“Como Dios manda”John Rawls fue uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX y uno de los autores referentes en el análisis de la teoría de la justica y los problemas de acción pública derivados de la búsqueda de una mayor equidad en las sociedades.
Una de las ideas más sugerentes de Rawls para entender el concepto de la justicia es su provocadora idea sobre “el velo de la ignorancia” una construcción teórica imposible de poner en práctica pero muy ilustrativa de los problemas concernientes a la definición de políticas públicas y la justicia.
Rawls plantea que una sociedad justa no puede definirse bajo alguna forma de presión como pueden ser el miedo o la inseguridad. Con objeto de superar este inconveniente, se propone que en la fase de diseño de políticas los individuos deberían ignorar el papel que ocupan en la sociedad, el grupo al que pertenecen y su situación de partida. Así, desde esta posición se podrán establecer normas realmente equitativas y justas dado que las personas intentarán promover una posición favorable para todos los grupos de la sociedad (dado que éstas no saben a cual grupo pertenecen). A juicio de Rawls, el “velo de la ignorancia” asegura que cada persona debe tener en cuenta la posible situación de cualquier otra; y en tanto esta obligado a considerar todas las posibles situaciones como potencialmente propias, su elección será racional y justa (Rawls, 2006).
Ahora bien, es evidente que en las sociedades actuales tal situación es empíricamente imposible en tanto los representantes públicos ―al igual que el resto de las personas que forman parte de la sociedad― son parte de diversos grupos con diferentes visiones, motivaciones y valores. No obstante, la propuesta de Rawls merece ser concebida como un “ideal” que debería guiar la acción política; es decir, lo deseable es que los representantes públicos diseñen las diferentes políticas en función de criterios de equidad y eficacia sin considerar las diferentes motivaciones e intereses de los grupos de poder que puedan ser cercanos a estos gobernantes.
Esta visión es extremadamente interesante cuando llega el momento de analizar la política pública española de los últimos años y su relación con la (falta de) promoción de los derechos humanos. Una reciente investigación impulsada por la Plataforma 2015 y más sobre la Coherencia de Políticas en función del desarrollo humano en España (que ha abordado tres políticas: diplomacia, energía y promoción de las empresas) ha concluido que, el diseño de políticas públicas españolas en los últimos años parece estar guiado por los intereses privados y particulares de importantes lobbies o grupos de poder. En otras palabras, analizando la evidencia empírica que arrojan estos análisis la conclusión general se orienta a destacar que el interés general y el “bien común” no han sido los elementos prioritarios a la hora de ejecutar las acciones públicas del Gobierno español. Las conclusiones a las que se llega en los tres bloques tienden a converger: las políticas públicas españolas se orientan, principalmente, a la promoción de los intereses de las grandes empresas y la mejora de su posición en el mercado asumiendo que el bien de las principales empresas es directamente proporcional a la mejora del bienestar de la ciudadanía española.
En este contexto, parece existir una gran permeabilidad en la clase política a los intereses de los diversos grupos de poder, aunque cabe destacar que se trata de un fenómeno presente en toda Europa y del que España no es una excepción.
Ahora bien, lo más cuestionable de este proceso no es que existan grupos con intereses particulares (lo cual es muy legítimo) sino que haya un determinado sector de la ciudadanía con capacidad de moldear la política pública española. Este hecho podría cuestionar la legitimidad democrática de las decisiones públicas; en principio, la acción pública debe responder a la búsqueda del bienestar colectivo de la sociedad en tanto este es el mandato que reciben los gobernantes al ser votados. Este mandato democrático puede ser altamente cuestionado si las decisiones que se toman se realizan en función de los intereses particulares de un grupo determinado de actores de la sociedad.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, este hecho es de suma importancia dado que los intereses privados podrían influir en las decisiones políticas que afectan a la equidad, los derechos y las posibilidades de desarrollo de todas las personas. Volviendo a Rawls, que ha dedicado su vida a estudiar la importancia de la justicia como elemento vertebrador de las sociedades humanas, es necesario realizar una profunda revaloración sobre el concepto de “servidor público” dado que éstos tienen una responsabilidad directa en la promoción de los derechos humanos de la ciudadanía y en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad tal como lo planteaba John Rawls.
Natalia Millán Acevedo
Natalia Millán Acevedo es Doctora en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales), investigadora asociada al Instituto Complutense de Estudios Internacionales Universidad Complutense de Madrid e investigadora en la Plataforma 2015 y más. Aquí podéis seguir sus trabajos.