Hable sin miedoA día de hoy pocas personas ponen en cuestión que las Leyes Mordaza vienen a ser una compilación de restricciones al ejercicio de los derechos humanos, si bien hay cuestiones muy relevantes que están pasando desapercibidas y que no pueden dejarse de lado. Si pretendemos volver a una senda más respetuosa con el Estado social y democrático de derecho, el nuevo Gobierno debería derogarlas.
Para situarnos, cuando hablamos de Leyes Mordaza nos referimos a la aprobación conjunta del 30 de marzo de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, por la que se reformó el Código Penal, la Ley Orgánica 2/2015, por la que se modificó el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, y la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Un conjunto de Leyes Mordaza
Una de las claves por la que estas reformas han de analizarse de forma conjunta la dio el Consejo General de la Abogacía Española en su comunicado del día siguiente a la aprobación de estas reformas: “El BOE publica la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal con el rechazo de la Abogacía”. En él hacía ver que con estas reformas muchos pequeños delitos han pasado a ser considerados infracciones administrativas en la Ley de Seguridad Ciudadana, implicando esto sanciones mucho más elevadas y del mismo importe con independencia de la capacidad adquisitiva de la personas sancionada. Además, ahora la policía hace de juez, perdiendo la presunción de inocencia que prevalece en el orden penal. En la Ley de Seguridad Ciudadana “prevalece la presunción de veracidad de los atestados administrativos, de modo que el ciudadano ha perdido garantías a la hora de defenderse”.
Ya antes de la aprobación de estas reformas, el Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación integrada por cerca de 200 personas del ámbito académico y la judicatura, mostró su rechazo a la reforma del Código Penal, haciendo público el manifiesto “No hay derecho. Por un Código Penal para todos”. En él se señalaba que “la reforma penal, en sintonía con la reforma de la ley de seguridad ciudadana, criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos ciudadanos indignados en expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del Bienestar”. Y también hacía referencia a la Ley 2/2015, resultante del Pacto antiterrorista PP-PSOE, manifestando que “además de innecesaria, se difumina el concepto de terrorismo, se criminaliza la libertad de pensamiento, se crean delitos de simple sospecha y se recurre a conductas indeterminadas inaceptables en un Estado de Derecho”.
En realidad, entre los pioneros a la hora de hacer una crítica contundente de forma conjunta a las dos reformas del Código Penal y a la de la Ley de Seguridad Ciudadana, o simplificando, a las Leyes Mordaza, fueron nada menos que cuatro Relatores Especiales de la ONU. Se trató de un comunicado conjunto del 23 de febrero de 2015 de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que destacaba que en la redacción de la reforma del Código Penal “tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”. Asimismo denunciaba que “la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’ son excesivamente amplias e imprecisas”. Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con casos como el de los titiriteros.
Contra colectivos en situación de exclusión social
El segundo aspecto, también ignorado por este pacto, es que la Ley de Seguridad Ciudadana deteriora de forma grave otros muchos derechos, por ejemplo los de colectivos en situación de exclusión social. Ya los señaló la Plataforma del Tercer Sector que aglutina 29.000 entidades en todo el país y entre las que se encuentran Cruz Roja y Cáritas, quedenunciaron al PP de “criminalizar la pobreza” con la ley mordaza. En su comunicado, mostraron su indignación por las “sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de las personas sin hogar.” Preceptos como el que permite multar a personas sin hogar hasta con 600 euros por dormir en la calle al considerarlo como “deslucimiento” han quedado fuera de la modificación artículos que plantea el pacto entre el PSOE y Ciudadanos.
No es sólo el contenido, sino la forma
El tercer argumento que conduce a la necesidad de la derogación de las Leyes Mordaza en su conjunto alude, no solo a su terrible contenido para los derechos humanos, sino también a las formas autoritarias empleadas para su aprobación, ignorando a toda la oposición en el Congreso, a la sociedad civil -con más de un 80% de la población en contra-, a los expertos de la ONU, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogacía, juristas y catedráticos de derecho penal.
Es indudable que la tramitación de estas reformas han ido de la mano de una fortísima oposición de todo tipo de actores sociales y de instituciones, si bien no podríamos dejar de destacar el rol fundamental que ha tenido la Plataforma ciudadana No Somos Delito, que recientemente hizo pública una Carta abierta al Congreso de los Diputados. Esta plataforma viene promoviendo una enorme cantidad de actos, jornadas y movilizaciones contra estas reformas, contribuyendo de forma muy activa a que se hicieran eco medios de comunicación de todo el mundo. Ejemplo de ello fue el editorial del periódico The New York Times, que denunció que la conocida como Gag Law es más acorde a los tiempos de la dictadura.
Estamos a tiempo de derogarlas
El actual compromiso de retirar tan solo algunos artículos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, plasmado en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, aparte de contradecir el compromiso electoral de derogar esta reforma por parte de la primera de estas dos fuerzas políticas, ignora cómo atentan contra los derechos humanos las reformas del código penal.
Si queremos retomar una senda más democrática en el Estado español es preciso dar un mensaje contundente derogando las Leyes Mordaza de forma inmediata. Las nuevas leyes deberán de impulsarse desde una participación activa y protagonista de la sociedad civil. Será desde el ejercicio de una democracia más directa desde donde la construcción de las nuevas leyes podrán ser más garantistas con los derechos y libertades.
Porque esta cuestión es de enorme gravedad, interesa no marear más la perdiz. Deroguemos de una vez esta imposición de reformas antidemocráticas y pongámonos a trabajar entre todos y todas un nuevo marco normativo que nos permita avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y libertades.
