Un semestre decisivo para el desarrollo

Por María Eugenia Callejón (Economistas sin Fronteras). En los próximos seis meses van a tener lugar tres eventos mundiales, promovidos por Naciones Unidas, cuyos resultados serán decisivos para nuestro futuro común y el del planeta. El primero de ellos, la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio. El segundo, del 25 al 27 de septiembre, la Cumbre de Naciones Unidas para la Adopción de una Agenda Post-2015 de Desarrollo. Finalmente, del 30 de noviembre al 11 de diciembre tendrá lugar en París la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como Cumbre del Clima o COP21.

Ya es ampliamente reconocido que el actual modelo de desarrollo capitalista no funciona, que está provocando un aumento sin precedentes de las desigualdades, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático. Estas tres cumbres mundiales deberían aportar firmes resoluciones que permitieran revertir las actuales tendencias y encaminar el desarrollo hacia un modelo equitativo y sostenible, basado en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la sostenibilidad medioambiental. Un enorme reto para la tan necesaria gobernanza global.

De estas reuniones al más alto nivel político surgirá la agenda internacional de desarrollo que marcará las prioridades colectivas para los próximos años, comprometiendo a todos los países. Asimismo, deberá definirse de qué manera se financiarán los objetivos de esta agenda, pero también es necesario alcanzar acuerdos sobre «cuestiones sistémicas» con gran impacto en los países en desarrollo, y desarrollados, como son la arquitectura financiera internacional, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad internacional, el comercio y la inversión directa extranjera.

El primero de estos eventos, en el que se tratarán estas cuestiones sistémicas, será la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En estos días, del 15 al 19 de junio, tienen lugar en la sede de Naciones Unidas la tercera y definitiva sesión preparatoria de la conferencia, en la que se negocia a nivel intergubernamental el documento final que se aprobará en Adís Abeba.

Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil han vendo participando en el proceso preparatorio de la conferencia, con el objetivo de influir en las negociaciones y garantizar que se abren nuevos caminos en una serie de cuestiones, como la lucha contra los flujos financieros ilícitos y la cooperación fiscal global. En este sentido, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, integrada por redes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, ha puesto en marcha la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio 2015, coincidiendo con esta ronda final de negociaciones en Naciones Unidas, con el objetivo de presionar a favor de un sistema fiscal internacional más justo. Para ello, la sociedad civil propone la creación de un nuevo órgano fiscal intergubernamental dentro de las Naciones Unidas en el que participen, en igualdad de condiciones, todos los Gobiernos y no solo sean los más ricos –como sucede en la actualidad– los que definan las normas fiscales internacionales. Este nuevo órgano fiscal debería tener un mandato amplio que incluyera las siguientes cuestiones: la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios por parte de empresas transnacionales; los tratados de inversión y acuerdos fiscales; los incentivos fiscales; la tributación de las industrias extractivas; la transparencia sobre los beneficiarios finales; los informes financieros desglosados país por país; y el intercambio automático de información tributaria.

Otras demandas fundamentales de las organizaciones de la sociedad civil para esta Conferencia, según el documento Las negociaciones sobre financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, respaldado por 137 organizaciones, son los siguientes:

En relación con la inversión extranjera directa y otras corrientes internacionales de capitales privados, dado que la regulación de la cuenta de capital es una herramienta política fundamental para todos los países, se propone la eliminación en todos los tratados de comercio e inversión de cualquier obstáculo a estas políticas de regulación. Asimismo, se pide el reconocimiento de los inconvenientes de utilizar instituciones y recursos públicos para apalancar financiación privada para el desarrollo.

En el ámbito del comercio internacional, se demanda una revisión profunda de todos los acuerdos comerciales y tratados de inversión, con el fin de identificar áreas que pudieran limitar la capacidad de los países en desarrollo para evitar y gestionar las crisis, regular los flujos de capital, proteger el derecho al sustento y al trabajo digno, aplicar una tributación justa, brindar servicios públicos esenciales y garantizar el desarrollo sostenible. Por otra parte, se precisa una revisión de los regímenes de derechos de propiedad intelectual que han sido introducidos en los países en desarrollo mediante los tratados de libre comercio, para identificar cualquier impacto adverso sobre la salud pública, el medioambiente y el desarrollo tecnológico, entre otras áreas.

Con respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y otros apoyos públicos internacionales al desarrollo, se propone establecer calendarios vinculantes para cumplir los compromisos de entregar 0,7% del INB en AOD; garantizar que la AOD sea una transferencia genuina, poniendo fin a la ayuda ligada, eliminando los costes asumidos dentro de los países donantes y el alivio de la deuda, entregando la mayor parte en forma de donaciones y reformando los préstamos concesionales (blandos) para que reflejen sus costes reales para los países socios. También se propone implementar un impuesto a las transacciones financieras internacionales y utilizar los ingresos para financiar el desarrollo sostenible.

Por lo que se refiere a la deuda externa, se reafirma la necesidad de acordar un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana en un foro neutral y garantizar que dicho marco sea amplio, se base en un enfoque de necesidades humanas, obligue a acreedores y deudores a rendir cuentas por conductas irresponsables y otorgue a todas las partes el derecho a ser escuchadas. Asimismo, se propone la realización de auditorías de la deuda independientes para examinar las deudas existentes de acuerdo a normas financieras responsables, incluso examinando la legitimidad de la deuda, con compromisos de cancelación de aquellas que se consideren ilegítimas.

En cuanto a temas sistémicos como la reforma de la gobernanza global y del sistema monetario mundial, se propone el establecimiento de un Consejo Mundial de Coordinación Económica en Naciones Unidas que ejerza el liderazgo en temas económicos, y la emisión de 250 mil millones de dólares anualmente en Derechos Especiales de Giro (DEG), cuya mayor parte vaya a los países en desarrollo.

Otros temas importantes que se ponen de relieve en el citado documento son: la necesidad de contemplar otros enfoques para medir el progreso más allá de los indicadores económicos de corto plazo, como el Producto Interior Bruto (PIB), para incluir mediciones del bienestar social y medioambiental; el desarrollo de una iniciativa sobre normas de financiación responsable; la incorporación de las amenazas y oportunidades específicas para los derechos de las mujeres de los distintos mecanismos de financiación del desarrollo; y el impulso en la reforma de la regulación financiera y del sector financiero internacional tal y como se formuló en la olvidada Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2009.

Economistas sin Fronteras

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