Sin embargo, el drama que viven las personas refugiadas se encontraba ahí mucho antes de que lo viéramos en las pantallas: conflictos olvidados y realidades silenciadas han empujado (y siguen haciéndolo) a personas de muy diferentes procedencias en el mundo a buscar la protección a la que tienen derecho en terceros países.

Los medios de comunicación, muchas veces orientados a describir la crisis humanitaria en términos de avalancha, otras veces enfocados a describir casos individuales de “víctimas” o “héroes”, muchas veces fallan en ayudarnos a entender la diversidad dentro las personas percibidas y transmitidas como “masa”, y de las diferentes realidades de las personas que huyen de amenazas también cada vez más diversas. Por eso hoy me gustaría abordar la realidad de las personas LGTB demandantes de asilo.

La persecución a las personas LGTB en el mundo y su derecho a la protección internacional

En muchas partes del mundo hay personas que son víctimas de la persecución y la violencia simplemente por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género: según el informe de CEAR El camino hacia una vida digna, al menos 76 países mantienen leyes de criminalización y hostigamiento contra personas con motivo de su orientación sexual e identidad de género, incluidas las que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos.

Esta violencia hacia la comunidad LGTB no sólo se produce en contextos de violencia generalizada o conflicto armado: en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de 594 asesinatos de personas LGTB entre enero de 2013 y marzo 2014 motivados por prejuicios en los 25 estados miembros de la Organización de Estados Americanos. De acuerdo con el Observatorio sobre el Asesinato de Personas Trans, que está coordinado por el grupo de derechos LGTB Transgender Europe, más de 1.700 personas transexuales han sido asesinadas en 62 países entre 2008 y 2014, lo que es equivalente a un asesinato cada dos días

En teoría, las personas que huyen de sus países de origen por estas causas deben siempre tener acceso a protección internacional como refugiadas, o ser consideradas como beneficiarias de otras formas de protección complementaria en los países de asilo. El Articulo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre estipula que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Aunque no existe en este artículo una mención explicita a la orientación sexual o identidad de género, la posterior legislación internacional en materia de protección sí se ha hecho eco en diversos textos legales de la necesidad de contemplar soluciones concretas a amenazas específicas a la seguridad e integridad de las personas LGTB. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de la creciente sensibilidad en esta materia por parte de ciertos países que conceden asilo y del creciente número de medidas internacionales y nacionales contra la discriminación de las personas LGTB solicitantes de asilo, existen aún graves deficiencias y disparidades que vulneran su derecho la protección internacional.

ACNUR estima en 42 el número de Estados que han concedido asilo a personas con temores fundados de ser perseguidos por su identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en 2015 considera que “los Estados de acogida no siempre cumplen las leyes internacionales” en cuanto a la protección de las personas LGTB. En muchas ocasiones, la política de concesión de asilo se basa casi en exclusiva en el papel desempeñado por funcionarios encargados de la valoración de casos, que pueden realizar su labor de forma arbitraria o desigual. Esta situación muchas veces perjudica a las personas LGTB solicitantes de asilo, tal y como sostiene el informe Fleeing homofobia, publicado por la organización holandesa COC. La investigación concluye que las personas LGTB que buscan protección internacional se ven afectadas negativamente por el Acuerdo de Dublín, según el cual solo un estado revisa las solicitudes de asilo: entre los países europeos existe una gran diferencia en cuanto a la legislación sobre los derechos de las personas LGTB. Existe además una gran variedad en los procedimientos aplicados para examinar las solicitudes de asilo, y muchas veces las autoridades encargadas de realizar esta labor desarrollan su cometido en base a estereotipos y prejuicios a la hora de examinar las solicitudes de personas LGTB. La organización concluye que, en muchas ocasiones, el carácter fundamental de los más esenciales derechos humanos de las personas LGTB es a menudo anulado.

Una de las argumentaciones más habituales empleadas a la hora de denegar solicitudes de asilo a personas LGTB es la idea de que pueden volver a sus países de origen “porque pueden evitar la persecución escondiendo su identidad” o mudándose a otra región donde nadie conozca su identidad sexual. Otras prácticas disuasorias empleadas para evitar la concesión de protección internacional a personas LGTB es la realización de interrogatorios intrusivos y pruebas médicas supuestamente diseñadas para revelar la orientación sexual del solicitante. Uno de los casos mediáticos más relevantes en este sentido fue el protagonizado por Aderonke Apata, una activista lesbiana de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que huyó de su país, Nigeria, para solicitar asilo en Reino Unido. Al igual que le sucede a muchas personas LGTB, Aderonke vio cuestionada su orientación sexual con argumentos tan peregrinos como que “no podía ser lesbiana porque había tenido hijos”. Afortunadamente, una resolución del 2 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a los Estados que abandonaran estas prácticas intrusivas.

Las personas LGTB que finalmente acceden a protección internacional en países de acogida, muchas veces están lejos de dejar de sufrir la persecución y la violencia. En ocasiones, siguen siendo víctimas de la discriminación en los centros de detención, albergues, o en reasentamientos en comunidades que no les ofrecen la seguridad que buscaban cuando huyeron de sus países, debido a que sufren el acoso de la comunidad receptora, y también de la de pertenencia. Otras veces, son las administraciones públicas las que no previenen la discriminación por motivos de orientación o género en las alternativas habitacionales que ofrecen a refugiadas/os. Casos como los acaecidos en Holanda y el Reino Unido demuestran que el acoso y el abuso que sufren las personas LGTB solicitantes de asilo en centros de detención, albergues y otras medidas de alojamiento es una realidad que hay que considerar a la hora de garantizar la protección que estas personas necesitan.

Afortunadamente, existe una creciente preocupación por parte de la sociedad civil y las administraciones públicas por hacer frente a la necesidad de personas que son doblemente perseguidas. Existen cada vez más recursos específicos para las personas LGTB solicitantes de asilo, entre los que cabe destacar los siguientes:

• Guía para refugiad@s queer de la organización alemana LSVD: esta web contiene información legal en cuanto al proceso de solicitud de asilo, adaptada a las necesidades y casos que sufren las personas LGTB que buscan refugio en Alemania.
• Stronger together: una guía práctica destinada a solicitantes de asilo LGTB en Estados Unidos.

Aparte de estas publicaciones, me gustaría acabar este artículo destacando que la adopción de medidas de protección internacional sensibles a la diversidad es posible y tiene un impacto real en la vida de personas que son víctimas de la persecución y la violencia en múltiples dimensiones: la apertura de un albergue destinado a refugiados/as LGTB en Berlín constituye el perfecto ejemplo de que es posible adaptar los estándares de protección que podemos ofrecer a las necesidades de seguridad que cada solicitante de asilo pueda necesitar.

Para situarnos, cuando hablamos de Leyes Mordaza nos referimos a la aprobación conjunta del 30 de marzo de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, por la que se reformó el Código Penal, la Ley Orgánica 2/2015, por la que se modificó el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, y la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Un conjunto de Leyes Mordaza

Una de las claves por la que estas reformas han de analizarse de forma conjunta la dio el Consejo General de la Abogacía Española en su comunicado del día siguiente a la aprobación de estas reformas: “El BOE publica la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal con el rechazo de la Abogacía”. En él hacía ver que con estas reformas muchos pequeños delitos han pasado a ser considerados infracciones administrativas en la Ley de Seguridad Ciudadana, implicando esto sanciones mucho más elevadas y del mismo importe con independencia de la capacidad adquisitiva de la personas sancionada. Además, ahora la policía hace de juez, perdiendo la presunción de inocencia que prevalece en el orden penal. En la Ley de Seguridad Ciudadana “prevalece la presunción de veracidad de los atestados administrativos, de modo que el ciudadano ha perdido garantías a la hora de defenderse”.

Ya antes de la aprobación de estas reformas, el Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación integrada por cerca de 200 personas del ámbito académico y la judicatura, mostró su rechazo a la reforma del Código Penal, haciendo público el manifiesto “No hay derecho. Por un Código Penal para todos”. En él se señalaba que “la reforma penal, en sintonía con la reforma de la ley de seguridad ciudadana, criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos ciudadanos indignados en expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del Bienestar”. Y también hacía referencia a la Ley 2/2015, resultante del Pacto antiterrorista PP-PSOE, manifestando que “además de innecesaria, se difumina el concepto de terrorismo, se criminaliza la libertad de pensamiento, se crean delitos de simple sospecha y se recurre a conductas indeterminadas inaceptables en un Estado de Derecho”.

En realidad, entre los pioneros a la hora de hacer una crítica contundente de forma conjunta a las dos reformas del Código Penal y a la de la Ley de Seguridad Ciudadana, o simplificando, a las Leyes Mordaza, fueron nada menos que cuatro Relatores Especiales de la ONU. Se trató de un comunicado conjunto del 23 de febrero de 2015 de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que destacaba que en la redacción de la reforma del Código Penal “tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”. Asimismo denunciaba que “la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’ son excesivamente amplias e imprecisas”. Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con casos como el de los titiriteros.

Contra colectivos en situación de exclusión social

El segundo aspecto, también ignorado por este pacto, es que la Ley de Seguridad Ciudadana deteriora de forma grave otros muchos derechos, por ejemplo los de colectivos en situación de exclusión social. Ya los señaló la Plataforma del Tercer Sector que aglutina 29.000 entidades en todo el país y entre las que se encuentran Cruz Roja y Cáritas, quedenunciaron al PP de “criminalizar la pobreza” con la ley mordaza.  En su comunicado, mostraron su indignación por las “sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de las personas sin hogar.” Preceptos como el que permite multar a personas sin hogar hasta con 600 euros por dormir en la calle al considerarlo como “deslucimiento” han quedado fuera de la modificación artículos que plantea el pacto entre el PSOE y Ciudadanos.

No es sólo el contenido, sino la forma

El tercer argumento que conduce a la necesidad de la derogación de las Leyes Mordaza en su conjunto alude, no solo a su terrible contenido para los derechos humanos, sino también a las formas autoritarias empleadas para su aprobación, ignorando a toda la oposición en el Congreso, a la sociedad civil -con más de un 80% de la población en contra-, a los expertos de la ONU, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogacía, juristas y catedráticos de derecho penal.

Es indudable que la tramitación de estas reformas han ido de la mano de una fortísima oposición de todo tipo de actores sociales y de instituciones, si bien no podríamos dejar de destacar el rol fundamental que ha tenido la Plataforma ciudadana No Somos Delito, que recientemente hizo pública una Carta abierta al Congreso de los Diputados. Esta plataforma viene promoviendo una enorme cantidad de actos, jornadas y movilizaciones contra estas reformas, contribuyendo de forma muy activa a que se hicieran eco medios de comunicación de todo el mundo. Ejemplo de ello fue el editorial del periódico The New York Times, que denunció que la conocida como Gag Law es más acorde a los tiempos de la dictadura.

Estamos a tiempo de derogarlas

El actual compromiso de retirar tan solo algunos artículos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, plasmado en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, aparte de contradecir el compromiso electoral de derogar esta reforma por parte de la primera de estas dos fuerzas políticas, ignora cómo atentan contra los derechos humanos las reformas del código penal.

Si queremos retomar una senda más democrática en el Estado español es preciso dar un mensaje contundente derogando las Leyes Mordaza de forma inmediata. Las nuevas leyes deberán de impulsarse desde una participación activa y protagonista de la sociedad civil. Será desde el ejercicio de una democracia más directa desde donde la construcción de las nuevas leyes podrán ser más garantistas con los derechos y libertades.

Porque esta cuestión es de enorme gravedad, interesa no marear más la perdiz. Deroguemos de una vez esta imposición de reformas antidemocráticas y pongámonos a trabajar entre todos y todas un nuevo marco normativo que nos permita avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y libertades.

Más sobre Leyes Mordaza en el post ¨Hable sin miedo¨

Una de mis posibles ideas era haber escrito sobre los acuerdos alcanzados en la ansiada Cumbre del Clima en Paris. Tanto las organizaciones y movimientos sociales, como la comunidad científica especializada, han alzado la voz en contra de los mismos y no es de extrañar. Me encantaría denunciar el paripé que presenciamos. Representantes institucionales de todo tipo celebrando que, una vez más, se ha postergado el problema para más adelante. Tampoco se han asumido responsabilidades legales. Por supuesto, se han ignorado las alternativas que propone la sociedad civil, entre ellas la agroecología. Es alucinante su capacidad para, como viene siendo costumbre, transformar una catástrofe en un negocio, mercantilizándolo todo. Menos aún deja de asombrarme como consiguen que buena parte de la sociedad quede convencida de que, el hecho de que asimilen sin rubor la destrucción de miles de tesoros naturales y el sufrimiento de cientos de millones de personas en los próximos años, es todo un triunfo porque “se han puesto de acuerdo” en que “voluntariamente” intentarán solucionarlo en un futuro próximo.

Otra propuesta que se me ocurría y que pegaba con estas fechas era hablar de dorado y purpurina. Eso es, lo habéis pillado, Freixenet. Espero que ya hayáis visto el anuncio, porque por muy hortera que os parezca, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Resulta que Freixenet es una de las grandes empresas de la industria alimentaria que tiene el honor de quedarse con una parte importante de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Comunitaria). En concreto este año ha recibido 2 millones de euros, nada que no se gaste en un buen anuncio navideño. Y es que las subvenciones para la agricultura no se dan a quien vive de la tierra o a quien más lo necesita, no, que insensatez. La lógica de las instituciones europeas es que, ya que el pequeño campesinado va a desaparecer puesto que el futuro está en la producción industrial y la importación a terceros, ni ayudas ni monas, y ya repartimos el dinero entre amiguetes. Freixenet no es la única. Mercadona por ejemplo, fue subvencionada con 2,5 millones, a pesar de tener unos beneficios en 2014 de la friolera de 543 millones; también 4 de las 7 mayores fortunas de Andalucía recibieron su millonada correspondiente, no importa si las tierras que poseen no son cosechadas, tampoco si las personas que contratan reciben un jornal digno o no.

Seguí rebuscando en las noticias recientes y encontré dos que me llamaron la atención. En una, hablaba de que el gasto de estas navidades se iba a incrementar un 5% a consecuencia del aumento de la confianza de la gente en la recuperación económica. En la otra, resulta que 2015 ha sido el año en el que mayor riesgo de pobreza infantil ha habido, un 35,4% de quienes son menores de 16 años según el INE. Parece que, según entidades como UNICEF o SESPAS, uno de los principales inconvenientes que se derivan de esto son los problemas para la salud y discriminación que acarrea la malnutrición que sufren. Para muchas familias resulta realmente complicado cubrir las necesidades nutricionales de sus criaturas en casa, y más en épocas en las que no pueden apoyarse en los comedores escolares, como las próximas vacaciones navideñas. Peor aún, deben recurrir a pedir limosna a organizaciones de caridad para cubrir una necesidad que es un derecho supuestamente garantizado por la constitución, al menos hasta que se aprobó el artículo 135 dichoso. Resulta cuanto menos curioso que haya gente que no pueda cubrir una necesidad básica como es la comida mientras que incrementa el consumo total, y todo apunta a que la causa es la creciente desigualdad.

Hay otro tema que me chifló y del que tenía muchísimas ganas de darle una vuelta. Hace algunos días la revista Pikara publicó un reportaje magnífico. Trataba sobre las estrategias colectivas que utilizan las mujeres en algunas comunidades indígenas guatemaltecas para acabar con la violencia machista. Se basan en el apoyo emocional y el empoderamiento de las víctimas mediante la creación de redes de apoyo mutuo, el aprovechamiento de saberes ancestrales y el reconocimiento de que la violencia es un asunto público y prioritario. Van 52 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a nivel estatal, alrededor del centenar si lo que contamos son feminicidios. Sabemos que un tercio de las mujeres europeas ha sufrido alguna vez en su vida violencia física o sexual, y más de la mitad acoso sexual. Parece que son datos lo suficientemente alarmantes como para que acabar con esta lacra esté en la mente de cualquiera. La violencia machista es la expresión más brutal de una ideología y unos valores que están profundamente arraigados en nuestra sociedad y no se frenará mientras no cambie nuestro sistema de creencias y ordenación social. Por ello, conocer experiencias integrales como las propuestas por estas mujeres me pareció todo un lujo que debería exprimirse al máximo.

En definitiva, para resumir tenemos: decisiones políticas que se juegan el futuro del planeta y de la próxima generación (ya no hablo de próximas en plural, que está al caer); la desaparición o no de la producción campesina en Europa; el uso de recursos públicos para beneficiar intereses privados al puro estilo Rato-2.0; la falta de garantía del derecho universal a una alimentación saludable por parte del Estado; y propuestas colectivas para acabar realmente con la violencia machista. En fin, son ámbitos muy dispares pero al menos no parece que sean tan complejos de entender ni que sólo afecten a minorías. Además de esto, hay un par de cosas que tienen en común.

Dado el grado de interés que se muestra y la simplicidad con la que los tratan, ninguno es una prioridad para los partidos neoliberales ni para los grandes medios de comunicación. No es de extrañar dado que ambos bailan al son de lo que dicen los mercados y trasnacionales. Quien paga manda, así de simple. Hay otra coincidencia. Son los movimientos y las organizaciones sociales quienes han estado durante años denunciando, dando voz, creando espacios de participación y proponiendo alternativas para que asuntos como estos y otros muchos que se centran en las personas y no en el capital, sean abordados.

Así como los árboles no nos dejan ver el bosque a veces, parece que la actualidad política diaria no nos deja visualizar las verdaderas prioridades requeridas como sociedad. Dentro de nada, las elecciones. Y, por muy bien que se dé la cosa, lo cierto es que tres de los cuatro partidos que aspiran a gobernar están del lado del Ibex 35. A nivel institucional, parece que seguirá soplando el viento en contra. No sé qué opinaréis el resto, yo desde luego no pienso dedicarme a llorar en una esquina y esperar otros cuatro años a ver qué pasa. No es tiempo de achantarse, sino de analizar los avances y retos que tenemos por delante como ciudadanía organizada y continuar con la acción. Es momento de recordar que vamos lento porque vamos lejos.

“Como cada Septiembre desde que ella no está
subiré a nuestro valle…si me quieren llevar.
Junto a la casa hundida,-por ella y por tantos más-,
¡le escupiré al pantano!,…y lo haré sin llorar”.

Fragmento de la canción Mermelada de Moras,

La Ronda de Boltaña

El pasado domingo, 1 de noviembre, se produjo un hecho fuera de lo común en televisión. Se emitió un programa en prime time sobre… ¡un pueblo! El espacio no fue otro que el de Salvados, con un programa titulado «Jánovas, el pantano fantasma». El contenido, como viene siendo habitual, tenía una pizquita de caso flagrante, empresas que sólo miran por su interés, un sobre allí y otro allá… Lo único inusual pues, era que el foco estuviese puesto en el medio rural.

Jánovas no es más que uno de tantos pueblos expropiados para la construcción de pantanos. La peculiaridad que radica en su historia y del resto de pueblos del valle es que en su caso la obra nunca tuvo lugar, mientras el desplazamiento de sus gentes sí. Nada menos que 33 años le costó a Iberduero expulsar a toda la comunidad mediante extorsión, engaños y dinamita. Casi otras tres décadas tuvieron que esperar, ya lejos de su tierra y hogares, a que se reconociese que aquella construcción era técnicamente inviable y que podía comenzar el proceso de reversión. Actualmente sólo cinco familias han conseguido recuperar sus propiedades. Eso sí, pagando previamente una cantidad exorbitante por las mismas a la empresa que previamente las destruyó, y comenzando la reconstrucción del pueblo con sus propios ahorros. Durante todo este tiempo, ningún gobierno, democrático o no, socialista o popular, se ha puesto de su lado. Ni qué decir tiene, nadie se ha disculpado.

Salvados se ha convertido en un programa que tiene éxito e impacto en otros medios. Ya es frecuente en los días posteriores, leer artículos o noticas sobre exclusivas presentadas en el mismo. No fue así en este caso. Supongo que el hecho de que hiciese una crítica al lobby energético ayudó a que los medios, financiados por el mismo, se callasen la boca. Sin embargo, me pregunto si la reducida repercusión también fue debida a que el tema no es de gran interés para la mayor parte de la población. Al fin y al cabo,  cualquiera ha escuchado eso de…“oye, que Franco también hizo bien algunas cosas, fíjate en los pantanos”. En nuestro imaginario colectivo permanece la idea de que las presas trajeron riqueza y progreso al reino de España, significaban energía barata y control del agua para mejorar la productividad agraria desarrollando regadíos. Que unas pocas gentes perdieran su hogar, su tierra y sus raíces hace 50 años fue terrible, pero era un mal menor en pos del bien común.

Desde luego si los pantanos eran símbolo de progreso, vaya si progresamos. Aunque no sea tan conocido como el honor de tener en nuestro estado 52 aeropuertos (de los cuales sólo ocho de ellos no son deficitarios). También podemos presumir de, con sus 1.200 grandes presas, tener el mayor número de obras hidráulicas por habitante y kilómetro cuadrado del mundo mundial.  Vaya, que somos un territorio pionero, adelantado a su época, ya que parece que nadie más consigue seguir nuestros pasos a ese ritmo. Es curioso eso sí, que la mayoría de pantanos se construyeran durante las dictaduras de Primo de Rivera primero, y de Franco después, cuando era imposible alzar la voz sin que hubiese consecuencias y no había informes absurdos que cumplimentar para demostrar su  viabilidad.

Hoy, Huesca es la provincia con más pueblos deshabitados del estado, 320. La mayoría abandonados entre 1930 y 1960. No es de extrañar dado que desde mediados del siglo XIX, los Pirineos fueron vistos por el gobierno central sólo como una reserva de factores productivos de donde obtener energía, agua y madera para favorecer el avance de la industrialización. Su población era un daño colateral, simplemente estaba abocada a emigrar a zonas agrarias más rentables o a convertirse en mano de obra en las ciudades.

Sin embargo, el Pirineo Central contenía mucho más que recursos que explotar. Esta región acogía lo que se ha denominado sistema local campesino de montaña.  Un modelo de sociedad que, a pesar de encontrarse en un hábitat hostil, había sabido organizarse durante siglos y demostraba una enorme vitalidad hasta ese momento sin regirse por las normas de la economía de mercado. Se basaba en el pastoreo, la lana, la agricultura diversificada. Se caracterizaba por la dinamización colectiva del territorio,  la tremenda cohesión social, la gestión comunitaria de recursos, o el desarrollo de una cultura y saberes propios que garantizaban el auto abastecimiento de las necesidades básicas de toda la población y hacían su presencia sostenible con el entorno.

Este sistema local campesino, no se desvaneció naturalmente porque fuese anticuado o desequilibrado. Fueron las instituciones y las políticas que éstas aplicaron, las que lo condenaron a desaparecer. Una de las brillantes medidas para el desarrollo fue la de expulsar a la población para construir los famosos pantanos. A quien tenía suerte y era favorable al régimen, se le enviaba a colonizar nuevas tierras en la rivera del Ebro, quien no, emigraba a Cataluña en busca de trabajo en la industria. Ésta no fue la única medida. Se acabó con la Mesta, que regulaba la trashumancia, base del pastoreo tradicional, mientras se privatizaban forzosamente las tierras comunales. También se reforestaron grandes zonas de pasto para la obtención de madera, aunque con ello se aislasen decenas de poblaciones. Por supuesto, los servicios mínimos en sanidad o educación no llegaban, para qué, si la montaña no tenía futuro. La poca población que quedaba pasó de un sistema local basado en el trueque, a entrar en el mercado vendiendo sus pequeñas producciones y artesanías, y fue lentamente asfixiada por la competencia intensificada. Finalmente, la poca valorización social de la población campesina, vista como atrasada, ignorante y falta de ambición, hizo el resto. Así, tras siglos de digna existencia, el sistema local campesino se desmoronó.

Actualmente, los últimos proyectos de pantanos en el Pirineo llevan años paralizados, parece que las hidroeléctricas para eso apuestan por otros territorios del planeta con administraciones más favorables a sus intereses. No obstante, aquí el discurso no ha cambiado, más bien las estrategias. La urbanización de suelos agrarios para construir casas vacías; las macro-infraestructuras para turistas y no para la población; el nuevo invento de las petroleras, el fracking; o las políticas europeas pro-Mercadona y anti-campesinado. Todos son ejemplos de cómo se continúa viendo la naturaleza como una propiedad a explotar al antojo de unos pocos, y a la agricultura tradicional como una actividad subsidiaria condenada a desaparecer.

Este pasado verano en Jánovas, habitantes de la zona y descendientes recogieron comunalmente la primera cosecha después de cuatro largas décadas. Y es que por suerte, hay algo que tampoco cambia, y es la resistencia de las comunidades campesinas a los atropellos a los que se ven sometidas, aquí y en todo el planeta. Es posible que la próxima vez que aparezcan por la tele las volvamos a olvidar al minuto o puede que nos paremos a pensar en porqué no claudican. Ya que, si no es sólo para mantener sus medios de vida, si lo hacen para defender modos de hacer, de pensar y de organizarse alternativos al paradigma dominante, formas que sitúan en el centro la vida, entonces ya no será tan fácil creer que el problema es sólo de unas pocas familias que pierden sus hogares o de un sector que está en decadencia. Quizás, en ese momento, nos demos cuenta que sus problemas y propuestas también nos afectan en primera persona. Puede que entonces, merezca la pena sumarse a esas grandes pequeñas resistencias

Como en la mayoría de los casos, Flor era una periodista local cubriendo noticias de su ciudad y no una corresponsal de guerra. Y es que la gran mayoría de estos crímenes se producen en contextos donde informar sobre corrupción, crimen organizado, derechos humanos o medio ambiente, entre otros temas, te puede costar la vida.

En el asesinato de Flor Alba Núñez Vargas ya está detenido el presunto autor, así que con un poco de suerte su asesinato formará parte de la escueta lista de casos que sí se resuelven, a pesar de que Colombia está entre los diez países que aparecen cada año en el Índice de impunidad que elabora el Comité para la protección de periodistas. Lo acompañan Afganistán, Filipinas, India, Irak, México, Pakistán, Rusia, Somalia y Sri Lanka.

Lo cierto es que más del 90 por ciento de los asesinatos quedan impunes, una cifra que aumenta si se considera que no siempre se da con el autor intelectual, sólo con el material. La impunidad se convierte así en uno de los mayores retos para acabar con la violencia hacia quienes ejercen el periodismo. Pero no es el único. También lo es la falta de voluntad política (a veces, la falta de recursos y capacidades), que ha quedado reflejada en los informes bienales sobre La seguridad de los periodistas y el riesgo de la impunidad que realiza la UNESCO desde el año 2006. Para su elaboración, solicita a los gobiernos información sobre el estado de las investigaciones judiciales de crímenes contra periodistas. Los resultados son desoladores. Hasta la fecha, de los 593 casos sobre los que ha pedido información, sólo ha recibido datos de 211 y de ellos, sólo 39 se han resuelto.

Ante esta realidad y tras años de campaña por parte de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las que integran la red IFEX, la Asamblea General de Naciones Unidas (NU) aprobó en diciembre de 2013 la Resolución 68/163, la primera de su historia sobre este tema. En ella declaró el 2 de noviembre como el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Pero esta resolución dice mucho más. Pide a los Estados que promuevan un entorno seguro para ejercer un periodismo independiente y que prevengan la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Y lo que es importante, pide al Secretario General que informe sobre su aplicación. Pero aquí no acaba todo. En el año 2014, la Asamblea General volvió a aprobar otra resolución similar (A/RES/69/185), en la que también pide a Ban Ki-moon que informe sobre su implementación. De nuevo, los resultados son desoladores. Cuando se pidió a los Gobiernos que enviaran información para elaborar los informes del Secretario General, en ambos casos no respondieron ni 25 de los 193 Estados que conforman NU.

La cosa no queda aquí. También el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre el tema en 2012 y lo volvió a hacer en 2014 (A/HRC/27/5), detallando una propuesta de medidas que los gobiernos pueden poner en marcha para acabar con la violencia contra periodistas y comunicadores. Incluso publicó un informe de buenas prácticas, pero de nuevo no contribuyeron más de 25 países.

Aún hay más. El Consejo de Seguridad acaba de aprobar la Resolución 2222 que pide a los Estados que investiguen los casos en los que los periodistas han sido blanco deliberado de ataque, incumpliendo lo que establece la ley internacional humanitaria. También, una vez más, se le pide al Secretario General que informe regularmente sobre ello.

Y para terminar. Desde el año 2012 la UNESCO coordina la implementación de la primera y única estrategia de NU para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, a cuya ejecución, por cierto, se pueden unir medios de comunicación, organizaciones profesionales, ONGs, etc.

Así que volviendo al principio: ¿Por qué nos debe importar el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas?

Porque es un buen día para para empezar a supervisar lo que hacen (o no hacen) los gobiernos con estas resoluciones y si cumplen (o no) con sus compromisos. Si no informamos, si nos puede el escepticismo, un día será demasiado tarde. No estaremos aquí para contarlo.

A partir del 2004 y tras la publicación por parte de la OIT del A fair globalization. The role of the ILO. Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization (Report 92), la desigualdad pasó a ocupar una posición más central entre las preocupaciones de distintos organismos internacionales. Pero ha sido tras la publicación del libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty que el debate sobre este concepto se ha convertido en tema obligatorio casi en cualquier tertulia, económica o no. Y es que el proceso globalizador, en la forma en que se ha desarrollado, no ha estado exento de disfunciones y entre ellas, el crecimiento de la desigualdad.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, ha pasado a ser un elemento de debate encendido entre partidarios y detractores. Sus partidarios resaltan los efectos positivos sobre la economía y el empleo. Un estudio independiente ‘Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment‘, del Centre for Economic Policy Research de Londres establecía que las mejoras económicas que notaría una familia de cuatro personas rondarían los 545€ al año en ingreso disponible. Las exportaciones europeas crecerían un 6%, teniendo en cuenta que hoy por hoy, diez millones de empleos ya dependen de las exportaciones europeas a EE.UU., se generaría más empleo y mejor remunerado. Al incrementarse la competencia, la teoría económica nos dice que los precios tenderán a bajar, aspecto beneficioso para los consumidores, junto al incremento en las posibilidades de elección. Se estima que la economía crezca entre un 0.2 y 0.5% extra anualmente. Y es que este acuerdo pretende relajar, más si cabe, las restricciones comerciales que existen entre los EE.UU. y la UE, llegando a plantear un proceso de homogeneización de legislaciones actuales y futuras. Aunque no sólo esto, sino que también espera que se produzca un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) a ambos lados del Atlántico. Para ello, establece la creación del conocido, y polémico, ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o tribunal (privado) de resolución de conflictos entre la parte inversora y los estados que reciben la inversión. Por tanto, es necesario preguntarse si este acuerdo, basado en la institucionalización del proceso globalizador, va a tener efectos sobre la desigualdad económica en nuestras sociedades.

A pesar de que el mensaje más repetido (tienen mucho poder los TINA’s) es el que afirma que el comercio mundial y demás componentes de la globalización han reducido la desigualdad, un repaso de la literatura sobre el efecto que tiene la liberalización del comercio y de la IED sobre la desigualdad nos habla de efectos contradictorios. Todo ello consecuencia de las diferencias en cómo se mide la desigualdad, de si se dispone de datos suficientes en cantidad y/o en calidad, así como se realice la estimación, ponderando el peso poblacional y de la forma en que se homogeneizan los datos a una moneda común.

¿Puede incrementar la desigualdad económica la apertura total al comercio?

Antes de responder a la cuestión me gustaría puntualizar que quizás el efecto de esta apertura, en cuanto al TTIP, sea limitado. En este sentido ya existe mucha interconexión entre ambos mercados, aunque en determinados sectores sí que puede ser importante.

Lo que sucede cuando dos mercados entran en contacto es que tienden a especializarse en aquellas producciones en las que tienen ventajas competitivas. Como consecuencia de estas especializaciones se van a producir cierres de ciertas empresas con el consiguiente aumento del paro. Los TINA’s suelen argumentar que este paro es friccional y que tenderá a desaparecer en el medio plazo, pues será absorbido por aquellas industrias con ventajas competitivas. Todo este razonamiento me genera una duda y es, si ese medio plazo no será demasiado largo para una sociedad con un 20% de paro. Seguidamente me planteo si este paro friccional va a recibir una ayuda social (digna) mientras no encuentran trabajo. La duda es mayor pensando en las tendencias actuales en política de empleo mucho más favorable a medidas activas que a pasivas.

En cuanto a la relación entre IED y crecimiento económico es claramente positiva y además, es un factor muy importante en la reducción de la pobreza. Pero, deja muy desprotegidas a las sociedades, pues exigen desregulaciones en aquellos sectores a los que se dirijan, lo que también provoca una mayor exposición a las crisis. Si se quiere captar inversión se va a tener que renunciar al Estado de Bienestar como se conoce hasta ahora. Los inversores van a exigir mayor control de las políticas públicas.

Si entendemos que mucha de la inversión se produce para obtener ventajas en costes, entonces, si queremos obtener un mayor flujo de dinero en nuestro país vamos a tener que hacer lo mismo que en el resto pero más barato. No planteo en ningún momento las ventajas en tecnología pues estamos hablando de dos zonas desarrolladas. En cambio, los capitalistas (los grandes) podrán mover sus inversiones buscando un mayor rendimiento. En conjunto, provocará un aumento de las desigualdades entre capitalistas y asalariados, pero también entre grandes capitalistas y pequeños. En un especial del Equal Times sobre el TTIP se explica el caso de México y los efectos que el NAFTA-TLCAN supuso para los agricultores mexicanos y las maquiladoras. El Gobierno mexicano vio un incentivo para aumentar las inversiones americanas en frontera mantener los salarios bajos. Salarios bajos que no han permitido disminuir, más bien se ha incrementado, la desigualdad en esa zona. Felipe Calderón, ex presidente mexicano arremetió contra los derechos laborales con varias reformas y continuos ataques a los sindicatos y sindicalistas que se opusieron a las reformas.

Es lógico pensar que de la forma en la que se está construyendo el TTIP, los países europeos, con mayor probabilidad los que sufrimos un mayor desempleo, entremos en una competición a la baja en cuanto a derechos e impuestos. Ante lo cual, que el crecimiento económico que pueda provocar este acuerdo, sea redistribuido de manera socialmente justa es francamente improbable. Se pretende sólo proteger a los grandes inversores (con el ISDS), pero ¿dónde quedamos los demás grupos de la sociedad?

A pesar de asegurar desde fuentes políticas que no se permitirá esta competición entre estados no se han establecido mecanismos, al menos no se conocen, para evitarla. Es más, en relación a los sindicatos, protectores de los derechos laborales (constitucionalmente en algunos Estados), se les otorga un papel residual en todo el acuerdo, relegándolos a una especie de ONG. Pero, ¡cuidado! Quitar poder al sindicalismo conlleva rebajas en sueldos (muchas personas única fuente de renta) y, por supuesto, menos derechos.

La inversión provocará una fuerte competencia entre países de la UE, pero no nos olvidemos que dentro de los propios países se van a acentuar las desigualdades entre territorios. La IED no se localiza de forma homogénea en todo el territorio. En España, son La Comunidad de Madrid y Catalunya las principales receptoras. Esta desigualdad entre territorios si se intenta subsanar con una mayor solidaridad interterritorial puede alimentar, más si cabe, los sentimientos nacionalistas de determinadas zonas del Estado.

Todos estos procesos, así como sus consecuencias, no son casualidades divinas sino que proceden de decisiones de quienes nos gobiernan, y por tanto, reversibles. Si deseamos un mundo más igual es posible, con voluntad. La colaboración, y no la competición, entre países es la solución. Establecer medidas fiscales, salarios mínimos iguales junto a demás políticas de empleo para toda la UE, podría frenar la hipotética, pero probable, competición hacia una mayor desigualdad. ¿Se está negociando? Parece que no.

actúan por la vía láctea con prisas de tijeras.

“Lluvia de estrellas” (María Ángeles Maeso)

Las lecturas y relecturas del verano quizás nos han ayudado a alimentar esperanzas mientras contemplábamos como el retrato del mundo cabía en una playa. Recoger las botellas y los plásticos que otros dejan abandonados en la arena es inevitable cuando nos avergonzamos, ante el mar y la naturaleza, de algunos de nuestros congéneres.

Tener un buen libro cerca siempre reconforta. Abrirlo desde el papel o el dispositivo electrónico que lo cobija no marca la diferencia más importante, que es la que depende de hacerlo buscando algún sentido a todo cuanto nos rodea. Existe un “ruido de fondo” de la realidad del que una buena novela no puede prescindir (al menos así señalaba Italo Calvino).

El ruido de fondo forma parte del barro con el que la/el novelista crea su mundo. Lo escuchamos mientras se narra la historia, nos ancla en las relaciones de poder que hacen que la humanidad nunca haya sido del todo feliz. Desde el ejercicio intelectual y emocional que es la escritura, también se puede indagar en las contradicciones del relato del desarrollo.

Detrás de aquella crueldad de poder impenetrable e institucionalizado que lleva a Josef K. en El proceso (1925) a ser arrestado una mañana había una maquinaria que anulaba al individuo. Franz Kafka nos deja escucharlo como ruido de fondo: hay un culpable tras ese malestar, hay una obediencia a las inercias del pasado que nos estrangula. Lo mismo ocurre en La metamorfosis. Gregorio Samsa prefiere renunciar a vivir como humano porque ser persona no es coherente con esa obediencia esclava.

Desde el privilegio que concede la libertad, el novelista puede parodiar el paradigma del tiempo que le toca vivir. Un paradigma que provoca que una se sienta marciana la mayoría de las veces que hace un esfuerzo por ver las noticias en la televisión (no hay excepciones) y reflexiona sobre los valores en los que estamos enmarcando el contexto de cada información.

A inicios del siglo XXI el sentimiento de malestar puede guardar algunos paralelismos con lo que ocurrió en los albores del siglo XX, cuando la modernidad (estética) supuso una quiebra total con lo existente y el mundo literario buscó formas nuevas, intentó reformular los valores. Las novelas de entonces pretendían describir el mundo en su caótica impenetrabilidad, en la imposibilidad de comprenderlo en su totalidad. Occidente parecía haber tomado conciencia, de repente, de la complejidad del mundo (Christine Zschirnt, 2006).

Los escritores/as más reconocidos de la época se apartaron del modelo de relato lineal, de esa estructura lógica y esa demanda de que “ocurran cosas” que tanto vende en el mercado editorial de nuestra época. Robert Musil, Virginia Woolf, Joyce o Proust declararon que ese esquema resultaba inadecuado para describir la complejidad del mundo.

Sigue siendo imposible que la complejidad de nuestro tiempo quepa en novelas masticadas que impiden ejercer el pensamiento y la reflexión más profunda de quiénes somos y cuál es nuestro proyecto como humanidad. En la preocupación de cuantificar si se lee o no se lee se olvida que también es importante contar con políticas públicas que promuevan la bibliodiversidad. No es el mercado por sí solo quien pone en valor las obras literarias más relevantes. Tampoco son las lista de los libros más vendidos las reconocen a la literatura que transforma, sino más bien las que contribuyen a prender las hogueras de antaño. Por eso se necesitan políticas que den valor a la calidad literaria y promuevan lecturas que amplíen nuestra mirada.

Pero si el reconocimiento de la complejidad del mundo es una obviedad, no lo parece tanto que desde la ficción, y su ruido de fondo, sea imposible descorrer el telón a ciertas dinámicas espurias que nos llevan al desastre medioambiental o al incremento de las desigualdades. Es más, poner de manifiesto cuáles son las causas de estas supone nuevas búsquedas que sirven de leitmotiv de esa literatura que recupera el anclaje del autor/a con el tiempo que le toca vivir.

Hace más de cien años, Joseph Conrad exigía para el autor de obras de ficción “muchos actos de fe entre los cuales el primero habría de ser que alimentara una esperanza imperecedera” (Fuera de la literatura, 2009):

Lo que se percibe como yermo sin esperanza de ninguna clase en el pesimismo militante no es más que arrogancia. Es como si el descubrimiento que han hecho muchos hombres en momentos muy distintos de la historia, es decir, que el mal abunda en el mundo, fuese una fuente de alegría orgullosa y malsana entre algunos de los escritores modernos. Esa manera de pensar no es la adecuada si se aspira a abordar con seriedad el arte de la ficción.

Reflejar ese ruido de fondo encadenando letras no siempre es fácil de conseguir, pero lo hemos escuchado en muchas de las novelas contemporáneas. Abunda en las obras de Belen Gopegui o Rafael Chirbes, y en novelas como Freedom (2010), de Jonathan Franzen; Middlesex (2002), de Jeffrey Eugenides o El jardinero fiel (2001), de John Le Carré. También en otras menos conocidas como la Sombra del jaguar, de Rafael Bernardi o Los últimos días del Ché, de Juan Ignacio Siles.

Las grandes novelas –como nos dice Jorge Volpi (Leer la mente, 2011)- no nos reconfortan: nos desafían. No nos alegran la tarde: cambian, literalmente, nuestras vidas”. La humanidad siempre construyó relatos que hablaban de quiénes éramos y del contexto que habitábamos, libros que incluían el ruido de fondo, que nos ayudaban a expresar sentimientos y a ser capaces de imaginar otros mundos. A las lectoras/es les gusta saborear esa realidad que reconocían o deseaban.

Para recuperar la ilusión en un proyecto más inclusivo necesitaremos relatos que amplíen nuestras fronteras no que cerquen nuestras mentes. Conrad escribía que la búsqueda de la felicidad es el único tema que legítimamente le cabe desarrollar al narrador que sea de veras cronista de las vicisitudes del género humano en medio de los peligros que abundan en el reino de la tierra. Y añade: “ (…) se precisa de valentía para adentrarse con calma allí donde cualquier mentecato temerario puede estar ansioso de precipitarse”.

Señalar y culpar, entre otros grupos de población, a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se ha convertido en uno de los medios más efectivos de prevenir a la población de que exija a su clase política combatir la pobreza, la injusticia y la corrupción. La estrategia de culpabilización de la comunidad LGTB como “chivo expiatorio” o “enemigo interior” se ha empleado en lugares tan dispares como Ucrania, Camerún, Irán, Camboya o Jamaica. Pero las raíces socioculturales del odio, si bien tienen muchas características en común, también presentan particularidades dependiendo del lugar del mundo en que se manifiesten.

Los orígenes de la homofobia en África

En el continente africano, la mayoría de los argumentos que se erigen en contra del amor entre personas del mismo sexo se construye alrededor de la idea de ser un fenómeno importado desde Occidente, cuyo objetivo principal sería corromper a las generaciones más jóvenes e imponer su depravado estilo de vida. Esta argumentación, que apela a supuestos sentimientos anticolonialistas, implica que, ya fuese yendo desde Orán hasta Ciudad del Cabo o en periplo desde Dakar a Yibuti, nunca nadie se topó con un homosexual que hubiese nacido en el continente del Sáhara. Lógicamente, la consideración de la homosexualidad como algo ‘no africano’ se basa en presupuestos erróneos. Para encontrar el origen de las leyes ‘anti-sodomía’, aún en vigor en muchos países africanos, hay que retroceder a la producción legal del siglo XIX de los colonizadores británicos y a la fe impuesta por los misioneros que les acompañaron en divina misión civilizadora. Por lo tanto, un enfoque puramente geográfico desprovisto de cualquier tinte ideológico, concluye que lo que es realmente ‘no africano’ es el odio y la homofobia. Por desgracia, los tentáculos moralizadores del Imperio llegaron a otros tantos territorios de ultramar: la sección 377 del Código Penal indio, que prohibía las relaciones carnales en contra del orden natural con hombres, mujeres o animales, es de origen británico, así como la sección 377 del Código Penal malayo y la 140 del Código Penal ugandés.

La institucionalización del odio en Rusia

Separadas por miles de kilómetros, pero muy próximos en sus planteamientos homófobos son las naciones del antiguo ámbito soviético, indecentemente alentadas y lideradas por la Federación Rusa. La historia de la homofobia en Rusia encuentra su primera manifestación institucional en la prohibición de las relaciones sexuales entre hombres – el sexo entre mujeres no se recogía en la ley -, que fue introducida por primera vez en el Código Penal de 1.835 sancionado por el Zar Nicolás I. Tal prohibición se mantuvo durante los regímenes de Stalin y Kruschev y permaneció en vigor hasta el gobierno de Boris Yeltsin, cuando en 1993 intentó acercar las leyes rusas a los estándares del Consejo de Europa. Veinte años más tarde, la aprobación de la controvertida Ley Federal número 135-FZ del 29 de junio de 2013 sobre las enmiendas al artículo 5 de la Ley que regula la protección de los niños de la información nociva para su salud o su desarrollo, pareciera ser un nuevo intento de volver a criminalizarlas. El articulado de la ley no hace mención a las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que se limita a cargar contra todo lo que sean ‘relaciones sexuales no tradicionales’. De manera paralela, la muy influyente Iglesia Ortodoxa, considerada por la mayoría de los rusos como un símbolo de orgullo y unidad nacional, se ha convertido en una de las más férreas defensoras del endurecimiento de la persecución a la comunidad homosexual y a quienes se atreven a defenderla.

Homofobia y religión

Otros de los tradicionales instigadores mundiales de la homofobia institucional han sido casi la totalidad de los países musulmanes. Recordemos que cinco de ellos aplican la pena capital para las relaciones sexuales homosexuales. En marzo de 2012, el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica en su intervención ante la 19 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, al mismo tiempo que se vanagloriaba de la modernidad de la Conferencia al haber elegido a una mujer para presidir su Comisión Permanente de Derechos Humanos y denunciaba la creciente islamofobia internacional, mostraba su más profunda preocupación por la introducción de la orientación sexual e identidad de género en la agenda de trabajo del propio Consejo. Alegaba que estas ‘controvertidas nociones’ no tenían base legal alguna y ponían en riesgo el espíritu fundacional de todo el sistema de las Naciones Unidas.

Por su parte y en pleno epicentro del mundo desarrollado, nos encontramos que prominentes líderes de la Iglesia Evangélica norteamericana han sido especialmente beligerantes actuando en contra de cualquier persona u organización que pidiera respeto e igualdad legal para las personas o uniones homosexuales. Sus giras internacionales les han llevado a lugares tan dispares como Rusia y Uganda donde sus sermones acerca de cómo odiar y atacar de manera efectiva a la comunidad homosexual, junto con las promesas de ayudas económicas, han encontrado su audiencia perfecta .

Al tiempo que una firme mayoría de países apuestan por la aplicación de los derechos humanos sin excepciones, aún persisten naciones empeñadas en discriminar social y legalmente a mujeres y hombres homosexuales y transexuales. De igual modo, en vez de fomentar la idea de comunidad y unión de todos y todas en época de inestabilidad económica, han aprovechado la mayor incertidumbre para cargar contra los colectivos más vulnerables de la sociedad, culpándoles de una situación que ellos mismos no se atreven a mejorar.

Sin duda, habrá días donde nos cubran nubes densas y violentas tormentas, pero de lo que tampoco cabe duda es que también habrá días donde brille el sol.

Fernando López del Prado García

El presente texto es un extracto de la tesina elaborada por el autor bajo el título ‘Bringing the human rights of lesbians, gays and bisexuals to the fore. Is the United Nations ready for a convention on the rights of sexual minorities?’, dentro del marco del Máster en Derechos Humanos en School of Oriental and African Studies, SOAS, de la Universidad de Londres.

Tras él, muchos autores de distintas escuelas de ciencias sociales han utilizado sus premisas para construir lo que se ha denominado “Estudios de gubernamentalidad”. Estos estudios pretender estudiar de manera aplicada las lógicas que están implícitas en las formas de gobierno y la política contemporánea. Así, y pegados a Foucault, una de la lógicas fundamentales del gobierno de nuestras sociedades en el mundo contemporáneo es la lógica de gobierno neoliberal (es importante no confundir esto con la ideología económica neoliberal que, si bien relacionada, hace referencia a otros cosas de las que aquí no hablamos).

Por lógica de gobierno neoliberal me refiero a las formas en que, a partir de los años 60-70, comienzan a gobernarse nuestras sociedades (con los correspondientes cambios en los estados). En la lógica neoliberal la represión directa vía polícia (el disciplinamiento) disminuye siendo esta mucho más difusa y correspondiendo a los propios individuos que se autogobiernan. El mecanismo de autogobierno pasa por la diferenciación, es decir, por la explotación por parte del poder de las diferencias entre individuos y colectivos con el objetivo de categorizar a distintas poblaciones. Así, frente a una lógica de la igualación que por ejemplo aporta el enfoque de derechos (que iguala a todas las personas en cuanto titulares de los mismos) el enfoque neoliberal, a partir de esta lógica de la diferenciación, categoriza a los individuos y aplica políticas distintas a partir de estas categorías.

En la negociación y resultado de los nuevos ODS (aquí el último borrador) hay un claro reflejo de ello. El hincapié que se ha puesto en el principio de “no dejar a nadie atrás” es un buen ejemplo. Para hacer efectivo este principio se ha comenzado definiendo quiénes están atrás. Así, «los pobres y los vulnerables» están en el corazón del problema del desarrollo en los nuevos ODS. A los pobres y los vulnerables es a los que no hay que dejar atrás de los que “no son pobres y vulnerables”. La lógica de la diferenciación trabajando a todo trapo.

El objetivo 1 de la lista es la aplicación práctica de esta lógica. En todas las metas se habla de atender “particularmente a los pobres y vulnerables”. Lo que en la aplicación concreta pasa por “crear marcos de políticas basados en estrategias de desarrollo “pro-pobres” (meta 1.b). Categorizar como pobre o como vulnerable (y construir todo el aparato técnico-burocrático que hace estas categorías políticas operativas) supone aplicar esta lógica de la diferenciación. Y, en la medida en que se pretenda perfeccionar la estrategia «pro-pobre», la aumenta haciéndola más sofisticada.

Frente a la obligación de los estados de realizar los derechos de los que todos los ciudadanos en tanto que ciudadanos son titulares (un enfoque de derechos), la política pública neoliberal se desentiende de esta obligación atendiendo de una manera distinta a distintos grupos que previamente ha categorizado como vulnerables o pobres o con alguna necesidad especial. Ésta es la gubernamentalidad (racionalidad de gobierno) que está implícita en toda la declaración de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El problema no es la bondad o maldad del planteamiento “no dejar a nadie atrás”. El problema es que responde a una lógica que genera ciudadanos de primera (no vulnerables) y de segunda (vulnerable y ante los que el estado actúa de otra manera). Y las intenciones del principio son buenas, pero precisamente ésta es una de las herencias fundamentales de Foucault: la ambigüedad de nuestras intenciones cuando son atravesadas por el poder.

Imagen sociomemes. (http://sociomemes.tumblr.com/)

Hace unos días, tuve la suerte de participar en un debate en el Colegio Vasco de Economistas, con motivo de la presentación del dossier de Economistas sin Fronteras dedicado a “La enseñanza de la economía”. Fue muy interesante intercambiar pareceres con docentes de economía y de empresa, de universidad y de enseñanza secundaria, con teóricos y con profesionales en ejercicio, con profesores y estudiantes. Se han emplazado para seguir debatiendo a la vuelta del verano.

El tema es relevante porque cómo se enseñe la economía moldea y condiciona la mentalidad de las próximas generaciones. El movimiento estudiantil “International Student Initiative for Pluralist Economics” viene denunciando el empobrecimiento progresivo del plan de estudios y exige que el mundo real vuelva a entrar en las aulas y vuelvan el debate y el pluralismo de teorías y métodos.

La ciencia económica, que nació de los filósofos sociales, ha ido evolucionando hacia la matemática, en un intento de ser tan exactos como físicos y químicos. Pero nuestro prestigio científico ha caído por los suelos ante los reiterados fracasos en las predicciones, la ausencia de auténtico debate científico y la notoria carga ideológica dominante. ¿Puede considerarse ciencia una disciplina en la que la falsabilidad de las teorías resulta inútil y conviven visiones encontradas e incompatibles? ¿Qué rigor científico es defendible cuando pueden recibir el premio Nobel, incluso simultáneamente, teóricos que defienden ideas opuestas?

En el campo teórico, la ortodoxia la define la escuela neoclásica, incluyendo a parte de los economistas neokeynesianos. La corriente crítica opuesta más numerosa la componen los postkeynesianos y neoricardianos. Y con importancia numérica mucho menor encontramos a su “izquierda” a los economistas marxistas y a su “derecha”, a los economistas de la escuela austríaca.

Sin embargo, los programas docentes en Economía se restringen, habitualmente, sólo y exclusivamente a la exposición del paradigma neoclásico dominante, haciéndolo además de una manera simplificada. La investigación está mediatizada y limitada desde la ortodoxia.

En esta ortodoxia, las limitaciones matemáticas y econométricas empobrecen el análisis dejando fuera variables decisivas, la ausencia de problemas sociales invalida de raíz la mayor parte de las investigaciones, el irrealismo de los supuestos no impide dogmatizar sobre las consecuencias extraídas a partir de ellos, la famosa cláusula del caeteris paribus justifica las desviaciones que después se observan en la realidad, la endogamia y la prepotencia científicas impiden enriquecerse con las aportaciones de otros enfoques y de otras ciencias sociales, la ausencia de autocrítica esconde una ideología evidente que actúa en defensa del status quo y huye de preocupaciones relacionadas con la desigualdad.

Además, buena parte de los análisis de la realidad económica no se han adaptado al cambio sustancial experimentado por la actividad económica. Hemos pasado de una economía real a una economía financiera, en la que las variables reales se desvanecen, en las que el poder de la información y la comunicación se convierten en variables decisivas. Los equilibrios conocidos resultan inútiles cuando el control de los acreedores sobre los deudores se convierte en el factor decisivo de las relaciones sociales y económicas y la riqueza mundial está concentrada cada vez en menos manos.

Es obligada una revisión que vaya superando modelos basados en equilibrios y en ausencia de aspectos sociales por otros que reconozcan que, al final, solo podemos entender y explicar la economía como un escenario de lucha permanente.

Los mercados reales no responden a la competencia perfecta sino a una competencia imperfecta caracterizada por la lucha por el poder monopolístico. La distribución de la renta es el resultado de una lucha de grupos y clases. El mayor o menor intervencionismo público es una lucha política con un peso esencial de los grupos de interés. Las finanzas responden al enfrentamiento entre acreedores y deudores con un grupo dominante que posee el patrimonio global. El comercio internacional es una lucha en la que se enfrentan unos países entre sí, y donde las grandes empresas y conglomerados financieros imponen sus puntos de vista. El crecimiento del norte se ha realizado siempre a costa del subdesarrollo y la explotación de los recursos del Sur. Es difícil encontrar un problema económico que pueda explicarse sin poner la lucha de intereses en la base del análisis.

Necesitamos, pues, una revisión profunda de qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Debemos incorporar un cambio radical de enfoque que ponga el acento en los desequilibrios más que en el equilibrio, en los aspectos sociales más que en los matemáticos. Es imprescindible romper con el monolitismo y aceptar la existente pluralidad de enfoques, desde el reconocimiento de que todos tienen algo que aportar al mejor conocimiento de la realidad.

Como ciencia social, es preciso que la economía se abra sin miedo a la colaboración con otras ciencias afines, convirtiendo la interdisciplinariedad en la norma. Precisamente porque en el análisis económico la asepsia es prácticamente imposible, es imprescindible la transparencia ideológica, el reconocimiento previo de nuestro punto de partida. La humildad, la consciencia de lo parcial de cualquier perspectiva aislada, nos ayudarán a completar el puzle del conocimiento de la compleja realidad social.

Es necesaria una revisión de incentivos a los docentes e investigadores de forma que se prime el debate, la pluralidad y el espíritu crítico, frente a la actual penalización de la discrepancia. Los economistas puros deben olvidar su actitud despreciativa a los centrados en el ámbito empresarial.

Y debe incorporarse la ética. Un componente esencial de cualquier profesional pero que ha estado ausente en la formación de nuestros economistas. Necesitamos que se conozca y se asuma profundamente un código deontológico como el que algunos Colegios de Economistas han incorporado ya formalmente.

Los economistas no han de formarse como tiburones sin escrúpulos. Porque nuestra ciencia, por definición, es la que pretende estudiar cómo garantizar la satisfacción de las necesidades humanas. Aristóteles distinguía la Economía como ciencia de la recta administración y la Crematística, como  conjunto de ardides y estrategias de adquisición de riquezas. Quizás hemos formado, especialmente en las “escuelas de negocios”, más “crematísticos” que “economistas”.

En esa línea, José Luis Sampedro nos decía que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Creo que solo los segundos merecen ser llamados economistas. Es nuestra responsabilidad formarlos adecuadamente.