Después de esto por fin su familia comprendería que tanta dedicación tenía sentido. Al fin y al cabo, la utilidad del método era evidente. Quién sabe, quizás dentro de 200 o 300 años se usase en todo el mundo civilizado, y su nombre perduraría con el reconocimiento que merecía…

«¡Ay! María, menos soñar y más concentracióno o te acabarás haciendo una avería” se dijo mientras atizaba la llama.

Este breve relato es ficción pero el invento y su creadora son bien reales. Igual de reales son los casi 2000 años – no 300, en ese cálculo se quedó corta – que llevamos sirviéndonos de él a lo largo y ancho de todo el planeta. No obstante, parece que fue demasiado optimista al considerar que la historia trataría igual de bien a su persona que a su obra.

Aunque ya no se conserven ninguno de sus escritos, conocemos por otras fuentes que María la Judía – así se la llama aunque no está claro que fuese judía siquiera – se considera una de las fundadoras de la alquimia e inventora de varios tipos de alambiques y condensadores de flujo que siguen teniendo aplicaciones hoy en día. A diferencia de sus coetáneos, se caracterizó por su enfoque de trabajo más práctico, orientado a la utilidad del instrumental y formulaciones que creó, y no tanto a la filosofía de la transmutación de los elementos. Por esto, en ocasiones se la ha considerado la primera persona química de la que se tiene constancia individual en la historia. Claro está, no podemos obviar que, de forma anónima y colectiva, las comunidades humanas llevan milenios perfeccionando hallazgos científicos basados en la química. Un ejemplo podría ser el desarrollo del proceso de fermentación para la cebada mediante la fabricación de cerveza, que se sabe que se descubrió hace 7000 años en Mesopotamia. Otro invento de mujeres, por cierto.

Últimamente he estado preguntando a la gente si ven útil para la vida actual el baño María – sí, ese es el invento ¿a que te suena? – y cuál creen que es el origen de su nombre. Como probablemente ya sepas, este es el método ideal para hacer conservas adecuadamente, evitar la pérdida de propiedades nutricionales de los alimentos y mantener la calidad y el sabor de abundantes elaboraciones. Y no sólo eso, es una técnica que tiene numerosas aplicaciones químicas y se usa en infinidad de laboratorios. Así que, a pesar de que habitualmente infravaloramos todo aquello que relacionamos con lo cotidiano – más aún si son cosas del comer, por desgracia – parece que hay bastante consenso entre el público encuestado de los beneficios que reporta esta técnica. Con respecto a lo segundo, su procedencia, ya es otro cantar. He oído de todo. Desde que lo inventaron los mismos de las galletas, hasta que el nombre era en honor a la virgen. Muy pocas personas han deducido que si se llama así es porque lo inventaría una tal María, y desde luego ninguna conocía a la inventora o sabía de su relevancia.

Lo triste es que María no ha sido olvidada por una casual coincidencia del destino. María la Judía es una de tantas mujeres excepcionales cuyos méritos han sido menospreciados e invisibilizados para que el engranaje entre patriarcado y capital siga funcionando con precisión milimétrica. El sistema se sostiene gracias a que todo el trabajo reproductivo y de cuidados es desempeñado gratuitamente y en su mayor parte por mujeres, y el hecho de que ellas destaquen ejerciendo otros papeles pone en tela de juicio los pilares sobre los que éste se sustenta.

A unos pocos días del 25N hay registrados ya 92 feminicidios en el estado español en lo que va de año. No puedo evitar pensar en que si viviéramos en una sociedad en la que un nombre como el de María la Judía fuese igual de reconocido que el de Pitágoras, Arquímedes o Galeno, todos aquellos hombres que ahora se creen con derecho a insultar, vejar, controlar, pegar, violar, asesinar, o en definitiva, ejercer cualquier tipo de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, se lo pensarían dos veces antes de actuar. O más bien, ni siquiera se lo plantearían. #NiUnaMenos

Entre las novedades que presenta el Acuerdo de París ha pasado algo desapercibido el hecho de que la seguridad alimentaria aparezca nombrada por primera vez en un acuerdo climático global. Más aún, actividades como la agricultura, la silvicultura y la pesca ocupan un lugar destacado en las acciones que los países pueden proponer en el marco del Acuerdo de París. De los 186 Estados que han presentado sus planes voluntarios para reducir sus emisiones, en torno a un centenar incluyen medidas vinculadas con la agricultura y el uso del suelo. Por fin, la agricultura se ha hecho un hueco entre medidas que solían hablar sobre energía, usos forestales y transporte. Si durante años los temas agrarios estaban en un segundo plano, poco a poco comienzan a ganar peso en la agenda climática. Desafortunadamente, lo hacen de la mano y bajo el impulso de una agroindustria que ha pasado de mirar para otro lado en foros y negociaciones climáticas, a dar un paso al frente y autoproponerse como parte de las soluciones con su propuesta de “agricultura climáticamente inteligente”.

La agroindustria sabía que no podía continuar colocándose de perfil en las cumbres sobre cambio climático. Tanto su aporte en forma de gases de efecto invernadero, como la alta vulnerabilidad de la agricultura ante los futuros escenarios iban a terminar poniendo el foco sobre su responsabilidad en este tema. Y así ha ocurrido. Lejos quedaron los años en los que diferentes estudios, entre ellos el prestigioso informe Stern, sólo concedían a la agricultura algún valor entre el 11 y el 15% de las emisiones globales. El propio panel de expertos de la ONU, el IPCC, consideró necesario revisar sus inventarios de emisiones y la cifra ascendió al 24% (ver página 9). Y eso sin considerar cada uno de los eslabones de los que se compone el sistema alimentario global. Si lo hacemos, el sistema alimentario puede pasar a ser el sector con más peso en la emisión de gases de efecto invernadero, aportando entre un 44 y un 57% de las emisiones. Más allá de contribuir de forma protagónica a las causas del cambio climático, se trata de uno de los sectores más vulnerables a los futuros escenarios climáticos. Según el IPCC, para 2050 se prevee un aumento de la inseguridad alimentaria de entre un 15 y un 40%. Ante la posibilidad de que todos los focos señalaran a la agroindustria, las grandes multinacionales del mundo de la alimentación comenzaron a preparar su estrategia de contraataque con un eje central: la agricultura climáticamente inteligente.

Aunque el concepto fue propuesto por primera vez en 2009, no fue hasta 2015 que se creó la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente. Una iniciativa que, con el apoyo del Banco Mundial y la participación activa de empresas como Syngenta, Yara, Kellogg’s y otras corporaciones del mundo de los fertilizantes, los alimentos kilométricos o las cadenas de frío globales, recorre el mundo afirmando que ellas sí saben cómo reducir las emisiones. Ver para creer. Algo que no debemos pasar por alto es que, hasta ahora, la construcción del discurso en torno a las alternativas en el ámbito de la alimentación ha sido tradicionalmente liderada desde movimientos campesinos, ecologistas y/o con vocación de justicia social. De hecho, la agroindustria suele llegar con retraso y acaba intentando cooptar conceptos que nacieron precisamente para criticarla. Que Carrefour tenga una línea de alimentos ecológicos o que McDonald’s haga lo propio con el Comercio Justo son escenarios rocambolescos que obligan a los movimientos de base a reinventarse y seguir proponiendo nuevos marcos discursivos. En pocas ocasiones la agroindustria toma la iniciativa pero, a veces, pasa. Con el concepto de “agricultura climáticamente inteligente” tenemos un jugoso caso para diseccionar. Frente a la confrontación o la cooptación del discurso crítico, mucho mejor generar un concepto voluble que esquive las balas.

Vayamos a la sección de Preguntas Frecuentes del dosier “Knowledge on Climate Smart Agriculture”, firmado por la FAO. No tiene desperdicio. Al explicar la posición de este modelo agrícola respecto a conceptos tan antagónicos como los transgénicos o la agroecología, demuestra una calculada ambigüedad digna de los mejores expertos en marketing político. Por un lado, afirma que la agroecología puede jugar un papel clave en la reducción de emisiones. Por otro, y tan sólo cinco líneas más tarde, reconoce que ni está en contra ni promueve los transgénicos, que la decisión sobre su uso queda en manos del marco legal de cada país. Una fabulosa forma de limpiarse las manos, dejando una estela de ecuanimidad que obvia la imposibilidad de nadar entre las aguas de dos modelos que se oponen en su concepción sobre qué lugar deben ocupar los derechos campesinos y la vida en su conjunto. Si el “falso centro político” hablara sobre agricultura, sin duda elegiría la agricultura climáticamente responsable como el ejemplo a seguir.

No es casualidad que encontremos documentos de la FAO explicando y defendiendo la propuesta de este modelo agrícola. Fue la propia FAO la que empezó a usar este concepto y, desde entonces, se ha convertido en su firme defensora. Haciendo uso de una imagen más “amable” y “desinteresada” que la que pueden ofrecer los miembros privados de la Alianza (como ya señalamos: un 60% de sus promotores privados proceden de la industria de los fertilizantes), la FAO ha conseguido que la agricultura climáticamente inteligente sea tenida cuenta como de las propuestas dignas de recibir financiación por instituciones como el Fondo Verde para el Clima. Al final, es éste el órgano que va a gestionar parte de los los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos hasta 2020. Para que un proyecto pueda recibir financiación del Fondo, se necesita que su solicitud sea tramitada a través de una entidad acreditada. ¿Qué organización será la que ayude a bajar fondos del Fondo para subvencionar los planes de la agroindustria? Adivinen…

La FAO está en proceso de conseguir dicha acreditación y, como ella misma reconoce, aprovechará ese nuevo estatus para financiar proyectos vinculados con la agricultura climáticamente inteligente. Por fin, la agroindustria podrá disfrutar del grifo millonario que gestiona el Fondo Verde para el Clima. La agricultura climáticamente inteligente adquiere la forma de hucha en la que el Fondo introducirá el dinero con el que los países industrializados consiguen compensar sus emisiones. Más allá de intentar aparecer en preámbulos de Acuerdos que no aseguran su cumplimiento, la agroindustria ha ido ejecutando una inteligente hoja de ruta para que su modelo agrícola pudiera ser concebido como una solución frente al cambio climático. Con la inclusión de la FAO entre las entidades acreditadas por el Fondo Verde para el Clima se completa parte del plan. La COP21 ha sido un éxito, sí… pero sólo para algunos.

Con su aprobación el pasado mes de marzo, la citada Directiva deja atrás el marco que ha regulado las autorizaciones de cultivos transgénicos en suelo comunitario durante más de una década. Con el objetivo de agilizar estos procesos, se abandona la idea de conseguir posiciones unánimes y se permite que cada país se posicione en línea o no con las autorizaciones otorgadas. A partir de ahora, aunque la UE de luz verde al cultivo de una determinada variedad transgénica, los Estados miembros podrán desmarcarse y prohibir su cultivo en todo o parte de su territorio. Es pronto para tener una imagen nítida sobre las implicaciones y procesos que puede desatar la nueva normativa, pero alguna pista ya podemos nombrar. Vamos a ello.

En primer lugar, puede resultar chocante leer que el principal aporte de la nueva Directiva sea posibilitar que un Estado miembro prohíba en su territorio el cultivo de un OGM autorizado en la UE. Se podría pensar: “Pero… ¿No se supone que Alemania, Francia, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Bulgaria ya habían prohibido el único cultivo transgénico existente en Europa, el maíz MON810?” Así es, pero tuvieron que recurrir a mecanismos excepcionales como cláusulas de salvaguardia o medidas de emergencia, que no siempre ofrecieron la mayor de las seguridades jurídicas. De hecho, sus prohibiciones no han estado exentas de polémicas judiciales. En marzo de 2009, el Consejo rechazó la solicitud de la Comisión de pedir a Hungría y a Austria que derogaran sus medidas nacionales de salvaguardia, por no contar con el suficiente fundamento científico de acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). Peor suerte corrió Francia cuya prohibición de cultivo de transgénicos de 2008 fue considerada ilegal primero por el Tribunal de Justicia Europeo y posteriormente por el Consejo de Estado francés. De hecho, probar que la prohibición país por país de un cultivo autorizado por la UE era ilegal ha sido una de las puntas de lanza de empresas como Monsanto. Con esta situación de fondo, un grupo de trece Estados miembros solicitó a la Comisión la elaboración de una propuesta para poder aplicar el principio de subsidiariedad en la prohibición de cultivos de OGM con más garantías. Con la Directiva 2015/412 se consigue un mayor aval jurídico para las restricciones estatales a los transgénicos, eso sí, a costa de profundizar la brecha entre dos Europas divididas por su posición en torno a los alimentos y cultivos de OGM.

Es precisamente ese debate enconado entre los países que recelan y los que dan la bienvenida a los transgénicos el que ha ralentizado buena parte de los procesos de autorización de transgénicos para cultivo. En el año 2010, tras 12 años sin que la Unión Europa hubiera otorgado ninguna autorización, una filial de BASF conseguía permiso para el cultivo y comercialización para uso industrial de la patata transgénica Amflora. La noticia tenía un sabor agridulce para la empresa alemana: habían pasado más de 13 años desde que inició el proceso de solicitud, toda una eternidad para una actividad íntimamente ligada a la innovación. El procedimiento descrito en el Reglamento 1829/2003 señala que los países miembros tienen que decidir por mayoría cualificada si aceptan o no la solicitud. Primero se vota en un Comité Permanente de Expertos; si no se consigue el número de votos requerido, se pasa a un Comité de Apelaciones. El hecho de que se necesite mayoría cualificada en ambas votaciones (requiere el voto favorable del 55% de los Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población de la UE) supone que los procesos se alarguen durante años, cuando no acaban obstaculizados, y termina siendo la Comisión Europea la que da la última palabra, que suele ser en forma de alfombra roja.

Desde que se ha aplicado este proceso de decisión, las votaciones tanto en el Comité Permanente como en el de Apelaciones “han consistido sistemáticamente en la ausencia de dictamen”, por lo que la pelota queda en el tejado de una Comisión a la que, según sus propias palabras, no le queda “mucho margen para tomar una decisión que no sea conceder la autorización”. Regresando al caso de la patata Amflora, tras una votación en la que una mayoría de Estados se mostró contraria a su autorización (11 votos en contra, 10 a favor y 6 abstenciones), la Comisión decidió su aprobación. Años más tarde, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos hemos enterado de que sí le quedaba margen para no aprobarla. Según la propia sentencia del Tribunal, la Comisión decidió aprobar el cultivo de la patata Amflora aunque eso supusiera pasar por alto sus propias normas. Tras la chapuza de la Comisión, a quien no le quedó margen para no anular la autorización fue al Tribunal de Justicia Europeo. A pesar de esos antecedentes, el papel de la Comisión en la nueva Directiva sigue intacto; el cambio reside en esperar que la Comisión tenga que actuar en menos ocasiones al llegar los Estados a mayorías cualificadas en el seno de los Comités con más facilidad.

Está por ver si los Estados varían su forma de votar tras la aprobación de esta nueva normativa. En su redacción, el mensaje que traslada la Directiva a los Estados miembros se podría resumir en algo así como “dejad de entorpecer las votaciones en los Comités; no os afecta que en el resto de la UE se autorice este transgénico: siempre podréis recurrir a vuestro nuevo derecho de prohibir el cultivo en vuestro territorio”. Estaremos pendientes de si, efectivamente, los Estados reaccionan a estas invitaciones. Donde sí se ha producido un verdadero cambio es en los motivos que pueden alegar los países miembros para solicitar la prohibición de un cultivo. No hace falta que aleguen motivos de protección humana, animal o ambiental, previo aval de la EFSA. Con la nueva Directiva es suficiente con que las razones estén vinculadas a objetivos de política ambiental y/o agrícola, ordenación del territorio, uso del suelo, repercusiones socioeconómicas y hasta de orden público. Ninguna de estas materias es competencia de la EFSA. El sector protransgénico no ha conseguido que para prohibir un OGM en un territorio se tenga que contar con un informe favorable de la EFSA. Por primera vez, un Estado tendrá autonomía y potestad suficiente para restringir el cultivo de un transgénico, sin que medie una evaluación de la EFSA que certifique que las razones del Estado son lo suficientemente “científicas”. Para explicar el interés del lobby protransgénico para que la EFSA actúe de guardabarrera, conviene recordar que las puertas giratorias y la consecuente falta de imparcialidad son dos críticas recurrentes a este organismo.

Sin olvidar las lagunas e imperfecciones de la normativa ya nombradas, hay un dato que ha provocado el gozo de los movimientos ecologistas. La aprobación de esta Directiva ha traído consigo la visibilización de un rechazo histórico por parte de los Estados miembros al cultivo de transgénicos en suelo europeo. Si a principios de año el número de Estados que prohibían el maíz MON810 se limitaba a 8 países, hoy ya son 17 Estados más 4 administraciones regionales los que han formalizado su restricción a que este transgénico llegue a sus cultivos. El listado de peticiones para restringir OGM no se detiene en esta variedad ya autorizada, sino que se incluyen también transgénicos que están en la sala de espera antes de su previsible aprobación por parte de la Comisión Europea. Parece que el rechazo de estos países estaba ahí, pero faltaban las condiciones para que los Estados lo pudieran expresar. La mayor seguridad jurídica y la posiblidad de argumentar motivos para la prohibición sin necesidad de pasar por la EFSA pueden estar entre las condiciones que han facilitado esta nueva situación. La alegría generada con estas restricciones contrasta con la incertidumbre sobre qué ocurrirá en los próximos procesos de autorización. La pregunta que queda en el aire es si la nueva Directiva nos divide Europa en una amplia zona libre de transgénicos, y una pequeña extensión donde el número de cultivos autorizados crece de forma exponencial. En unos meses, tendremos datos para poder responder.

Resulta difícil depositar confianza en una cumbre que es la continuación de una sucesión de negociaciones fracasadas. A la falta de ambición en los objetivos de reducción de emisiones, se suma el escaso interés en hacer que estos sean de obligado cumplimiento. Por otro lado, las soluciones que proponen se caracterizan por estar desvinculadas de las causas que originan el problema. El eterno e infructuoso combate a los síntomas, pasando por alto el origen de la enfermedad. En el catálogo de los falsos remedios que se presentarán este año en París nos encontramos con dos grandes proyectos de geoingeniería (captura-almacenamiento de carbono y manejo de radiación solar) de los que no existen pruebas concluyentes sobre su viabilidad o impacto. Una vez más, no habrá ni rastro de medidas vinculantes sobre las industrias que más contribuyen a la aceleración del cambio climático.

Si nos pidieran nombrar a los sectores que más están profundizando la crisis climática con sus emisiones, seguramente nos pasarían por la cabeza industrias como la energética o el sector del transporte. Poca gente se acordaría de la actividad agrícola. Sin embargo, dependiendo de cómo construyamos los inventarios, el sistema alimentario puede llegar a ser el sector con más peso en la emisión de gases de efecto invernadero. Durante algunos años se ha afirmado que la agricultura contribuye en algún punto entre el 11 y el 15% de las emisiones globales. Aún así, existía la sensación de que estos datos infravaloraban su verdadero aporte. Desde 2006 el panel de expertos de la ONU (el IPCC) decidió generar una nueva categoría que no solo incluyera la agricultura sino que también considerara otros usos del suelo relacionados como la silvicultura o las actividades forestales (ver figura 3, pág. 10). Desde entonces, actividades agrarias y otros usos del suelo pasaron a representar un 24% de las emisiones globales. Y aún así, al no expandir el foco más allá del lugar de producción, estas cifras siguen sin ofrecer una idea precisa del impacto real. Si en lugar de hablar de prácticas agrarias consideramos todo el sistema alimentario, nos encontraremos con que este es responsable de cerca de la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Entre un 44% y un 57% de las emisiones de gases proceden del sistema alimentario global. Estas son las estimaciones recogidas por la organización internacional GRAIN, al atender a cada uno de los pasos vinculados a la producción agroindustrial de alimentos. Repasemos cada eslabón. Sin duda, el más cruento sucede en la deforestación previa al cultivo: entre 15-18% de las emisiones. No es de extrañar si consideramos que la expansión de la frontera agrícola es responsable de un 70-90% de la deforestación mundial. Más de la mitad de este desmonte se produce para obtener mercancías agrícolas de exportación. Siguiente paso: los procesos agrícolas en sí mismos. Como ya hemos comentado, entre un 11-15%. Después, el transporte. En los análisis más conservadores una cuarta parte de las emisiones de este sector se producen para el tránsito de alimentos (5-6% del total de las emisiones globales). El procesamiento y empacado de alimentos suma un 8-10% de los gases de efecto invernadero. En quinto lugar, el mantenimiento de la “cadena de frío” para controlar la temperatura hasta llegar a los establecimientos de la gran distribución y la venta en estos, del 2 al 4%. Por último, el desperdicio de alimentos. Con un descarte de casi la mitad de toda la comida que se produce, el sistema alimentario genera en este eslabón un 3-4% de las emisiones globales. No existe otro sector que a lo largo de todo su ciclo contribuya con tales cantidades de emisiones.

A pesar de estas cifras, en la agenda de París’15 no se menciona la necesidad de cambiar el modelo impulsado por el sistema agroalimentario industrial. Todo lo contrario. Cuando se trate de abordar la relación entre agricultura y cambio climático se hará de la mano de la “Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente”. Este panel intergubernamental, auspiciado por la FAO y el Banco Mundial, ha conseguido posicionarse como el interlocutor principal del establishment en esta materia. El sistema agroindustrial ha descubierto la mejor manera de neutralizar cualquier debate crítico con sus prácticas: proponerse a sí mismo como solución bajo el disfraz de un concepto de difícil definición. Resulta complicado encontrar una aproximación precisa que ayude a entender qué es eso que llaman “agricultura climáticamente inteligente”… y ahí radica parte de su éxito. Quizá lo más útil para conocer su fundamento sea echar un vistazo a la lista de promotores: un 60% de los miembros privados de la Alianza proceden de la industria de los fertilizantes. Sabiendo esto ya no extraña tanto que entre sus manuales de prácticas exitosas aparezcan proyectos que potencian el uso de agrotóxicos o de transgénicos. Con esta Alianza, el sector agroindustrial ha encontrado su Caballo de Troya con el que introducirse en los salones de París’15.

Ahora que la agricultura y la alimentación pueden convertirse en protagonistas del debate y la lucha contra el cambio climático, es crucial que la confusión interesada de términos no nos lleve a desviar las propuestas hacia quienes están acelerando el problema. La “agricultura climáticamente inteligente” está en las antípodas de ofrecer los beneficios asociados a la agroecología de base campesina. Es la agricultura campesina la que favorece prácticas agroecológicas como la diversificación de cultivos, la integración de árboles y vegetación silvestre en el campo de cultivo o el aprovechamiento de insumos propios para evitar la compra de agrotóxicos. Según datos de GRAIN, la suma de todas estas prácticas puede compensar un 24-30% de todas las emisiones actuales de efecto invernadero. El impacto de un cambio de modelo agroindustrial a uno agroecológico todavía tiene más margen de mejora. Si a estas prácticas en la zona de cultivo se les dota de circuitos de comercialización locales, si se favorecen dietas basadas en alimentos frescos y si se reduce el peso cárnico de nuestra alimentación, la disminución de emisiones puede ser todavía mayor. Recordemos que no estamos hablando de un sector más, sino de la actividad que más contribuye a las emisiones de efecto invernadero. Quien dice que no ve soluciones a la crisis climática a través de la praxis agroecológica es porque no ve la posibilidad de apropiarse de ella. En las prácticas y saberes que la población campesina lleva cultivando por generaciones está la llave que puede enfriar el planeta.

¿Apostar por una imagen de comercio de barrio? Sí, resulta curioso que el sector que durante décadas introyectó la idea de que coger el coche para comprar en una gran superficie a las afueras de la ciudad era sinónimo de progreso, libertad de elección y cosmopolitismo, haya virado su estrategia hacia los comercios intraurbanos revistiendo sus establecimientos con la iconografía asociada al pequeño comercio. En realidad, no tenía mucha más opción.Por un lado, los hipermercados (esos canales de distribución alimentaria con mayor superficie comercial) presentan claros signos de ser un modelo saturado: mientras que el número de nuevos híper creció más de un 100% en los 90, su aumento no superó el 40% en la primera década de los años 2000 para terminar estabilizándose en los últimos años en torno a los 445 establecimientos. Por otro, este agotamiento del formato híper viene acompañado de importantes cambios en la manera de consumir alimentos de una ciudadanía que cada vez se siente más alejada de las grandes superficies: del 16,9% de cuota de mercado en venta de alimentos en 2007, los hipermercados han iniciado una tendencia a la baja hasta llegar al 14,2% de2014, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Atrás quedan los tiempos en los que ir a hacer la compra era sinónimo de hacer despensa: cada vez se va más veces a hacer la compra, pero se adquieren menos productos en cada una de ellas. La tendencia señalada por el Informe Nielsen 2014 apunta a hacer compras más frecuentes, para controlar mejor el gasto y evitar el deterioro de los alimentos frescos. Mejor ir dos o tres veces por semana al comercio cerca de casa con la cesta de la compra, que llenar el carro a rebosar en la gran superficie de las afueras.

Frente a este retroceso en cuota de mercado de los hipermercados, las grandes empresas de distribución se han replegado hacia los barrios. Y lo han hecho adoptando la estética y valores asociados a quien nunca se fue de allí: el pequeño comercio. Desde los departamentos de marketing de las grandes comercializadoras se comenzaba a abordar la importancia de facilitar conversaciones y encuentros en el interior del supermercado, a ofertar capacitaciones relacionadas con las habilidades del pequeño comercio, a poner en valor todos los intangibles que genera la tienda “de toda la vida”. “Si la gente quiere pequeño comercio, nos vestiremos de él”, se oía desde sus despachos.

Como cabría imaginar, la tienda tradicional se ha visto directamente afectada por la nueva estrategia de la gran distribución. A lo largo de estos años de crisis, el comercio tradicional no sólo no ha recogido el espacio que dejaban las grandes superficies sino que ha visto peligrar una de sus grandes fortalezas: la venta de alimentos frescos. A pesar de las dificultades y de la asimetría de fuerzas con sus competidores, las tiendas de barrio habían conseguir encontrar cierto sosiego en el comercio de frutas y verduras frescas llegando a suministrar un 48,8% de la alimentación fresca en el 2001. El propio director de Mercadona, Juan Roig, solía decir que alrededor de cada supermercado “no había ningún colmado, pero había 8 fruterías”. Aunque no sería por mucho tiempo. Desde el año 2013, Mercadona puso en marcha una nueva estrategia para vender alimentos frescos de forma directa. Y junto a ella, el resto de grandes. Había que ponerse manos a la obra para desterrar la idea de que en el supermercado la fruta no daba la talla. Ya en 2011 la campaña “Carrefour en positivo” nos decía que apostaba por lo local y por sus más de 1.000 proveedores de alimentos frescos“; BM nos lleva diciendo desde 2013 que su empresa “No es lo mismo” porque ellos hacen las cosas diferentes al apostar por la fruta y verdura de temporada; mientras que Eroski sigue buscando refugio tras sus certificaciones de origen. Suena una misma melodía en el maquillaje de las grandes distribuidoras.

Sin embargo, no todo han sido cambios estéticos: ante una sociedad cada vez más hipersensible al gasto doméstico, la gran distribución ha apostado por recrudecer su tradicional guerra de precios. ¿Cómo bajar el importe de sus alimentos sin que sus márgenes se vieran afectados de forma similar? Desplazando la presión sobre sus proveedores, con unos precios de compra que en muchos casos ni siquiera soportan los costes de producción. Que se lo pregunten al sector lácteo, pero de ese tema hablaremos con más profundidad en otro momento. Al final, a través de su formato de venta de cercanía con precios más agresivos (las tiendas descuento), las grandes empresas de distribución no sólo han conseguido convencer a la gente que ya no va al híper, sino que han logrado sacar de las tiendas tradicionales a su público más fiel: el que compraba en ellas los alimentos frescos. Mientras que hipermercados y tiendas tradicionales han seguido disminuyendo su cuota de mercado para alimentación fresca (-2,1% los primeros y -9,4% las segundas de 2008 a 2014), las tiendas de descuento son el formato de venta que mejor ha sabido aprovecharse de la situación, experimentando el crecimiento más fuerte en cuota de mercado (del 4,3% en 2008 al 9% en 2014).

Esta nueva situación ha supuesto un paso más en la concentración de poder de las grandes empresas de distribución y una profundización de la herida que viene asolando al pequeño comercio. La pérdida de más de 4000 tiendas tradicionales desde el inicio de la crisis no sólo es importante a nivel cuantitativo, en términos cualitativos se han destruido muchos de los comercios ya consolidados que consiguieron aguantar los peores momentos del temporal (en la década de los 90, desaparecieron más de 30.000). Se han perdido más de 4000 oportunidades para reapropiarnos de nuestra alimentación, relocalizar la economía y repartir el empleo. Porque en estos tres frentes, la gran distribución y el pequeño comercio no son lo mismo ni lo podrán ser. Una última perla, citando al INE, en 2013 las tiendas de barrio siguen siendo el formato comercial que más empleo genera al dar trabajo al 52% del conjunto del sector minorista; la gran distribución empleó al 23%. Y es que, aunque Mercadona se vista de seda…

Si nos acercamos a los informes elaborados por centros vinculados al sector biotecnológico, podemos constatar el escaso y desigual peso que tiene la agricultura transgénica en la producción mundial de alimentos. Según el International Service for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA), en 2014 los cultivos transgénicos ocupaban una superficie de 181,5 millones de hectáreas, con 18 millones de personas productoras trabajando en ellos. Aunque la consigna dentro del sector sea vender estas cifras como un éxito sin precedentes, resulta difícil hacerlo si situamos los datos en perspectiva: el 96,3% de la tierra agrícola en el mundo permanece libre de cultivos transgénicos y más del 99% de la población campesina no se ha visto seducida por las promesas de la industria agrobiotecnológica. No se trata sólo de una implantación escasa, incluso marginal, sino también altamente dependiente de un puñado de países aliados. El 90% de las hectáreas con OGM se concentra en tan sólo 5 países: Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. A pesar de los cuantiosos esfuerzos del sector agrobiotecnológico, más de 160 países en el mundo se mantienen libres de transgénicos y de los 28 que los cultivaron en 2014, 19 representaban menos del 1% del total de superficie cultivada.

En este escenario mundial de recelo frente a los transgénicos, cuando no de confrontación, llama la atención la decepción que ha supuesto para la agroindustria la postura de la Unión Europea a lo largo de estas décadas. Sus cultivos transgénicos representan menos del 1% total mundial sembrado en 2014 y sus 79 autorizaciones de OGM con destino alimentario quedan muy lejos de las 172 aprobadas por Estados Unidos. En palabras de la Fundación Antama, organización pro-transgénica con importante presencia de la industria en sus cargos internos: “Europa se ha aislado en la apuesta por la tecnología agraria”. De hecho, la tensa relación llegó incluso a los tribunales en 2003. La moratoria de facto que vivió la Unión Europea contra el cultivo de nuevos alimentos OGM fue contestada con una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a instancias de países como Estados Unidos, Canadá y Argentina, países que sí han cumplido con creces las expectativas del sector biotecnológico. Tras recibir el correspondiente toque de atención por parte de la OMC, la Comisión Europea ha sido el órgano que ha aprobado la práctica totalidad de los nuevos transgénicos autorizados, a la vez que ha abierto la puerta a que sean los Estados miembros los que individualmente decidan si permiten o prohíben los transgénicos a cambio de no bloquear las decisiones de otros países ni su comercialización a nivel europeo. Este desmantelamiento de una política europea común frente a los transgénicos ha dejado entrever la distancia existente entre los pasos dados por la Comisión Europea y los intereses de la mayor parte de los países miembros. De los 22 países que no cultivan OGM, Alemania, Francia, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Bulgaria han formalizado la prohibición de su cultivo, mientras que de los seis países que producen sólo España presenta extensiones considerables.

A pesar de los guiños ofrecidos por la Comisión Europea y de tener bien controlada a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la apertura de los mercados europeos a los OGM sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para el sector transgénico. Más allá de conseguir que la Unión Europea se sume a la locomotora de producción de OGM, los esfuerzos se están destinando a que al menos su regulación no suponga una barrera de entrada a la importación de variedades no autorizadas. Su mercado depende de ello. Como apunta la Revista El Ecologista en su nº 84, no es casualidad que tras la introducción en 1995 de variedades transgénicas en suelo estadounidense, las importaciones europeas de maíz y soja desde este país cayeran en picado. De ahí que la lucha por la desregulación comercial europea sea la clave. Y en esa lucha, el proceso de negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos es visto como una ventana de oportunidad que permitirá acabar con esas molestas regulaciones que se han mantenido precariamente en el viejo continente.

Durante mucho tiempo, los negociadores europeos del TTIP han negado que el tema de los transgénicos estuviera encima de la mesa, sin embargo, los documentos filtrados y los precedentes de otros acuerdos regionales de libre comercio apuntan a un claro interés por resquebrajar el sistema regulatorio europeo en esta materia. La armonización normativa que busca el TTIP supone una desregulación hacia el mínimo común denominador: las normas menos restrictivas serán las que se apliquen puesto que lo contrario se entendería como una discriminación a las importaciones, al ir en contra de los principios del libre comercio que pretende defender dicho acuerdo. Para hacernos una idea del nivel de desprotección que supondrá aceptar el sistema de regulación estadounidense basta con nombrar su principio de equivalencia sustancial por el que se concluye que no existen diferencias significativas entre los alimentos convencionales y los transgénicos por lo que éstos últimos no requieren de un proceso de autorización específico ni de un etiquetado especial. En todo este tijeretazo normativo podemos imaginar dónde quedará el ya de por sí frecuentemente olvidado principio de precaución. Aún hay más: todo este proceso no acabaría con la firma del acuerdo, puesto que éste prevé un proceso de revisión permanente de la legislación europea para que las partes interesadas (léase, los grandes lobbies comerciales) puedan recomendar cambios en el futuro y de existir resquemores estos siempre podrían ser resueltos en el anunciado Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados donde las grandes empresas podrán disparar contra aquellas medidas que incidan en lo que ellas llaman pérdidas del negocio esperado.

Todo parece indicar que se anda preparando el asalto perfecto. En los 20 años de resistencia europea a los transgénicos la ciudadanía ha visto cómo para conseguir sus fines el sector agroindustrial ha hecho uso incansable de medidas como puertas giratorias, confusión mediática, presiones políticas, decisiones tomadas en órganos alejados de la voluntad popular o resoluciones de tribunales comerciales. Ahora pretende intentarlo de nuevo, dando el salto desde el trampolín del TTIP, que es un poco la suma de todas las anteriores.