘, del Centre for Economic Policy Research de Londres establecía que las mejoras económicas que notaría una familia de cuatro personas rondarían los 545€ al año en ingreso disponible. Las exportaciones europeas crecerían un 6%, teniendo en cuenta que hoy por hoy, diez millones de empleos ya dependen de las exportaciones europeas a EE.UU., se generaría más empleo y mejor remunerado. Al incrementarse la competencia, la teoría económica nos dice que los precios tenderán a bajar, aspecto beneficioso para los consumidores, junto al incremento en las posibilidades de elección. Se estima que la economía crezca entre un 0.2 y 0.5% extra anualmente. Y es que este acuerdo pretende relajar, más si cabe, las restricciones comerciales que existen entre los EE.UU. y la UE, llegando a plantear un proceso de homogeneización de legislaciones actuales y futuras. Aunque no sólo esto, sino que también espera que se produzca un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) a ambos lados del Atlántico. Para ello, establece la creación del conocido, y polémico, ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o tribunal (privado) de resolución de conflictos entre la parte inversora y los estados que reciben la inversión. Por tanto, es necesario preguntarse si este acuerdo, basado en la institucionalización del proceso globalizador, va a tener efectos sobre la desigualdad económica en nuestras sociedades.

A pesar de que el mensaje más repetido (tienen mucho poder los TINA’s) es el que afirma que el comercio mundial y demás componentes de la globalización han reducido la desigualdad, un repaso de la literatura sobre el efecto que tiene la liberalización del comercio y de la IED sobre la desigualdad nos habla de efectos contradictorios. Todo ello consecuencia de las diferencias en cómo se mide la desigualdad, de si se dispone de datos suficientes en cantidad y/o en calidad, así como se realice la estimación, ponderando el peso poblacional y de la forma en que se homogeneizan los datos a una moneda común.

¿Puede incrementar la desigualdad económica la apertura total al comercio?

Antes de responder a la cuestión me gustaría puntualizar que quizás el efecto de esta apertura, en cuanto al TTIP, sea limitado. En este sentido ya existe mucha interconexión entre ambos mercados, aunque en determinados sectores sí que puede ser importante.

Lo que sucede cuando dos mercados entran en contacto es que tienden a especializarse en aquellas producciones en las que tienen ventajas competitivas. Como consecuencia de estas especializaciones se van a producir cierres de ciertas empresas con el consiguiente aumento del paro. Los TINA’s suelen argumentar que este paro es friccional y que tenderá a desaparecer en el medio plazo, pues será absorbido por aquellas industrias con ventajas competitivas. Todo este razonamiento me genera una duda y es, si ese medio plazo no será demasiado largo para una sociedad con un 20% de paro. Seguidamente me planteo si este paro friccional va a recibir una ayuda social (digna) mientras no encuentran trabajo. La duda es mayor pensando en las tendencias actuales en política de empleo mucho más favorable a medidas activas que a pasivas.

En cuanto a la relación entre IED y crecimiento económico es claramente positiva y además, es un factor muy importante en la reducción de la pobreza. Pero, deja muy desprotegidas a las sociedades, pues exigen desregulaciones en aquellos sectores a los que se dirijan, lo que también provoca una mayor exposición a las crisis. Si se quiere captar inversión se va a tener que renunciar al Estado de Bienestar como se conoce hasta ahora. Los inversores van a exigir mayor control de las políticas públicas.

Si entendemos que mucha de la inversión se produce para obtener ventajas en costes, entonces, si queremos obtener un mayor flujo de dinero en nuestro país vamos a tener que hacer lo mismo que en el resto pero más barato. No planteo en ningún momento las ventajas en tecnología pues estamos hablando de dos zonas desarrolladas. En cambio, los capitalistas (los grandes) podrán mover sus inversiones buscando un mayor rendimiento. En conjunto, provocará un aumento de las desigualdades entre capitalistas y asalariados, pero también entre grandes capitalistas y pequeños. En un especial del Equal Times sobre el TTIP se explica el caso de México y los efectos que el NAFTA-TLCAN supuso para los agricultores mexicanos y las maquiladoras. El Gobierno mexicano vio un incentivo para aumentar las inversiones americanas en frontera mantener los salarios bajos. Salarios bajos que no han permitido disminuir, más bien se ha incrementado, la desigualdad en esa zona. Felipe Calderón, ex presidente mexicano arremetió contra los derechos laborales con varias reformas y continuos ataques a los sindicatos y sindicalistas que se opusieron a las reformas.

Es lógico pensar que de la forma en la que se está construyendo el TTIP, los países europeos, con mayor probabilidad los que sufrimos un mayor desempleo, entremos en una competición a la baja en cuanto a derechos e impuestos. Ante lo cual, que el crecimiento económico que pueda provocar este acuerdo, sea redistribuido de manera socialmente justa es francamente improbable. Se pretende sólo proteger a los grandes inversores (con el ISDS), pero ¿dónde quedamos los demás grupos de la sociedad?

A pesar de asegurar desde fuentes políticas que no se permitirá esta competición entre estados no se han establecido mecanismos, al menos no se conocen, para evitarla. Es más, en relación a los sindicatos, protectores de los derechos laborales (constitucionalmente en algunos Estados), se les otorga un papel residual en todo el acuerdo, relegándolos a una especie de ONG. Pero, ¡cuidado! Quitar poder al sindicalismo conlleva rebajas en sueldos (muchas personas única fuente de renta) y, por supuesto, menos derechos.

La inversión provocará una fuerte competencia entre países de la UE, pero no nos olvidemos que dentro de los propios países se van a acentuar las desigualdades entre territorios. La IED no se localiza de forma homogénea en todo el territorio. En España, son La Comunidad de Madrid y Catalunya las principales receptoras. Esta desigualdad entre territorios si se intenta subsanar con una mayor solidaridad interterritorial puede alimentar, más si cabe, los sentimientos nacionalistas de determinadas zonas del Estado.

Todos estos procesos, así como sus consecuencias, no son casualidades divinas sino que proceden de decisiones de quienes nos gobiernan, y por tanto, reversibles. Si deseamos un mundo más igual es posible, con voluntad. La colaboración, y no la competición, entre países es la solución. Establecer medidas fiscales, salarios mínimos iguales junto a demás políticas de empleo para toda la UE, podría frenar la hipotética, pero probable, competición hacia una mayor desigualdad. ¿Se está negociando? Parece que no.

Por Rosario Goñi (Economistas sin Fronteras)

Llegó el verano. Sale el sol, emprendemos la ruta hacia la playa o el monte, planeamos asistir a conciertos, ver museos. Hace calor, planificamos vacaciones, inventamos viajes. Los ciudadanos europeos tenemos la posibilidad de disfrutar de ese espacio europeo sin fronteras, característica fundamental de la Unión Europea. Toda una oportunidad de conocer de primera mano culturas, costumbres, idiomas, paisajes que nos pertenecen, que son parte de nosotros, de la ciudadanía europea. No estamos obligados a enseñar carné identificativo en la frontera entre Estados, incluso podemos viajar junto con nuestras mascotas y con nuestro carné de conducir desplazarnos en automóvil por toda la Unión.

Comenzado el viaje por los 28 Estados luce el sol en un cielo azul purísima, nada puede desbaratarlo. “Todo ciudadano de la Unión  tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”,  así se recoge en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Continuamos el viaje. De forma gradual aparecen algunas nubes que no nos hacen temer por nuestra travesía. La Directiva que trata sobre el derecho a la libre circulación y residencia, la sorprendente Directiva 2004/38/CE, establece el derecho de desplazamiento y de residencia sin condiciones en un periodo no superior a los tres meses. Parece que el derecho fundamental antes mencionado solo se puede disfrutar un trimestre. Empezamos a mirar con más frecuencia al cielo y cierto temor empieza a apoderarse de nosotros. Las nubes se van convirtiendo en nubarrones. La Directiva establece también dos categorías distintas de ciudadanos en lo que se refiere a esa libertad de circulación. Por una parte los asalariados y los trabajadores por cuenta propia y por otra los estudiantes y otras personas inactivas. Su explicación para esta diferenciación es que se realiza con la idea de simplificar y reforzar el derecho a la libre circulación y residencia. Los nubarrones dejan cada vez menos entrever el cielo europeo pero todavía no amenaza lluvia, nuestro viaje puede continuar. Sin embargo da la impresión que el derecho a  la libre circulación y residencia está muy limitado, primero en el tiempo (sólo tres meses) y luego por la condición de activo o inactivo del ciudadano europeo. Si verdaderamente se busca respetar la libertad de circulación y de residencia que establece  la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ¿por qué ese límite de tres meses? ¿Por qué esas diferencias entre los ciudadanos de la Unión?

“Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”

Si miramos más allá de esos tres meses en los que podemos viajar y disfrutar de una Europa abierta, sin fronteras, donde las culturas se mezclan y el mestizaje nos hace crecer como ciudadanos, los nubarrones se han vestido de luto y cargado de lluvia. Para poder disfrutar del derecho de residencia de duración superior a tres meses hay que cumplir ciertas condiciones, sorprendentemente, o no, la primera es trabajar por cuenta ajena o propia en el país anfitrión. La segunda tener recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de ese Estado. ¿Cuándo exactamente se convierte un ciudadano en una carga? ¿Cuándo no es productivo? ¿Cuándo deja de ser un turista al uso que no hace otra cosa que consumir paquetes vacacionales? La primacía del concepto económico es verdaderamente sorprendente en esta Directiva. No se busca la libre circulación de los ciudadanos por el beneficio que pueda proporcionarles sino para que los Estados puedan obtener más beneficios económicos  por la movilidad de la fuerza de trabajo.

¿Cómo se puede hablar de ciudadanía europea si todavía para obtener el derecho de residencia permanente en un país al que se llama anfitrión hay que residir legalmente en él durante un periodo ininterrumpido de 5 años? ¿No somos todos ciudadanos europeos? Parece que la soberanía de los Estados está muy por encima del derecho de libre circulación y del principio de igualdad que tienen los ciudadanos.

La aglomeración de nubes cada vez es mayor, pero sigue la calma. Una calma chicha, de esas que se dan en los mares que nada bueno presagian. Pero no seamos agoreros, veamos el lado positivo, el nublado nos permite viajar sin el agobio de la canícula veraniega. La Directiva reconoce el derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan nacionalidad de un Estado miembro. Queda así recogido el derecho reconocido en la Carta del respeto a la libertad y dignidad porque  ¿quién piensa que una persona puede vivir con libertad y dignamente si no se respeta su vida privada y familiar?  Obviamente habrá quien esgrima que se pueden producir abusos y que no se puede permitir que personas que no son ciudadanas de la Unión disfruten de las ventajas de ser ciudadano europeo. De hecho la misma Directiva en su artículo 35 habla del abuso de derecho. Pero ¿se puede considerar un abuso querer mejorar las condiciones de vida de nuestra familia aunque no pertenezca a un Estado miembro? La Unión Europea y sus Estados tienen que avanzar mucho para erradicar ese pensamiento egocéntrico y chauvinista y abrirse a un mundo global en el que todas las personas debemos tener los mismos derechos. El derecho a la dignidad humana pasa por el reconocimiento de la igualdad entre todas las personas.

Pero las nubes siguen con su evolución, cada vez más compactas, cada vez más oscuras, cada vez más llenas. Las gotas de lluvia no caen inmediatamente al suelo sino que van creciendo, cogiendo peso.  La Directiva establece que todo ciudadano de la UE o miembro de su familia podrá ser expulsado del territorio del país anfitrión por razones de orden público, seguridad o sanidad y en ningún caso podrá tal decisión fundamentarse en razones económicas.  Ahora bien, ¿no es fundamentarse en razones económicas establecer el requisito de tener los recursos suficientes para no ser una carga para el Estado anfitrión?

La Directiva establece en su artículo 39 la necesidad de presentar un informe sobre la aplicación de esta Directiva a más tardar en abril de 2008 y abordar la oportunidad de ampliar el periodo en el que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias pueden residir en el territorio del Estado miembro de acogida sin condiciones, es decir ampliar ese periodo de tres meses que recoge la norma. En ese informe se recoge la preocupación del Parlamento por la manera en que algunos Estados miembros aplican la libertad de circulación y se afirma que la transposición general de la Directiva es muy desalentadora,  “ningún Estado miembro ha transpuesto la Directiva de manera efectiva y correcta en su totalidad”. Ante esta situación son los Estados una vez más los que tienen que avanzar en su aceptación de la existencia de una nueva gobernanza en la que los derechos de los ciudadanos de la Unión están por encima de los intereses económicos y nacionalistas de los Estados.

Cuando dos masas de aire a diferente temperatura, ciudadanos y estados, se encuentran se dan las condiciones para que se produzca una tormenta. Si la Unión trata así a sus propios ciudadanos ¿por qué nos sorprendemos del trato que se da a los ciudadanos de terceros países? Cuando llegamos a este punto de nuestro viaje las nubes ya no pueden contenerse más, se aprestan a descargar. Estalla la tormenta. Relámpagos, turnos. Salimos en estampida, excursionistas sin gps. ¿Dónde buscar refugio? Algunos Estados dan cobijo a los viajeros más perdidos, como Alemania o Francia otros como España se niegan porque las cuotas “no son justas ni realistas”. Otros mandan perros y policía para parar la entrada de migrantes ¿Es justo dejar en la intemperie a personas que solo quieren buscar un futuro mejor?  Nos queda mucho camino por recorrer para ser solidarios y justos con los ciudadanos tanto europeos como de otros países. El gran problema de las tormentas de verano es que pronto se olvidan.  El espacio europeo es el símbolo más claro de la unidad de los Estados que forman la Unión Europea sería deseable que eso no se nos olvidara.

Fotografía del artículo: Guillermo Viciano (Flickr)

Feria del Mercado Social de Madrid 2015

“El presidente del Eurogrupo ha subrayado hoy la recuperación económica de España, pero ha recordado al Gobierno que todavía falta “mucho por hacer”, puesto que si bien España ha hecho muchas reformas, todavía se puede hacer mucho en asuntos como el mercado laboral”. En medio de la actual embestida del sistema capitalista que llaman “crisis”, el discurso de los poderes políticos y económicos se ha manifestado especialmente virulento en torno a la incompatibilidad entre el estado de bienestar y un sistema de producción eficiente. Frases como “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” intentan centrar el discurso desde ese enfoque.

Los derechos laborales en sus diferentes facetas han sido blanco especialmente frecuente de toda clase de reclamos y recomendaciones técnicas desde los grandes organismos económicos europeos e internacionales.

Parece un silogismo lógico que la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios es insostenible frente a un sistema laboral organizado en torno a los derechos laborales que forman parte del estado de bienestar que había prevalecido en Europa. En términos simples, las personas, en nuestra faceta trabajadora, no nos adaptamos lo suficiente al sistema.

Llegados a este punto se hace indispensable reflexionar y replantearse estas consideraciones. Entre otros muchos motivos porque no parece una solución con amplia aceptación ciudadana como se ha demostrado en el reciente referéndum griego, ni tampoco ha traído los resultados esperados según puede apreciarse de la tasa de paro creciente y sostenida en España.

Si el resultado no es lo pretendido y ni siquiera puede calificarse de positivo, parece oportuno revisar el proceso de argumentación que existe detrás. Quizás es el camino y no el objetivo, el que requiere de un cambio.

De inicio se echa en falta un elemento importante en la discusión que es la consideración de que los derechos laborales, incluyendo aquellos relacionados con la Seguridad Social, son derechos fundamentales, reconocidos a nivel nacional e internacional. Efectivamente, el derecho al trabajo y a disfrutar de los beneficios del  sistema nacional de Seguridad Social, son derechos recogidos por la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos derechos al igual que el derecho a la educación, a la salud, a un medioambiente, o a una vivienda, pertenecen a los llamados Derechos Económicos Sociales y Culturales, en una clasificación que los distingue de los derechos clásicos, denominados civiles y políticos.

La implementación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha sido polémica, desde el momento en que fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La falta de consenso incluía la profundidad del papel del Estado en la definición y ejecución de acciones que pudieran conducir al progreso social, así como la participación del mercado, diferencia sostenida entre los países del bloque soviético y los países occidentales. Otro punto de desacuerdo fue sostenido por las naciones en vías de desarrollo en el sentido de que los países más pobres estaban obligados sólo a un cumplimiento progresivo de los DESC y que resultaría injusto que su desempeño al respecto fuera medido conforme a los estándares de los países más industrializados.  Finalmente, también fue discutida la cooperación internacional y si existía algún tipo de obligación por parte de los Estados más ricos, de apoyar a los más pobres en el cumplimiento de los DESC en sus respectivos países, especialmente en temas como educación, alimentación y vivienda.

La discusión continúa desde entonces, los Estados se resisten a aceptar la verdadera naturaleza de derechos fundamentales de los DESC, lo que implica por su parte obligaciones positivas de hacer: obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de cumplimiento. Este enfoque, enfatizado en las obligaciones de los Estados, visibiliza la noción de los DESC no como simples principios programáticos sino como derechos legalmente vinculantes, y cuya violación por tanto, era plenamente posible.  Esto es lo que se ha intentado en el caso de España, que si bien reconoce los DESC en el Título correspondiente a los derechos fundamentales, más adelante los califica como “principios rectores de la política social y económica”

Se advierte que el debate es de plena vigencia en España, donde los llamados “recortes” justamente afectan a los DESC. Efectivamente, se pretende demostrar que la reactivación del sistema productivo y la sostenibilidad del sistema, requieren desde el recorte de prestaciones laborales, hasta la instalación de un cementerio nuclear como principal fuente de trabajo en una región, pasando por la reducción del acceso a las prestaciones sanitarias y la falta de inversión en el sistema de educación.

Todas estas medidas son flagrantes violaciones de derechos fundamentales y como tal deben ser visibilizadas. Se esquiva presentar con claridad que varios de los intereses en juego son verdaderos derechos humanos.

En consecuencia la afirmación de que el estado de bienestar es incompatible con un sistema de producción eficiente, podríamos traducirla en que la observancia de los derechos fundamentales es incompatible con el sistema económico de producción que prevalece actualmente,

De esta manera, podemos deducir que el camino no está en recortar el estado de bienestar, es decir, el modelo que democráticamente se ha decidido para adaptar las políticas públicas a los estándares de derechos fundamentales que cualquier ser humano requiere y merece. Efectivamente, es el modelo neoliberal, sus medidas económicas y su marco legislativo, el que debe adaptarse a esos estándares de dignidad.

La quiebra está en un sistema económico donde el mercado y la maximización de beneficios se hacen prevalecer sobre las personas y sus necesidades. La eficiencia en la producción y la distribución es posible en un marco respetuoso del ser humano, donde se tome conciencia de que la satisfacción de sus necesidades y la conciliación con su vida privada, deben ser el centro de la economía.

Existen otras economías que pueden hacerlo posible. En el contexto de esta reflexión y desde hace ya varios años, ha aparecido la denominada Economía Social y Solidaria. La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Es una alternativa a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda del máximo beneficio. La Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua..

En consecuencia, podemos concluir que efectivamente, el actual sistema económico neoliberal ha llegado a un punto de claro enfrentamiento con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir con sus mandatos en torno a los derechos fundamentales, cuestión que hasta el momento en Europa se respondía a través del modelo del estado del bienestar.

Esta conclusión nos lleva a exigir a los poderes públicos el replanteamiento del sistema económico vigente, el verdadero punto que desequilibra esta ecuación. No será mediante la profundización en las medidas de libre mercado como se conseguirá armonizar todos los elementos en juego. El cambio deberá provenir del fortalecimiento y promoción de alternativas económicas distintas como es la Economía Social y Solidaria.

Reforma, cambio, medidas urgentes, no todo es igual.